¿Policía o banda facinerosa?

No hace tanto que el PP repetía machaconamente que la Policía estaba funcionando con órdenes emanadas de las alcantarillas del Estado, que las operaciones contra la corrupción que especialmente perjudicaban a ese partido eran en realidad grandes montajes en los que los jefes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran cómplices del poder socialista. Dos años después de hacerse con el Gobierno de España y, por lo tanto, con el teórico control de la Policía, de la Guardia Civil y de las alcantarillas, todavía hay dirigentes populares que insisten en la misma majadería. Pero los acontecimientos, siempre tan imparables, les van quitando la razón: los casos de corrupción que protagonizan cargos públicos del PP se reproducen como hongos, a pesar de los intentos indisimulables del Gobierno por depurar a los agentes y a los mandos que dirigen las investigaciones, y en aquellos espejos donde veían reflejadas la mano negra de algún socialista muestran la imagen de los actuales amos del poder ejerciendo de aprendices de Fouché. Las purgas aplicadas en el Cuerpo Nacional de Policía de Canarias tras la llegada de Soria al Gobierno han conseguido en apariencia el propósito de amedrentar a los agentes que antes se atrevían con profesionalidad a las investigaciones contra la corrupción, pero a su vez han provocado el ascenso de algunos cargos que esperaban su oportunidad para ejecutar exactamente las mismas prácticas que denunciaban de sus antiguos superiores. Así, han ascendido a posiciones impensables en un régimen democrático serio auténticos sátrapas que han convertido la Policía en una organización casi facinerosa al servicio de unos intereses que nada tienen que ver con el servicio público que han de defender. El último ejemplo lo hemos encontrado en la fallida redada contra el timesharing en el Sur de Gran Canaria, donde la UDYCO ha actuado de manera tan sospechosa que ha acabado con algunos de sus mandos imputados por detenciones ilegales y con el archivo de las causas por estafa que teóricamente perseguían.

Redadas en Mogán

Ha habido unas cuantas actuaciones policiales en Gran Canaria que, de no ser por la lejanía de Madrid, ya habrían supuesto una depuración de responsabilidades. La primera de ellas la encontramos en la redada por supuesto tráfico de drogas llevada a cabo en la Cofradía de Pescadores de Mogán. En base a unas pruebas cogidas con alfileres, la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) desplegó un dispositivo cuasi militar, con helicópteros y fuerzas terrestres que al final solo consiguió cuatro piedras de hachís, treinta gramos de cocaína y un escándalo que ensució la imagen de algunos que sólo habían cometido el delito de haber ido a comer alguna vez al restaurante de esa cofradía. Tras la tormenta, la calma permitió conocer que en la causa había algunas tiranteces con agentes de la Guardia Civil que frecuentaban el establecimiento con unas pruebas endebles que nunca más se supo de aquella operación tan espectacular. Meses después, la misma unidad, la UDYCO que dirige uno de los comisarios protegidos y potenciados por la jefa provincial de Policía, se presentó en un complejo turístico –también en Mogán, en este caso en Arguineguín- para levantar por los aires a una organización pretendidamente criminal bajo la sospecha de estafa y fraude. El despliegue se produjo sin una sola pesquisa de investigación, tan solo con una denuncia promovida por una asociación de tiempo compartido de la que es responsable un inspector de Policía en excedencia. Y lo que es más grave: con una entrada y registro en un complejo turístico sin la debida autorización judicial y con la única excusa de una inspección de Trabajo que duró la mitad del tiempo que los ciudadanos estuvieron ilegalmente retenidos. Un atropello de libro, por no calificarlo directamente de delito flagrante cometido por uniformados.

El UDYCO, reportero de la tele noruega

Resulta escandaloso que a veinte trabajadores de un complejo turístico lleno de huéspedes se les retenga desde primera hora de la mañana hasta las seis de la tarde (al jefe de departamento, hasta las nueve de la noche) sin más excusa que una inspección de Trabajo que acabó a las 13.30. Y más escandaloso que la Policía solicitara al juez la orden de entrada y registro seis horas después de haber comenzado a ejecutarla, lo que seguramente hizo tanta gracia a su señoría que denegó la petición con cajas destempladas, acusando al operativo de haberle presentado unos oficios infames de “corta y pega” (literal en el auto del juez). Ahora toca responder por el atropello: ya hay veinte denuncias por detención ilegal presentadas, y es más que probable que se sumen a la acción el resto de afectados, hasta 76. Señalan directamente al responsable del dispositivo, el jefe del Grupo I de la UDYCO, que habrá de prestar declaración ante el juez el próximo 27 de mayo en calidad de imputado, condición que también disfrutarán otros cuatro agentes de ese despliegue. Al inspector Terrero el juez podrá preguntarle muchas cosas, entre otras qué hace su imagen en una televisión noruega mientras entrevista a una presunta víctima de una operación fraudulenta de time sharing utilizando a una periodista de esa cadena como traductora. No pierdan de vista al influyente inspector en excedencia Alberto García, presidente de la asociación que denunció a los ilegalmente detenidos, al que todos los perjudicados achacan la autoría intelectual de esta operación tan sospechosa.

Las cosas de Cañete

Ya tienen en nuestra portada la segunda entrega de nuestro serial sobre la empresa canaria de Arias Cañete, Petrologis, en cuyas dependencias portuarias de La Luz y Las Palmas se produjo un fatal accidente que acabó con la vida de un operario y dejó graves heridas y secuelas a otro. El ex ministro y candidato a europarlamentario y a comisario europeo era el presidente del consejo de administración de Petrologis cuando se produjo el accidente, que como tal, podría considerarse un infortunio aislado si no fuera porque las condiciones de seguridad de ese recinto lleno de depósitos de combustibles eran en aquel entonces un auténtico desastre. Como hemos informado, Cañete se libró de una imputación por homicidio imprudente gracias a que su empresa y las aseguradoras indemnizaron a las víctimas, y gracias a que el Ministerio Fiscal no quiso continuar con la acusación tras retirarse los particulares, aun existiendo la posibilidad de hacerlo ante la evidencia de que delitos pudo haber aunque se resarciera a los afectados. La noticia la dábamos a conocer el mismo día en que se publicaba la vinculación de esa empresa, Petrologis, con una administración pública canaria, el Cabildo de Gran Canaria, a pesar de estar presidida por quien entonces era diputado por Cádiz, condición esa que le impide legalmente contratar con organismos públicos. Hoy les ofrecemos la reacción de Lucas Bravo de Laguna, firmante del contrato con Petrologis, que cree haber desmontado la trama contra Cañete al afirmar que no fue él, sino el ex consejero Óscar Hernández, de Nueva Canarias, quien suscribió el contrato. Olvida que no se atribuía un comportamiento ilegal al exministro por contratar con una administración del PP, sino por contratar con una administración. Pero ya se sabe que a este consejero insular no se le puede pedir mucha templanza en la víspera de un partido de inauguración del Gran Canaria Arena. ¿Hemos dicho inauguración? ¿Saben los Bravo de Laguna que la ley electoral prohíbe esos actos en periodos como el que estamos atravesando? Podrá haber partido, pero no puede haber celebración inaugural, por otra parte ya cumplida con la egregia presencia de Rajoy.