El bloqueo como única respuesta
¿Armas en el Congreso? Ese es un capítulo sobre el que el PP debería reflexionar a fondo. Pero también sobre su papel en la crisis de Ceuta, la ciudad que envenena los sueños del Gobierno. Otra vez, el interés partidista por delante de los Derechos Humanos. Otra vez, las verdades a medias. Otra vez, una encarnizada lucha por el relato, las medias verdades y las mentiras completas. Otra vez el discurso del odio y la violencia. Otra vez la torcida opinión publicada. Y otra vez el bloqueo como única respuesta. En el medio, más de un centenar de muertos de los que ya nadie se acuerda y miles de migrantes que tienen nombre, aunque solo se hable de ellos en cifras que se utilizan como munición política.
Con todos los errores cometidos por el Gobierno de España, que los hubo durante los dos últimos días de julio y buena parte de agosto, no hay explicación que pueda adornar la falta de cooperación entre administraciones para dar solución LEGAL a los miles de marroquíes -menores y mayores-, que mes y medio después de la entrada masiva siguen a la intemperie por las calles y las playas de Ceuta.
Que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya confirmado que secundará junto a Vox la concentración convocada para este sábado por la asociación Sociedad Civil Española, liderada por personajes como Marcos de Quinto o Mayor Oreja “en defensa de la integridad territorial de España y contra la invasión de las ciudades españolas” es la enésima demostración de que lo que verdad importa no es Ceuta, ni los ceutíes, ni los menores, sino tumbar a Sánchez.
La ciudad autónoma, en realidad, es una excusa porque la protesta incluye desde una presunta defensa a jueces y fiscales, a las Fuerzas Armadas, a la Policía y la Guardia Civil y a “todos los funcionarios públicos y medios de comunicación que cumplen con su obligación”. Todo “para que se devuelva la dignidad y la palabra a los españoles y se publique la convocatoria de elecciones generales antes del 15 de noviembre”. No se trata, pues, de defender a Ceuta, sino de agitar la calle y reclamar unos comicios que, por otra parte, el PP lleva pidiendo desde el mismo día en que Sánchez fue investido.
Lo que no detalla Feijóo es cómo resolvería un hipotético gobierno de PP-Vox la crisis: si con la ley o con la fuerza. ¿O es que las comunidades autónomas gobernadas por las derechas abandonarían con Feijóo en La Moncloa la actual resistencia a acoger a los 3.000 menores? ¿El gobierno de Juan Jesús Vivas volvería a la lealtad y la cooperación que ha perdido?
Si hoy aún quedan cerca de 1.000 menores sin protección y asistencia en Ceuta es, además de porque el Gobierno de Sánchez minusvaloró la magnitud de la crisis durante semanas, es porque así lo han decidido los populares con una feroz estrategia de confrontación y bloqueo. Vivas ha hecho de la presión sobre La Moncloa su principal respuesta política a la crisis y convertido cada desencuentro en una batalla política. La inmigración, los retornos, el asilo, la protección de los menores y la cooperación con Marruecos están sometidos a leyes y a acuerdos internacionales, pero requiere sobre todo de un trabajo conjunto entre administraciones.
Ser presidente de Ceuta no consiste en protagonizar el papel de víctima y mucho menos el de marioneta de Feijóo al servicio de los intereses partidistas de Génova, que es el que hoy desempeña Vivas. Repasemos algunos momentos.
Bloqueo de infraestructuras y espacios logísticos: el Gobierno aprobó el Real decreto de declaración de emergencia y la habilitación de espacios en el marco de la designación del Mando Único, pero la relación de inmuebles sufrió una modificación sustancial motivada por los vetos institucionales de la Ciudad Autónoma. Los pabellones y polideportivos municipales fueron eliminados como centros de triaje y de acogida de urgencia. Fue el caso del polideportivo Díaz-Flor, el de Guillermo Molina, el antiguo Hospital Militar, el Acuartelamiento Coronel Fiscer, la antigua Fábrica de Harinas, que fue desestimada de forma definitiva tras la paralización y el veto técnico-político de la administración local una vez iniciados los primeros trabajos.
El choque institucional y la escalada discursiva: a finales de agosto, Juan Jesús Vivas rechazó de plano ceder cualquier instalación deportiva de titularidad municipal. “Tendrán que sacarme de ellos”, “Ceuta ya se ha quedado sin ferias ni parques y no se va a quedar sin polideportivos”, fueron algunas de sus declaraciones altisonantes para acusar al Gobierno central de falta de “lealtad” por incluir estas opciones en los borradores de trabajo.
Exclusión de los núcleos urbanos: el Ejecutivo autonómico exigió que cualquier dispositivo se ubicara estrictamente fuera de la trama residencial y se desplazara así el perímetro fronterizo o el Tarajal para no asumir el menor impacto operativo en el día a día de la ciudad.
El conflicto en la calle y la rectificación del Gobierno central: la difusión de este plan y la agitación política en torno al uso de espacios comunitarios derivaron en manifestaciones y concentraciones vecinales de protesta contra el uso de pabellones en barriadas. Así que para evitar una fractura social mayor y descomprimir la tensión vecinal alimentada por el gobierno local, el mando único estatal que encabeza el ministro Ángel Víctor Torres transigió con la exigencia de retirar los polideportivos del catálogo de espacios de acogida, tras una modificación del Real Decreto que establecía los espacios a utilizar.
Bloqueo al Hospital Militar y el cuartel Fiscer. Dentro del despliegue estatal, se proyectó la utilización de infraestructuras en desuso dependientes o vinculadas al ámbito estatal/militar (como el antiguo Hospital Militar y el acuartelamiento Coronel Fiscer), al contar con edificaciones sólidas, perimetradas y con capacidad para instalar módulos asistenciales sin invadir espacios de ocio vecinal. Pero, la mera inclusión del Hospital Militar y del acuartelamiento en el borrador de contingencia desató de nuevo una fuerte oposición política y social. Tanto, que, a finales de agosto, la propuesta originó concentraciones y marchas de protesta frente a la Delegación del Gobierno y el propio hotel donde se alojaban miembros del dispositivo estatal
La retirada por veto político-social. Ante la falta de respaldo del gobierno de la ciudad y el clima de hostilidad vecinal en torno a las instalaciones militares, el Gobierno de España tuvo que renunciar expresamente al uso del Hospital Militar.
La polémica del puerto. Mediante un acuerdo alcanzado el 13 de agosto entre Vivas y el Gobierno de España, se convino que el puerto constituía la infraestructura prioritaria por amplitud y capacidad de respuesta inmediata para descongestionar el resto de recursos. Iniciados ya los trabajos de adecuación, el 17 de agosto la ciudad autónoma rectificó unilateralmente, amenazó con la ruptura de relaciones institucionales y estableció la infraestructura como una “línea roja innegociable”. Hubo que esperar hasta el 18 de septiembre para que finalmente el recinto fuera usado como campamento para empezar el triaje, a pesar de una denuncia del sindicato policial SUP que pidió que se paralizara la decisión.
Pérdida de recursos en la antigua fábrica de harinas. Habilitada como solución complementaria de alojamiento, el Gobierno comenzó los trabajos de acondicionamiento el 17 de agosto, pero un veto sobrevenido del gobierno de Vivas frenó el proyecto y echó a perder las actuaciones técnicas ya ejecutadas.
Dejación de competencias en seguridad y orden público local. Tras acordarse el traslado de personas a nuevas ubicaciones, el gobierno local asumió el saneamiento del arenal y el despliegue permanente de la Policía Local para evitar reubicaciones, pero tres horas después de culminar el desalojo, el dispositivo local se desentendió de la zona, que volvió a ser ocupada por los migrantes.
Retirada de fondos a la entidad Luna Blanca. A finales de agosto, el gobierno de Vivas suprimió la financiación municipal a la asociación benéfica Luna Blanca, que garantizaba más de 1.000 comidas diarias. Sin mediar explicación y habiendo recibido ya casi 100 millones de euros para asumir cualquier gasto o contingencia.
Abandono del dispositivo escolar en el inicio de curso. Pese a participar de forma testimonial el primer día, al segundo día la ciudad autónoma retiró a la Policía Local de la custodia perimetral de los centros educativos. Así que la negativa municipal obligó a reasignar efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para garantizar el orden en el entorno escolar, desatendiendo de facto sus funciones esenciales de tráfico y seguridad ciudadana en el ámbito urbano.
Gestión y tutela de Menores No Acompañados. Siendo una competencia autonómica exclusiva, la dejación de responsabilidad de mayor calado se ha producido en lo que respecta a la protección de la infancia, pese a contar con cobertura financiera estatal expresa. El gabinete de Vivas se niega a tutelar y trasladar a los menores que ya han sido identificados y filiados en las dependencias estatales de adultos, descargando así la custodia en los dispositivos del Gobierno central. Más de 500 menores se encuentran en instalaciones habilitadas por el Gobierno de España para adulto.
Falta de intervención activa en calle: Menores no tutelados acuden diariamente a puntos de reparto de alimentos estatales (como el de la playa) sin que los servicios sociales de la Ciudad procedan a su filiación ni a su ingreso en centros de acogida infantil. Pese a estimarse entre 500 y 1.000 menores pernoctando en la vía pública, el gobierno local ha llegado a solicitar formalmente a la Policía Nacional que ralentice las nuevas filiaciones bajo el pretexto de falta de plazas. Y este colapso asistencial coexiste con la transferencia extraordinaria de 25 millones de euros aprobada por el Gobierno de España como primera medida de auxilio financiero específica para la atención de estos menores.
¿Por qué no quieren sacar a los menores de la calle?
El Pacto de Asilo europeo establece como imprescindible la figura de representante de los menores para poder llevar a cabo el expediente de un menor. El trabajo no pudo comenzar hasta el 14 de septiembre porque Ceuta se negaba a designar la preceptiva representación, a pesar de que el Gobierno central había decidido asumir el coste de esos representantes.
Traslado de menores a la península. Los menores ya filiados tienen dos futuros inmediatos: la reagrupación familiar o entrar en el sistema de acogida de menores no acompañados. Es el gobierno de Ceuta quien tiene la tutela de los menores y es, por tanto, Vivas quien debe solicitar al Gobierno que, al amparo del artículo 35 de la ley de Extranjería, sean redistribuidos entre las Comunidades autónomas. Y, pese a que Vivas siempre ha sido partidario de ello, ahora rechaza la redistribución.
Y a todo ello la derecha lo llama “Ayudar a Ceuta”. Que cada cual saque sus propias conclusiones, pero la crisis de Ceuta exige soluciones urgentes. Y una administración que necesita al Estado para resolver una emergencia de esta magnitud debería, además de no bloquear respuestas, un mínimo de lealtad y sobre todo no convertir al Estado en el enemigo permanente porque las víctimas de todo ello, además de los migrantes, son sus ciudadanos.