Cuando la realidad irrumpe en la campaña

Reconozco que esta precampaña está siendo mucho más intensa de lo que esperaba. Veníamos de unas semanas en las que la crisis migratoria de Ceuta parecía haberse convertido en el único asunto capaz de acaparar la conversación pública. Un marco que sabemos que alimenta el discurso racista de la extrema derecha y esa idea de una supuesta invasión que nada tiene que ver con la realidad. Porque lo que tenemos delante no es una invasión, sino una crisis migratoria y humanitaria de primer orden que exige respuestas políticas desde la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos. La inmigración no es un problema que haya que resolver, es una realidad social y humana que tenemos que abordar con responsabilidad y dignidad.

Pero sabemos por qué la extrema derecha se siente tan cómoda en ese terreno. Es mucho más fácil señalar al que está abajo, al que llega en busca de una oportunidad, como responsable de los problemas de acceso a la vivienda, de la falta de oportunidades o de la precariedad laboral, que señalar a quienes realmente los provocan, aquellos que precarizan, abusan, explotan y acaparan viviendas para especular con ellas. Desviar la atención de las causas estructurales y enfrentar a quienes comparten problemas es una vieja estrategia que siempre beneficia a los mismos.

El derecho a la vivienda, en el centro

Por eso me parece especialmente positivo que esta precampaña haya girado y que, gracias también al trabajo y a la movilización del Sindicato de Inquilinas, hayamos conseguido colocar en el centro una cuestión que afecta a la vida cotidiana de millones de personas como es la vivienda.

Porque hay cosas que sencillamente no son normales. No es normal que familias tengan que compartir habitaciones en un piso porque no pueden permitirse alquilar una vivienda completa. No es normal que una persona joven, aun teniendo un empleo, no pueda emanciparse. No es normal que haya parejas que no puedan separarse porque no pueden afrontar dos alquileres. Y, sobre todo, no es normal que un derecho constitucional, reconocido como básico, no esté garantizado y se haya convertido en un lujo al alcance de cada vez menos gente.

Escuchando a las derechas, pareciera que vivimos bajo un régimen de intervencionismo estatal extremo en el mercado inmobiliario. Pero la realidad es justo la contraria: hemos dejado que un derecho fundamental quede sometido a las reglas de un mercado que funciona como una máquina de extracción de rentas. La Ley estatal de Vivienda, que conseguimos arrancar al PSOE desde la izquierda transformadora, ha sido insuficiente. Ha servido para poner algunos parches, pero ni ha ido todo lo lejos que necesitábamos ni ha contado con la colaboración de comunidades autónomas como las gobernadas por el Partido Popular, que han hecho de la insumisión y el boicot su política de vivienda.

Intervenir el mercado y frenar la especulación

El problema es mucho más profundo. Es el propio capitalismo el que consigue convertir derechos constitucionales y necesidades básicas en bienes de mercado con los que especular. Y frente a eso no bastan los discursos ni las medidas cosméticas. Necesitamos darle la vuelta como a un calcetín al mercado de la vivienda, intervenirlo, topar los alquileres, movilizar la vivienda vacía, poner límites a la especulación y establecer moratorias a los pisos turísticos en aquellos barrios donde la expulsión de los vecinos se ha convertido en una realidad cotidiana. La vivienda tiene que volver a estar al servicio de quienes la necesitan para vivir, no de quienes la utilizan para enriquecerse.

En este contexto, la convocatoria de una huelga general es mucho más que necesaria. Y conviene desmontar otra de las trampas del discurso de la derecha y es que no es una huelga contra la oposición, como pretenden hacer creer. Es una huelga que interpela a todas las administraciones, independientemente de su color político, y que señala a quienes han mirado hacia otro lado mientras las condiciones materiales de la mayoría social se deterioraban hasta hacer prácticamente imposible vivir dignamente en un país cuya economía, nos dicen, va tan bien.

Porque el crecimiento económico no puede ser un éxito si no llega a la vida de la gente. No podemos conformarnos con que crezcan los beneficios empresariales mientras se disparan los alquileres, se precariza el empleo y cada vez cuesta más llenar la cesta de la compra.

Y esta huelga debería servir también para construir alianzas con otros sectores que están sufriendo las mismas dinámicas. Pienso especialmente en la agricultura. Los mismos fondos de inversión que están acaparando viviendas están poniendo sus ojos en las tierras agrarias y en los recursos hídricos. Si permitimos que la producción de alimentos quede cada vez más concentrada en manos de grandes estructuras financieras, cuyos intereses económicos muchas veces están fuera de nuestro país, estaremos poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria. ¿De qué nos servirá tener alimentos si quienes producen la tierra desaparecen y nuestra alimentación depende de los intereses especulativos de unos pocos? La vivienda y la alimentación son derechos, no oportunidades de negocio para los fondos de inversión.

El accidente de Urda y la responsabilidad política

Y, en medio de este debate, la tragedia del accidente de Urda nos ha golpeado a todos. Creo que la política debe mostrar, especialmente en una precampaña, respeto hacia las víctimas y sus familias. Hay líneas que no deberían cruzarse y la utilización electoral del dolor, esa necropolítica que convierte las tragedias en munición partidista, es una de ellas.

La dimisión del ministro Óscar Puente me parece, en este sentido, un ejercicio de decencia y dignidad política al que no estamos demasiado acostumbrados. Y contrasta enormemente con lo que vimos después de la DANA, un Carlos Mazón que seguía aferrado al cargo, aplaudido por Feijóo y por dirigentes del Partido Popular, entre ellos María Guardiola, que le brindó su respaldo apenas una semana después de una tragedia que costó la vida a 233 personas y en la que la gestión de la emergencia y la ausencia de avisos a tiempo resultaron determinantes. La comparación con la DANA que hemos sufrido este mismo año, de intensidad y características similares, en la que fallecieron tres personas, evidencia la importancia de que los gobiernos actúen con responsabilidad, anticipación y sin negacionismos. La prevención y la coordinación salvan vidas.

El abandono del mantenimiento de infraestructuras

Pero el accidente ferroviario también debería obligarnos a una reflexión que va más allá de las responsabilidades políticas inmediatas. Nos enfrenta a las consecuencias de un modelo de desarrollo que ha priorizado durante décadas las grandes inversiones, las nuevas construcciones y las infraestructuras inaugurables frente al mantenimiento de lo que ya tenemos. Un modelo que parece entender que el progreso consiste en poner primeras piedras, anunciar proyectos y cortar cintas, pero que olvida que las infraestructuras necesitan inversión continuada, conservación y mantenimiento para garantizar su seguridad y su viabilidad.

Es la lógica de un capitalismo que siempre necesita una nueva obra, un nuevo proyecto, una nueva oportunidad de negocio, pero que no encuentra rentabilidad política ni económica en cuidar lo construido. Y cuando las infraestructuras envejecen, cuando el mantenimiento se posterga y cuando las inversiones no responden a las necesidades reales, las consecuencias pueden ser dramáticas.

Un tren digno y accesible para Extremadura

Esta reflexión es especialmente importante para Extremadura. Desde Unidas por Extremadura hemos defendido muchas veces que nuestra tierra no necesitaba únicamente alta velocidad. Necesitaba, y sigue necesitando, un ferrocarril digno, rápido y seguro, sí, pero sobre todo un tren convencional que vertebre el territorio. Que conecte nuestros pueblos con nuestras ciudades, nuestras capitales entre sí y Extremadura con el oeste peninsular. Un tren que no convierta cualquier desplazamiento en una aventura de cinco horas hasta Madrid y que sea accesible para todos los bolsillos. Porque el ferrocarril no puede diseñarse pensando exclusivamente en quienes necesitan llegar cuanto antes a Madrid por motivos profesionales, sino en la mayoría de la población que necesita transporte público para trabajar, estudiar, acudir al médico o sencillamente ejercer su derecho a vivir donde quiera.

La realidad vuelve a irrumpir en esta precampaña para recordarnos que hay debates que no podemos seguir aplazando. La DANA nos mostró las consecuencias del negacionismo climático y de la irresponsabilidad en la gestión de las emergencias. El accidente ferroviario nos obliga a cuestionar un modelo de desarrollo que confunde progreso con grandes inversiones y olvida que mantener lo público también es invertir en futuro y en seguridad.

Y quizá esa sea la cuestión que conecta todos estos debates y es que quién paga las consecuencias de un sistema que convierte las necesidades de la mayoría en oportunidades de negocio para unos pocos. Quienes no pueden pagar un alquiler, quienes trabajan la tierra y ven cómo se concentra la propiedad, quienes viven en pueblos sin transporte digno o quienes dependen de unos servicios públicos cada vez más tensionados.

Frente a quienes quieren que discutamos entre nosotros, que miremos hacia abajo o que nos conformemos con los grandes titulares de crecimiento económico, toca señalar hacia arriba y hablar de derechos, de redistribución de la riqueza, de servicios públicos y de justicia social.

Porque el verdadero debate de esta precampaña no debería ser quién consigue imponer el relato más ruidoso, sino quién está dispuesto a cambiar las cosas para que la gente pueda vivir mejor. Y para eso necesitamos algo más que promesas electorales, necesitamos organización, movilización y valentía política para poner la economía al servicio de la vida.