La vivienda es un derecho, no un lujo

Cada día me llegan historias que ponen nombre y rostro a una tragedia que ya no se puede esconder. Una madre sola con tres hijos a la que le suben el alquiler un 80% de un mes a otro. Una familia que duerme con las maletas hechas, esperando la notificación del juzgado. O un amigo, profesor, que consiguió plaza en Fuerteventura y acabó viviendo en su furgoneta camperizada porque no había ni una sola vivienda digna que pudiera pagar. 

No son casos aislados. Son la consecuencia directa de una emergencia habitacional que lleva años gestándose en Canarias, alimentada por la especulación, la falta de planificación pública y la pasividad de quienes han preferido mirar hacia otro lado. 

Durante demasiado tiempo, se ha permitido que la vivienda se convierta en un bien de lujo. Mientras los fondos buitre compran edificios enteros, expulsan a vecinas de toda la vida y hacen caja con la necesidad, más del 55 % del salario medio en Canarias se va solo en pagar un techo. Al mismo tiempo, 211.000 viviendas permanecen vacías y el parque público apenas alcanza el 0,96 %, el más bajo de toda Europa. 

Esto no es casualidad. Es el resultado de decisiones políticas que han priorizado la rentabilidad sobre el derecho a la vivienda. 27 años de CC en el Gobierno tiene sus consecuencias. 

Nos repiten que no hay soluciones, que todo es complejo, que hay que esperar. Pero sí hay soluciones. Lo que falta es voluntad política para aplicarlas y valentía para enfrentarse a quienes hacen negocio con el sufrimiento de la gente. Porque un tercio de los municipios canarios cumple los requisitos para ser declarados zonas tensionadas según la Ley Estatal de Vivienda. ¿Cuántos han sido declarados? Ninguno. Ni uno solo. 

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto ley 3/2025, con la supuesta intención de “agilizar” la construcción de viviendas. Una vez más, parece que la respuesta a la emergencia habitacional pasa por construir más y más, como si el problema fuera la falta de ladrillos y no la falta de justicia. 

Este decreto pone el foco en acelerar licencias y en abrir la puerta a que promotores privados levanten viviendas “asequibles incentivadas”, pero sin garantías reales de que esas viviendas lo sean. 

En la práctica, se privilegia otra vez al mercado, no al derecho. Se promete agilidad administrativa mientras se sigue sin declarar zonas tensionadas, sin movilizar viviendas vacías, sin obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales y sin reforzar el parque público.

Construir puede ser parte de la solución, pero no servirá de nada si seguimos dejando que el precio de vivir lo decidan los fondos de inversión. De nada sirve levantar más edificios si se quedan fuera del alcance de la mayoría, si acaban siendo viviendas turísticas o segundas residencias, si seguimos alimentando un modelo que pone el ladrillo por encima de la vida. 

Desde Podemos lo decimos con claridad: Canarias necesita una política valiente de vivienda pública y de control del mercado, no más facilidades para los especuladores. 

Necesitamos una inmobiliaria pública canaria que garantice alquileres estables y asequibles. Necesitamos prohibir el uso de la RIC para especular con viviendas. Necesitamos mediación previa antes de cualquier desahucio. Y necesitamos destinar al menos el 1 % del PIB turístico a un gran plan de vivienda pública, porque sin vivienda no hay futuro para nuestra gente. 

Nos dirán que estas medidas son radicales. Pero lo radical es permitir que una familia viva con miedo a perder su casa. Lo radical es dejar vacías miles de viviendas mientras tantas personas no tienen dónde vivir. 

La vivienda vacacional sin control, que ya ha crecido un 80 % en los últimos años, está devorando nuestros barrios, vaciando nuestros pueblos y expulsando a las vecinas de toda la vida. Y cada vez que el Gobierno cede a los intereses de los lobbies turísticos o inmobiliarios, agrava un problema que ya es insostenible. 

Canarias no puede seguir siendo un decorado para turistas ni un tablero de Monopoly para fondos extranjeros. Canarias es hogar, comunidad, familia. 

Y defender ese hogar exige valentía. Exige regular lo que hay que regular y proteger lo que hay que proteger. 

Porque mientras algunos celebran la “agilización urbanística” del Decreto 3/2025, hay gente que ya está haciendo las maletas.  

Y nosotras respondemos: “Que cojan ellos la maleta”