Clavijo, por tercera vez

En las agitadas negociaciones para fraguar un pacto de gobierno en Canarias, en verano de 2019, la candidata de Ciudadanos a la presidencia, Vidina Espino, negó su apoyo a Fernando Clavijo por encontrarse entonces imputado en el caso Grúas. Normas del partido del que pronto se marchó. Los dos votos liberales hubieran sido decisivos para que los tres de la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo se inclinaran hacia el lado conservador y Clavijo pudiera repetir otros cuatro años como presidente. No pudo ser y el expresidente salió disparado para el Senado en representación de la Comunidad Autónoma para conseguir aforarse ante el Tribunal Supremo. Un grupo de empresarios, de los que sueñan con el regreso de Coalición Canaria al poder (vaya usted a saber para qué) le pusieron como abogado al considerado el mejor de España, José Antonio Choclán, que consiguió de una manera triunfal (sin audiencia a las demás partes personadas en Canarias, a las que no dejaron ni siquiera pronunciarse ante el alto tribunal) que el presidente de la Sala Segunda del Supremo, el grancanario Manuel Marchena, exonerara a Fernando Clavijo de cualquier tipo de responsabilidad en aquel asunto.

La cosa funcionaba, y los más acérrimos hooligans iniciaron una voraz campaña de exigencia de disculpas, de dimisiones y de extradiciones forzosas hacia todos aquellos que pudieran tener algo que ver directa o indirectamente con los denunciantes del caso Grúas, con los fiscales, con los periodistas o con los funcionarios y funcionarias que de alguna manera dieron cuerpo y divulgación a aquel caso tan sonado.

El caso Grúas no fue el primero, ni tampoco el último, en el que se puso en entredicho la gestión de Fernando Clavijo durante sus años como concejal y alcalde de La Laguna. El primero fue el conocido como el caso Corredor, un turbio asunto relacionado con la mafia nocturna de la ciudad de La Laguna del que tuvo la fortuna de zafarse gracias a un providencial extravío, el de una parte del sumario, incluidas algunas conversaciones telefónicas grabadas por la Policía en las que, como mínimo, afloraba el modo navajero de hacer política del que luego fue alcalde y, sin solución de continuidad, presidente del Gobierno de Canarias.

Ahora salta de nuevo a la palestra judicial, y consecuentemente mediática, el asunto del caso Reparos, que acaba de ser enviado al Tribunal Supremo por una jueza de La Laguna que se ha tomado su tiempo para analizar un asunto que tiene en su juzgado desde 2018. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, puede alegar nada que tenga que ver con oportunismo o con casualidades, con el hecho evidente de que la causa contra Clavijo haya tomado cuerpo por fin a poco menos de un año de las elecciones autonómicas de 2023 a las que el interesado ya ha anunciado que piensa concurrir como candidato de Coalición Canaria.

El recorrido judicial que tenga a partir de estos momentos el caso Reparos dependerá mucho de la posición de la Fiscalía del Supremo y, una vez más, de Manuel Marchena y la sala que preside. Pero nuevamente es posible que Clavijo llegue de nuevo a un proceso electoral marcado por una imputación penal en la que se le atribuye nada menos que un delito continuado de prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas durante su etapa como alcalde de La Laguna.

También estará sujeto el expresidente de Canarias a la interpretación del reglamento parlamentario relativo a su condición como senador por la Comunidad Autónoma, concretamente sobre el momento en el que habrá de cesar en sus funciones: si cuando se disuelva la Cámara Autonómica que lo designó senador, o si cuando el Parlamento entrante elija al que habría de ser su sucesor. No hay una doctrina fijada al respecto, al menos entre las personas que ha consultado este periódico. De llegar imputado al final de su mandato como senador, perdería su condición de aforado y pasaría a ser investigado y, en su caso, juzgado, por los tribunales ordinarios de Justicia del partido judicial de La Laguna.

Clavijo no ha abierto la boca tras este nuevo acontecimiento judicial. Su última aparición pública fue el pasado martes en una conferencia que le organizó deprisa y corriendo la Cadena Ser para contraprogramar el acto que al día siguiente tenía El Confidencial en el mismo hotel Santa Catalina, de Las Palmas de Gran Canaria. El expresidente pidió al periódico madrileño que lo incluyera en la relación de personas a entrevistar, en la que solo estaba el presidente Torres, y ante la negativa a cambiar el formato del acto, montó en cólera, llamó a la emisora amiga y salió por peteneras. Su conferencia la tituló “Canarias, cada vez más lejos de España y Europa”, el mismo martes que el Consejo de Ministros aprobaba una morterada de millones para las Islas.

Tres años después de que Vidina Espino frustara a Fernando Clavijo su renovación al frente de la presidencia de Canarias por una imputación penal, el expresidente y de nuevo candidato in péctore vuelve a estar en la misma situación. Vidina Espino está ahora en su partido, pero es más que probable que su voto no sirva para nada.