La propuesta

Tomando como hipótesis de partida que las cotizaciones a la Seguridad Social son salario diferido que, a su vez, se integran en la estructura de costes de las empresas bajo la premisa de su carácter intergeneracional, interterritorial y solidario, dada la evolución de la pirámide poblacional, hay que fomentar medidas que hagan incrementar el número de personas aportadoras al sistema y, analizando la evolución de comportamiento que se está teniendo por parte de las perceptoras de renta no salariales, se hace necesario tomar en consideración actuaciones disruptivas en el marco de las relaciones laborales habida cuenta de la falta de parámetros convergentes con el resto del territorio nacional que ponen en entredicho el actual modelo de cohesión económica y social.

Más allá de que la tasa de paro en Canarias es del 14,57%, mientras que en España es del 12,87% o que la visión cuantitativa de empleo es consecuencia del crecimiento económico, Canarias posee, en efectivos laborales, una divergencia importante respecto a la media española. En términos de costes laborales, mientras que en España el coste laboral por efectivo y mes asciende a 2.754,75 euros, en Canarias es de 2.356,24 euros, lo que genera una divergencia a la baja de 14,46 p.p. respecto al resto del territorio nacional. Esto provoca que paulatinamente, en términos de PIB per cápita, Canarias se aleja de la media nacional, con tasas de crecimiento económico por encima de la media nacional, por lo que se constata que el PIB por sí solo no trae consigo una reducción de la pobreza, necesitando medidas adicionales que mejoren los procesos de creación de renta y su posterior redistribución. Es por ello por lo que hay que continuar con las políticas activas de empleo, de forma que estén en combinación con el resto de las políticas económicas incentivadoras de la inversión sobre la actividad productiva, aunque sería oportuno y eficaz, desde una perspectiva social integral, que la medida expuesta tuviera carácter generalista para la totalidad de la población del Archipiélago. 

Una vez contextualizado el diagnóstico, la medida a tomar debe ser socialmente reconocida. Es decir, cualquier medida que afecte a la generalidad debe ser devuelta en forma de beneficio colectivo. En este caso, se trataría de una exención de hasta un 50% de las cotizaciones a la seguridad social, teniendo en cuenta que esta representa de media un tercio del coste laboral, que sea inversamente proporcional al tiempo de duración de la relación contractual para la totalidad de los empleos radicados en Canarias. Hay que aclarar que la bonificación no se ha de convertir en una “no recaudación”, sino que será correspondida con más y mejor empleo que, a su vez, se convertirán las nuevas personas contratadas en aportadoras al sistema, de forma que la bonificación, pese a estar en porcentajes incrementados, al tener más empleo, se va compensando.

Esta medida estaría contenida en el esquema de reconocimiento de Canarias como Región Ultraperiférica, caracterizada por su lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, de forma que se pueden llevar a cabo acciones específicas justificadas que coadyuven a la corrección de las desigualdades expuestas, mejorando la propia cohesión económica y social. Es solo una propuesta, pero vale la pena dejarla por escrito.