Igualar por arriba

¿Qué tal tu semana? Espero que haya sido mejor que la de los negociadores del Gobierno, con la ajustada votación este miércoles de los súper decretos ómnibus. Te supongo al tanto del resultado: Junts permitió en el último momento y con su abstención que se aprobaran dos de ellos, después de arañar nuevas medidas al Gobierno. Mientras que el tercero, la importante reforma del subsidio de desempleo que lideraba Yolanda Díaz, fue tumbado por el ‘no’ de Podemos, PP, UPN y Vox.

¿A favor de esta reforma? Todos los demás. No solo PSOE y Sumar. También EH Bildu. También ERC. También el BNG. Todos los partidos de izquierda con representación en el Parlamento, con la única excepción de Podemos. 

Sé que el tema es polémico. Me voy a mojar. Más allá de los enconados debates partidistas, de las estrategias políticas y de los cálculos electorales de cada cual, creo que el rechazo del Parlamento a este decreto es una mala noticia para cientos de miles de personas, de entre las más precarias de nuestra sociedad.

Es malo para 700.000 desempleados de larga duración, que pierden una subida de 900 euros en el primer año de este subsidio. Que podrían mantener parte de la ayuda incluso si empezaban a trabajar. Y que no tenían que esperar un mes extra para poder cobrar.

Es malo para 475.000 personas paradas, menores de 45 años sin cargas familiares, que vuelven a quedar fuera de este subsidio.

Es malo para 200.000 personas eventuales del sector agrario, que también iban a poder acceder a esta protección asistencial por desempleo. Y ahora no.

Es malo para todas las familias trabajadoras con bebés en casa, porque el permiso de lactancia ya no se podrá acumular de forma universal. Hablamos de 28 días en total, que ahora no rigen en todas las empresas.

Es malo para todos los trabajadores sujetos a convenios estatales, en aquellos casos –la gran mayoría– donde el convenio autonómico es más favorable. 

Buena parte de estas medidas –las que afectan al subsidio de desempleo– tal vez se pueden salvar: su entrada en vigor estaba prevista para junio, por lo que aún hay tiempo de reconducir la situación. Ojalá sea así. Pero nada garantiza tampoco que se vaya a lograr un acuerdo pronto. No sería la primera ocasión. 

En la historia reciente del Parlamento español está el terrible ejemplo de lo que pasó con la ley mordaza, que aún sigue en vigor tras varios años del PP en la oposición por la incapacidad del resto de los partidos, que coinciden en lo nefasta que es esta norma, para ponerse de acuerdo en una nueva redacción; enfrentados de forma irresponsable entre lo bueno o lo mejor. O lo ocurrido con la reforma laboral, sobre la que ya no hay nadie que pueda dudar de sus excelentes resultados en el empleo y en la mejora de las condiciones de los trabajadores, pero que solo se salvó de milagro, por la torpeza de un diputado del PP. También entonces había quien creía que cuanto peor mejor.

En junio están convocadas unas elecciones europeas a las que Podemos se presenta en solitario y que en gran medida explican su actual estrategia parlamentaria de oposición por la izquierda al Gobierno de coalición. Unas elecciones que, probablemente, van a complicar los acuerdos aún más.

Pero vayamos al asunto mollar, que sé que es la clave y el verdadero tema en discusión. Ese punto al que Podemos se opone y con el que justifica su ‘no’ a toda la reforma: la base de cotización de las personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años. La reducción paulatina, en varios años, del 125% de lo que cotiza un trabajador que cobra el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 100%.

Hace falta un poquito de historia para explicar el origen de esta cuestión.

Este subsidio de desempleo es una prestación no contributiva. Estas ayudas sirven precisamente para paliar la situación de los parados que agotan su prestación y no tienen ninguna otra opción. Hasta ahora, su cuantía alcanzaba el 80% del IPREM: 480 euros. La reforma subía el subsidio para la mayoría a 570 euros los primeros seis meses, a 550 euros los siguientes seis, y volvía a los 480 a partir del año de prestación. El de mayores 52 años está pensado para proteger especialmente a los trabajadores que son más mayores, y tienen más difícil volver a encontrar un empleo. Este, que queda en 480 euros, se puede alargar mucho más: hasta la edad ordinaria de jubilación –el resto tiene una duración máxima de 30 meses–.

Quien puso en marcha por primera vez que estas personas, además del subsidio. tuvieran una ayuda extra, cara a su pensión, fue Zapatero, en 2007. En aquel momento el salario mínimo estaba en 570 euros al mes. Por lo que incluso con este empujón del 125%, la cotización de estas personas era bajísima (y la pensión también). 

Después llegó la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Por supuesto, recortó estas ayudas, elevó a los 55 años la edad a la que un parado se podía acoger a ellas e hizo lo posible para rebajar al mínimo el dinero empleado en ayudar a estas personas vulnerables. El 125% de cotización por el SMI también se eliminó.

Con el primer gobierno de Pedro Sánchez en solitario, este asunto fue uno de los primeros grandes recortes del PP en política laboral que se revirtió. Fue una medida aprobada por la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tras pactarla con los sindicatos en 2018. La edad para acogerse a este subsidio volvió a bajar a los 52 años y el Gobierno también eliminó el resto de las trabas que había aprobado el PP. La cotización también volvió al porcentaje que había aprobado Zapatero: el 125% del salario mínimo.

Cuando se cerró este acuerdo con los sindicatos, en 2018, el SMI estaba en 736 euros. Cuando entró en vigor, en 2019, el SMI era de solo 900 euros al mes. 

Este viernes, el salario mínimo ha vuelto a subir. Un 5% más: 1.134 euros mensuales en 14 pagas, 15.786 euros brutos anuales. Esto supone que todas las personas que hoy reciben este subsidio por desempleo cotizan lo mismo que un trabajador que cobra 19.732 euros anuales. Y que todos aquellos empleados que cobran menos que este sueldo –1.409 euros brutos al mes en catorce pagas– están generando una pensión inferior, a pesar de estar trabajando.

Algunos números más. En España, alrededor de un tercio de todos los trabajadores, según los datos de la Agencia Tributaria, cobran menos de 19.732 euros al año. Son alrededor de siete millones en total. ¿Es justo que una persona que trabaja por el SMI hasta los 67 años cobre menos pensión que las personas que reciben este subsidio?

Es cierto que esta disfunción entre un trabajador que cobra el SMI y una persona que recibe el subsidio no es algo nuevo. La sobrecotización del 125% ha sido así desde 2007, con la excepción de los años de Rajoy. Pero la situación ahora es otra. No solo por la enorme subida del SMI de estos últimos años, sino también porque ese aumento ha provocado otro efecto: que cada vez haya un porcentaje mayor de trabajadores que estén en el SMI.

En el pasado, la mayoría de los parados mayores de larga duración venían de cotizar –antes de perder su empleo– por más del 125% del SMI. Ya no es así. 

Hoy ya hay 2,5 millones de personas en España que cobran el salario mínimo. Y lo más importante: por primera vez en nuestra historia, se ha logrado que el SMI sea equivalente al 60% del sueldo medio (como recomienda la Carta Social Europea). Es decir, que no haya tanta diferencia entre quienes cobran los peores salarios y la media de los trabajadores. 

Hay también otro factor. Nunca antes en España se había logrado alcanzar unas cifras de empleo como las actuales: casi 21 millones de cotizantes.

Es cierto, y conviene recordarlo, que la inmensa mayoría de quienes cobran esta pequeña prestación –mientras no se apruebe la reforma, solo 480 euros al mes– no trabajan porque no pueden. No porque no quieran. Pero no es esta la única situación. Algunos errores en el diseño de esta ayuda –hasta ahora, entre otras cuestiones, no se podía compaginar el subsidio con un trabajo– provocaba lo que los expertos llaman “trampas de pobreza”. ¿Un ejemplo? Que una persona mayor tenga que sobrevivir con este subsidio (solo 5.780 euros al año) porque si acepta un trabajo por el SMI (15.786 euros al año) perdería una parte importante de su futura pensión. Y si ese trabajo no dura lo suficiente y vuelve al paro, la pérdida a la que se enfrentaría sería aún mayor. Esto es algo que la nueva reforma corregía, al permitir compaginar el subsidio con un trabajo durante seis meses.

Hay quienes argumentan que, puestos a igualar a los más vulnerables, lo suyo es hacerlo por la parte de arriba, y no por la de abajo. Y en la práctica es lo que se está haciendo. 

Subir el SMI al ritmo que se ha subido en los últimos cinco años es la manera de igualar por arriba. Y si este ritmo de alzas continúa los próximos cuatro años y se agota la legislatura, como pretende el Gobierno, el impacto en las pensiones de quienes cobran este subsidio supondría un crecimiento más lento, es posible que algo inferior a la inflación, pero no un recorte nominal. Tampoco un tijeretazo más dañino que lo que suponen las mejoras en el subsidio.

Un ejemplo muy concreto. Si el decreto hubiera entrado en vigor, las personas que cobrasen este subsidio a partir de junio (a las que ya tienen reconocida la prestación ya no se les toca) pasarían del 125% al 120% de cotización. Con la subida aprobada ayer del SMI, en ese momento cotizarían como si ingresaran 1.587 euros mensuales en doce pagas, frente a los 1.575 por los que cotizaban este tipo de parados en 2023.

¿Puede haber opciones mejores que lo acordado para solventar esta situación? Sin duda, sí. Siempre las hay, más aún en asuntos tan complejos y sujetos a negociación entre distintas partes, con posturas ideológicas tan distintas como las que separan a Nadia Calviño de Yolanda Díaz. Y en las propuestas que hacen los sindicatos –que también lamentaron que el decreto fuera anulado porque lo consideraban “una notable mejora”, como lo definió el secretario general de CCOO, Unai Sordo– hay algunas ideas muy interesantes. Por ejemplo, que el Estado incentive la vuelta al mercado laboral de estos trabajadores, cotizando por ellos lo que falta hasta alcanzar lo que puedan perder de su futura pensión si aceptan un empleo.

En el fondo, este debate es eterno en la izquierda: el conflicto entre lo bueno y lo mejor. Donde en demasiadas ocasiones el resultado es nada de nada: ni una cosa ni la otra. Por eso es un desastre que hoy estemos aquí, porque también había una opción intermedia, alternativa a tumbar el decreto: tramitarlo como proyecto de ley y así poder presentar después enmiendas, pero garantizando al menos las mejoras que ya están y su pronta aplicación. En Sumar aseguran que así lo ofrecieron, y que en Podemos no lo quisieron aceptar. “Esperar al trámite no nos da ninguna garantía”, respondieron por escrito para justificar ese ‘no’.

¿La peor opción de todas? Que no se apruebe ninguna reforma y se queden estos subsidios como están. Porque siendo discutible el tema del 125% de cotización, lo que nadie duda es que el conjunto de este decreto es mucho más beneficioso que perjudicial para cientos de miles de personas, que pagan los platos rotos de la izquierda.

Lo dejo aquí por hoy. Espero haberte ayudado a entender un poco mejor este debate, aunque no compartas mi opinión. Y ojalá se arregle este dislate, los partidos aparquen sus diferencias, piensen en la gente más vulnerable y alcancen un acuerdo que supere esta situación. 

Un abrazo,

Ignacio Escolar