Defender Canarias, ganar el futuro

Ha pasado más de un año desde la histórica movilización del 20 de abril. Aquel día, una marea humana desbordó las islas bajo el lema “Canarias tiene un límite”, reclamando ponerle freno a la deriva depredadora del actual modelo turístico y la apertura de un debate sobre el rumbo político, social y económico del archipiélago. Pasado el año, el gobierno de Canarias sigue sin responder y, en consecuencia, las movilizaciones vuelven a las calles.

Las élites económicas y políticas de Canarias siempre han renunciado a tener un proyecto autónomo para las islas. Mientras que la oligarquía económica sustituyó la gestión del monocultivo colonial por la mala venta del suelo para la construcción masiva y la captura de divisas del turismo europeo, la clase política se limitó, salvando honrosas excepciones, a rendir las instituciones del autogobierno canario a la expoliación, el saqueo y el beneficio económico de una minoría. Regalaron nuestra tierra, nuestras playas e incluso nuestras casas mientras descapitalizaban nuestra educación, nuestra sanidad y nuestros derechos laborales. Todo para la oligarquía y nada para el pueblo. O como lo define el profesor (y buen amigo) Pedro González de Molina: Estado máximo patronal, Estado mínimo social.

El divorcio entre la Canarias oficial y la Canarias real es absoluto. Es cierto que, en perspectiva histórica, la separación no es novedosa. Sin embargo, el 20 de abril cambió la dinámica: el propio pueblo enunció su descontento, se afirmó como sujeto y reclamó un cambio. A las masivas movilizaciones no sólo le siguieron nuevas convocatorias, sino también episodios que merecería la pena poner en valor como la huelga en el sector hostelero durante la Semana Santa. Cambia el estado de ánimo y burbujea la conciencia de un pueblo que pide límites frente a los abusos de los poderosos. Hay una Canarias de futuro que desea nacer, pero el viejo orden de las cosas se resiste.

En su momento dijimos que los límites son un patrimonio democrático del pueblo porque constituyen la protección de la mayoría frente al abuso de las oligarquías. Su reclamación interpeló a amplios sectores del pueblo canario y los movilizó porque ofrecía un diagnóstico compartido sobre lo que ocurría en las islas, dibujando un horizonte común hacia el que avanzar. Ahora que vuelve a llamarse a la movilización, es necesario que reflexionemos sobre cómo ir más allá. Sobre cómo convertir la exigencia democrática de límites en una potencia política transformadora.

Visto que la política tradicional es incapaz de dar respuestas a las demandas de un pueblo que no se siente representado, es el momento de exigir un programa de límites para defender Canarias y ganar el derecho a que podamos hacer nuestro propio futuro. 

Que las demandas que movilizan a la sociedad canaria se hagan programa político. Moratoria turística para frenar la deriva depredadora, ecotasa para que la justicia fiscal repare los daños a la tierra y prohibición del alquiler vacacional en el archipiélago para que las casas sean casas y no hoteles. Territorio, reparación y derecho al hogar. Sentido común para aglutinar mayorías, aderezado con un punto de contundencia para que las élites, atrincheradas en instituciones, patronales, juzgados y algunas editoriales, no nos desvíen del camino. 

Porque estas palancas de transformación no dibujan el final, sino el principio. La apertura de una nueva etapa dónde podamos, democráticamente, formular un rumbo más justo, social y sostenible para nuestro archipiélago. Un nuevo contrato social para Canarias que haga posible un objetivo que es, a la vez, sencillo pero revolucionario: que las canarias y canarios podamos vivir en nuestra tierra.