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Televisión Canaria evita in extremis ‘irse a negro’ alquilando a Videoreport sus instalaciones y sus medios técnicos

Tras subrogarse sus 230 trabajadores, RTVC gestionará al menos los próximos seis meses los informativos y el control de emisiones (continuidad) de la televisión pública

A partir de estos momentos se abre un escenario incierto que queda en manos del Parlamento: cambiar el modelo de gestión, adjudicar el concurso que ganó Videoreport en mayo o ir a un nuevo concurso

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Unidad móvil de la Televisión Canaria.

Unidad móvil de la Televisión Canaria. Alejandro Ramos

Televisión Canaria no se irá a negro a las 00.00 horas de este domingo, 1 de julio. Un acuerdo in extremis firmado a las 06:25 horas de este sábado resolvía el menos temporalmente el galimatías en el que se enredó el ente público Radio Televisión Canaria por la gestión del concurso de informativos y control de emisiones (continuidad) en los últimos meses. Finalmente será Videoreport Canarias, la actual concesionaria de esos servicios en conflicto, la que continúe prestándolos, aunque de manera indirecta: tras subrogarse sus 230 trabajadores, RTVC alquila por un precio de momento no publicado las instalaciones de la compañía privada, así como todos sus medios técnicos y materiales, esto es, platós, centros de control, material audiovisual, unidades móviles, etcétera. El contrato tiene una duración de seis meses prorrogables a otros seis.

Los informativos continuarán en manos de Videoreport pero sin Videoreport, consiguiendo así el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ver cumplido al menos formalmente su compromiso de que el medio de comunicación que lidera el eje del mal, Canarias7, principal accionista de la productora, no gestione los informativos y la continuidad de la televisión pública.

Para ello se ha aplicado una pirueta cuya legalidad ponen en duda muchos juristas. Ha sido necesario que el nuevo administrador único, José Carlos Naranjo Sintes, contradijera los informes en materia de contratación de personal para este mismo ente público que él mismo firmaba cuando era consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Sintes, con la autorización del Gobierno, ha convertido en trabajadores públicos a los 230 empleados de Videoreport Canarias, que de este modo se veía liberada de cumplir con los requisitos legales de esos mismos 230 despidos a fecha 30 de junio. La tendencia apunta ahora a que Naranjo Sintes tenga que asumir por la misma vía de una contratación sin libre y pública concurrencia y sin proceso selectivo por capacidad y méritos la de los otros 90 trabajadores de las otras productoras que prestan el servicio de corresponsalía en las islas no capitalinas y en los núcleos alejados de las dos capitales canarias. El efecto contagio se tradujo inmediatamente en una petición cursada por los conductores de ambulancias de empresas privadas contratadas por el Servicio Canario de la Salud, y no hay que descartar que a ellos puedan sumarse empleados de otros servicios públicos esenciales en conflicto con sus patronos.

Tras la asunción del personal, el administrador único de RTVC tenía que resolver un problema crucial, en qué instalaciones, y sobre todo, con qué material técnico prestar los servicios de continuidad y de informativos. Las primeras gestiones se encaminaron a buscar platós y equipos en otras productoras distintas a Videoreport. Consta que a Plató del Atlántico se le pidió presupuesto por parte de Mediapro, el gigante televisivo español propiedad, cada vez en menor medida, del magnate Jaume Roures. Mediapro era una de las compañías que resultó derrotada en el fallido concurso de informativos de Televisión Canaria que condujo a la perdición el anterior presidente de RTVC, Santiago Negrín, quien dimitió al ser incapaz de encontrar una salida al laberinto político y legal en el que él mismo se metió asumiendo personalmente unas competencias de contratación que la ley hace descansar sobre el consejo rector del ente.

Al comprobar que no había tiempo material de montar unas instalaciones capaces de soportar los servicios requeridos y que, en tal caso, esa inversión tendría difícil encaje en un modelo que a fecha de hoy sigue siendo de gestión privada, Naranjo Sintes se vio obligado a pactar con Videoreport Canarias un alquiler. Para ese proceso ha sido crucial el asesoramiento del periodista Miguel Ángel Daswani, quien fuera jefe de Informativos de Televisión Canaria y hasta ahora responsable de Comunicación de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila. Ella y el resto del Gabinete de Clavijo han negado siempre cualquier tipo de responsabilidad sobre la gestión de los medios públicos, pero ha tenido que ser una persona de su confianza la que ayude a desastascar el problema.

Ahora se abre un escenario incierto. Resuelta la amenaza de desconexión, el administrador único tendrá que rendir cuentas ante el Parlamento, el órgano que ha de decidir cuanto antes cuál va a ser el futuro de esos servicios hasta ahora en manos de la gestión privada. Si la idea es desprivatizarlos, la Cámara tendrá que cambiar el modelo de explotación y poner en marcha las medidas legales y económicas necesarias. De momento no hay mayoría parlamentaria para hacerlo, porque estando a favor el PSOE, Podemos y Nueva Canarias, se mantienen en posiciones irreductibles Coalición Canaria, la Agrupación Socialista Gomera y, sobre todo, el PP.

Si la decisión se enfoca por la vía de una concesión privada como la que ha funcionado hasta ahora, el dilema se bifurca en dos salidas. La primera, la adjudicación del concurso de informativos y continuidad que Santiago Negrín dejó en el limbo y que ganó (como oferta más ventajosa) Videoreport Canarias. El actual administrador único tenía esa solución sobre la mesa, lo que hubiera evitado subrogaciones y contratos de alquiler, pero optó por cumplir con las órdenes de no otorgar ni media a la productora participada por Canarias7, que lo ha exigido todos los días formalmente a Naranjo Sintes sin respuesta de ningún tipo.

Por último, la tercera salida consistiría en convocar un nuevo concurso público, lo que se enfrentaría a la complicación añadida de los derechos que exigiría para sí Videoreport Canarias, legítima ganadora de la anterior licitación, sobre la que pende una suspensión judicial ante la demanda de ilegalidad planteado por ella misma.

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