La presión vecinal fuerza el cierre de la planta ilegal de residuos del valle de Fontcalent

Es jueves por la mañana y los vecinos y vecinas de Fontcalent, pedanía del interior de Alicante, han vuelto a manifestarse contra la planta de residuos de obra de construcción que, desde hace casi tres años, está operando sin licencia en este terreno. No es un acto de protesta más. Acaban de enterarse de que el consistorio ha firmado el decreto de cierre de esta escombrera por no presentar la documentación solicitada por Urbanismo para poder otorgar a la empresa que está detrás, Llegando a la Cima SL, la licencia ambiental por obra mayor.

Pero la alegría inicial pronto da paso a la incertidumbre. “Teníamos permiso para manifestarnos hasta las 12 y un minuto después ya había camiones entrando en la planta para dejar residuos”, se lamenta Encarni Navarro, cuya explotación ganadera es la propiedad que queda más próxima a la nave de escombros y que estos días se encuentra llena de polvo y plástico. “Así que, hasta que no vengan a precintar la puerta de entrada, no estaremos contentos”, insiste esta vecina que ha venido denunciando que el vertedero le ha “comido” su valla en el último año “ante la pasividad del Ayuntamiento”.  

Lo cierto es que este vecindario, conocido por el albergar el centro penitenciario, sí tiene motivos para estar satisfecho por todos los logros alcanzados hasta la fecha. En cada manifestación han ido sumando apoyos de todo tipo, desde los sociales representados en una veintena de asociaciones de vecinos, culturales o ecologistas, hasta los políticos, consiguiendo aunar sensibilidades diversas que pasan desde Unidas Podemos a Vox, pasando por el PSPV-PSOE o Compromís, que no han faltado a ninguna cita y han venido elevando a administraciones superiores el caso de Fontcalent.

Sólo así se explica, gracias a la presión e insistencia vecinal, que las irregularidades de esta planta hayan acabado en el Senado y la Comisión Europea. En el primer caso el encargado ha sido el senador de Compromís, Carles Mulet, quien explica a este medio que ha preguntado a la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ) si han adoptado alguna medida para averiguar si este tipo de vertidos ha producido filtraciones de lixiviados o materiales tóxicos que hayan podido contaminar el subsuelo y los acuíferos que aquí existen. La CHJ de momento no le ha contestado y este medio ha tratado sin éxito de conocer su versión. Sí que lo ha hecho el Seprona, reflejando las seis actuaciones que ha realizado en la planta desde enero a septiembre de 2020, desde inspecciones a denuncias.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, registró el pasado 4 de febrero en la comisión de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE) una pregunta sobre Llegando a la Cima SL donde se advertían de los “múltiples incumplimientos” pese a tener tres sanciones de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana. Preguntado al propio Pineda poco antes de que el Ayuntamiento decretara el cierre, señala en declaraciones a este medio que espera que la CE “actúe de inmediato” si considera que se están incumpliendo las directivas relacionadas con los residuos peligrosos, una actuación que pasaría por reclamar responsabilidades a las administraciones competentes “y a la propia empresa”. 

Porque la actuación del órgano europeo que ostenta el poder ejecutivo podría ser determinante en caso de que la empresa opte por negarse a cerrar definitivamente la planta. No sería una situación nueva. En varias ocasiones, recuerdan desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, la mercantil ha roto “los precintos policiales potentes con varias vallas que ordenamos poner” y han entrado para seguir operando, motivo por el cual el consistorio les denunció ante Fiscalía por desobediencia por unos hechos que siguen esperando a que se pronuncie el ministerio fiscal.

Recursos judiciales

Fuentes de Llegando a la Cima consultadas prefieren no hacer declaraciones, por lo que se desconoce qué piensan hacer; no descartándose que opten por la estrategia actual, que pasa por continuar con las puertas abiertas mientras se escudan en acciones judiciales con el objetivo de “demorar en el tiempo” el litigio, aseguran los vecinos. “Van a defender su inversión a toda costa porque está en juego mucho dinero ”, señalan.

A este respecto, Urbanismo reconoce que después de firmar el decreto de cierre no existen más trámites a los que se pueda acoger la empresa y la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental explica que Llegando a la Cima se expondría “a nuevas sanciones” en caso de negarse a cerrar o en caso de cerrar en un primer momento y reabrir tiempo después.

Sin embargo, fuentes de este órgano dependiente de la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica avanzan que, tras resolver negativamente la autorización sectorial de residuos que reclamaba la empresa y sin la cual no se le puede otorgar la licencia ambiental, los gestores de la planta de residuos pueden presentar recurso de alzada e, independientemente de lo que se resuelva, los abogados de la compañía tendrían 60 días para presentar un recurso judicial.

¿Y qué pasa con los restos que quedan en el recinto de la planta si la empresa opta por cesar su actividad? Esta es otra de las preocupaciones de los vecinos que han venido denunciando todo este tiempo con actas notariales y, en consonancia con Ecologistas en Acción de Alicante, que se están vertiendo “gran cantidad de residuos contaminantes y tóxicos” como el amianto. “Deben devolver el espacio a como estaba antes de su llegada”, responden desde la Conselleria, que ha elaborado un plan de restauración ambiental que debería cumplir la empresa.

Por lo tanto, aun quedan incógnitas que despejar para saber qué futuro le espera al valle de Fontcalent. Por lo pronto, el PSPV-PSOE ha emplazado una vez más al equipo de gobierno para que constituya la Comisión para la protección y recuperación del valle de Fontcalent aprobada en la sesión plenaria del 26 de noviembre “y que debió constituirse quince días después”. Una protección que pasa, por un lado, por la declaración de las lagunas de Fontcalent como paraje natural municipal, cuyo trámite final sigue estancado y, por otro, por la puesta en valor ambiental de esta pedanía, asociada a una cárcel y a una planta ilegal en vez de a su naturaleza, como reclaman los vecinos y como van a seguir reclamando en un futuro, avisan.