Jorge Rodríguez por Antonio Doreste

La absolución de Jorge Rodríguez a cambio del nombramiento de Antonio Doreste como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). De esa manera resumen de modo gráfico (y perverso) en el foro y en los ambientes políticos canarios los próximos pasos que podrían darse en la justicia canaria para el relevo del que por escasos ocho meses fue presidente del alto tribunal, el tinerfeño José Ramón Navarro, ascendido recientemente a presidente de la Audiencia Nacional. Prima la política porque es de política de lo que estamos hablando. O mejor dicho, de esa clase de política en franco deterioro que se resume en el deseo irrefrenable del Partido Popular por ampliar el poder ejecutivo y legislativo a la tercera pata del Estado y, en consecuencia, por reducir a la mínima expresión cualquier posibilidad de que se imponga el imperio de la ley sobre las consideraciones derivadas del ejercicio puro y duro del poder absoluto. En los vértices del triángulo, tres personas imprescindibles: el acusado por tráfico de influencias Jorge Rodríguez, portavoz de economía del PP en el Parlamento de Canarias; el presidente de la Audiencia Nacional y ponente de la sentencia que habrá de resolver el caso Grupo Europa, José Ramón Navarro Miranda, y el candidato que éste quiere imponer como su sustituto al frente del TSJC, el también tinerfeño Antonio Doreste, en estos momentos magistrado de la Sala de lo Social del mismo alto tribunal. Sobre el tapete, el enroque unánime que han hecho alrededor del mismo candidato los representantes de la oligarquía tinerfeña, que prefieren a un mal presidente pero que sea su mal presidente, que a un desconocido “de Las Palmas” que sea capaz de poner patas arriba el patio político ante los casos que pudieran recalar en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. A su lado, un PP herido de muerte por casos sangrantes de corrupción que también quiere que alguien embride de manera efectiva esa sala destinada solo a aforados. Y, de convidados de piedra, los demás candidatos que, cándidos, han pretendido situarse en buena lid en la parrilla de salida para ese puesto.

La sentencia del caso Grupo Europa

José Ramón Navarro Miranda conoció su nombramiento como nuevo presidente de la Audiencia Nacional mientras presidía una de las maratonianas sesiones del juicio del caso Grupo Europa, en el que se juzgaba el primer caso de corrupción de cierta relevancia en el que aparece implicado un alto cargo del PP canario: nada menos que su portavoz parlamentario de economía y miembro de la dirección regional del partido, Jorge Rodríguez. El nombramiento de Navarro Miranda venía avalado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, su amigo, hombre que el PP ha colocado al frente del órgano de gobierno de los jueces en el momento de mayor precariedad para la independencia judicial, con un ministro, Alberto Ruíz-Gallardón, que lleva hasta extremos mismos de la ruptura constitucional el control del tercer poder del Estado. El nuevo presidente de la Audiencia Nacional se ha labrado una carrera en la magistratura verdaderamente meteórica, y a ello ha contribuido sin duda su buena relación con las fuerzas políticas predominantes, tanto en Canarias como en el Estado. Tras su fugaz paso por la presidencia del TSJC ahora son muchos los que aseguran que fue solo un trampolín para engrosar su palmarés político de cara a este último nombramiento. Como nada parece casual, también se han añadido a la cuestión otros sucesos colaterales, como la composición misma del tribunal, que inicialmente no iba a presidir él sino su antecesor, Antonio Castro Feliciano, caído en una sucesión de recusaciones que acabaron con la formación de un tribunal en el que a Navarro Miranda sólo acompañaron dos jueces de adscripción territorial (JAT), jueces de reciente juramento, sin destino en ningún juzgado, sin experiencia y ante un caso del tamaño de Grupo Europa que directamente les queda enorme. No cabe pensar que en las deliberaciones para la inminente sentencia pueda haber habido uno de los dos JAT capaz de refutar lo más mínimo a todo un flamante presidente de la Audiencia Nacional, de meteórica carrera y de abultados méritos y avales políticos.

Otros cuatro candidatos

El comportamiento de Navarro Miranda al frente del tribunal que juzgó a Jorge Rodríguez y a otros seis acusados, entre ellos funcionarios del Ayuntamiento de Telde y un empresario emigrado a Costa Rica, José Manuel Antón Marín, administrador de Grupo Europa, puede catalogarse de atípico. Fue permisivo con todas las partes, educado, hasta más cortés de lo habitual en la justicia, pero de él llamó poderosamente la atención que concediera un turno de última palabra de casi dos horas de duración al empresario encartado. Nadie en el foro recuerda algo igual. Sin embargo, nada de esto puede hacer sospechar que el presidente del tribunal tuviera decidida la sentencia de antemano. Más cabría pensar que pudiera pesar sobre su voluntad el hecho cierto de que debe su último nombramiento al Partido Popular, y que tiene ante sí el difícil papelón de condenar o absolver a uno de sus altos cargos en Canarias. Justo ahora en que se va a decidir si toma el relevo del TSJC su patrocinado, para lo que es absolutamente necesario el voto de los conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Frente a Antonio Doreste, el candidato que cuenta ahora mismo con mayores posibilidades gracias precisamente a su padrinos, deciden si continúan en el intento los demás candidatos: Salvador Alba (que presume de tener el apoyo de Soria), Ignacio Duce (propuesto por Jueces para la Democracia), César García Otero (presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo) y el magistrado gomero José María Fragoso, que también ha manifestado su deseo de competir por esa plaza.

El PSOE, barriendo para la oligarquía

Es de común aceptación que las grandes decisiones en el reparto de las cuotas en el poder judicial se lo han despachado las últimas décadas el PP y el PSOE, siempre con la misma ventaja, gana el PP. Para los anales de la historia ha pasado el meleguino gesto de la gente de Zapatero de permitir al PP poner de presidente del CGPJ a Carlos Dívar, el famoso magistrado de las semanas caribeñas, así como otros fabulosos robos de meriendas que ha dejado a los socialistas siempre con cara de papafritas. Ocurrió también en este primer reparto del Poder Judicial tras la reforma Gallardón, donde quedaron fuera algunos magistrados a cambio de no se sabe muy bien qué apaño cuyos resultados son cada vez más palpables y más elocuentes. Personajes como Antonio Camacho y el mismísimo Pérez Rubalcaba pasarán a la historia por su clamorosa torpeza en la mesa de juego ante los tahúres consagrados que siempre le presenta el PP. En el caso del relevo en el TSJ canario la cosa pinta igual de patética: los progresistas de Jueces para la Democracia presentan un candidato y el PSOE canario cierra filas con el que propone la oligarquía tinerfeña, Antonio Doreste. Está generalizado que se es antes de Tenerife que de un partido político, un club de fútbol o una agrupación de pulso y púa, y el consejero de Justicia, Francisco Hernández Spínola, no iba a ser una excepción. Amparándose en los deseos de algunos de sus allegados de promover a otro candidato alternativo, los alentó para, en medio de la división progresista, quedarse con el que tiene todos los boletos del sorteo. De libro. Pero no está solo Spínola. Al aplauso de las gestiones de Navarro Miranda, que pasea a Antonio Doreste por todos los despachos madrileños con poder, se han unido otros nada sospechosos de alentar la omertá, como el ex secretario de Estado de Justicia Julio Pérez. Pero puede el poder de la oligarquía tinerfeña, y oponerse a sus designios equivale al ostracismo y a ser señalados como vendidos. Los demás en el PSOE dejan hacer pensando que las gestiones están en buenas manos. Luego vendrán las lamentaciones.

Una sala decisiva

Presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no es cualquier cosa. Desde el punto de vista puramente jurisdiccional, es un puesto de relumbrón del que poder catapultarse a otras instancias superiores si se está en la edad apropiada, como es el caso de casi todos los candidatos que han anunciado que concurrirán al puesto. Además, si se es amigo de los fastos, los reconocimientos y las relaciones sociales, el puesto de presidente de un tribunal superior da brillo, esplendor y un lugar relevante en las precedencias protocolarias. Sólo tiene un pequeño problema, que seguramente para algunos no lo sería nunca: ha de presidir la Sala de lo Civil y Penal, la que ha de entender de los casos en los que se ven involucrados las personas aforadas de la Comunidad Autónoma: además de jueces y fiscales, son aforados en Canarias todos los parlamentarios (60), y el Gobierno en pleno (presidente y consejeros). En estos momentos sólo hay un aforado en situación de imputado ante esa sala, la parlamentaria del PP Águeda Montelongo, encausada en el caso Patronato, el pago con dinero del Patronato de Turismo de Fuerteventura de vacaciones a altos cargos de su mismo partido. El candidato preferido por el PP y por el actual presidente de la Audiencia Nacional, Antonio Doreste, es un claro exponente del juez con vocación política. Fue consejero de Industria del Gobierno de Canarias entre 1988 y 1991, bajo la presidencia de Lorenzo Olarte, con compañeros de viaje como Manuel Fernández, Augusto Menvielle o Luis Hernández. Luego, Coalición Canaria lo hizo presidente del Consejo Consultivo de Canarias entre 2002 y 2005. Ahora quiere volver a optar a un cargo que, revestido del manto de la alta magistratura, en realidad se ha convertido en un destino indiscutiblemente político.