Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria presentan alegaciones a la Ley de Montes de Canarias

La Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y la Universidad Rural de Canarias (URC) han presentado un documento de alegaciones al proyecto de Ley Canaria de Montes al entender que parte de su articulado lesiona “de manera patente” los intereses de la población rural de las islas. Después de varias semanas de “análisis profundo” del articulado, estas organizaciones entienden que el proyecto genera indefensión en la población rural, una gran carga de inseguridad jurídica y, además, es incompatible con figuras de reconocimiento internacional como la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y el Patrimonio Mundial de la UNESCO concedido a las Montañas Sagradas de la isla. 

La Unión de Asociaciones, promotora asimismo de la URC, aglutina a un total de 26 asociaciones y agrupaciones vinculadas con el sector primario, la lucha vecinal y la defensa de los valores medioambientales y culturales de la isla. Esta iniciativa, además, ha contado con el apoyo de un buen número asociaciones y particulares vinculadas al mundo rural en Gran canaria y otras islas del Archipiélago.

Uno de los puntos clave del documento de alegaciones es que no respeta el principio de “participación temprana” que se consagra en mecanismos reguladores internacionales como el Convenio de Aarhus, tratado ratificado por España y que debe ser respetado en cualquier tipo de legislación que tenga que ver con la gestión medioambiental. Más allá de que el periodo de alegaciones ha sido corto y convocado en periodo de fiestas navideñas, las alegaciones inciden en que cualquier tipo de proceso participativo “debe abrirse antes de que se adopten las decisiones técnicas clave” y no a posteriori. 

Amparándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las entidades alegantes inciden en que “la población afectada debe tener una participación real que tenga la capacidad de influir en el resultado de la toma de decisiones” y proponen dos asuntos clave. El primero es que los órganos de participación contengan al menos un 40% de representación de pequeños propietarios con menos de 10 hectáreas de terreno forestal y población vinculada con el uso tradicional de los recursos del monte (pastores, agricultores, yerberos, artesanos, etc.). Y la segunda es que cualquier reglamento o plan vinculado a la gestión de recursos forestales contemple un plazo efectivo de participación pública de 90 días.

Un límite a la propiedad privada

Otro asunto “de vital importancia” en este documento de alegaciones, alertan las organizaciones, tiene que ver con la posibilidad de que un terreno pueda ser declarado como forestal si es colonizado de forma natural tras veinte años de desuso continuado (artículo 3.6.c). Según las alegaciones, esta posibilidad colisiona directamente con la Ley 4/2017 que protege la vocación agrícola del suelo rústico. Y, además, la ley no tiene en cuenta un contexto como el actual en el que se ha producido un periodo de sequía de casi 16 años. La falta de agua y la tardanza de las administraciones en crear las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar el riego han creado una situación que ha desembocado en barbechos prolongados por falta de agua.

Otra cuestión importante es la colisión del proyecto de ley con los diferentes planes de uso y gestión de los diferentes espacios naturales. En este sentido, desde la Unión de Asociaciones y la URC se recuerda que esta ley podría contradecir normas que sirven para gestionar el 40% actual del territorio del Archipiélago canario y, en consecuencia, aumentar la inseguridad jurídica del texto.

Un punto de discrepancia con la propuesta de articulado es significativamente importante en el caso de Gran Canaria. El proyecto de ley estima que se puede convertir en suelo forestal terrenos con pendientes superiores al 50% lo que pondría en riesgo una de las señas de identidad más importantes de los campos de las islas: sus paisajes abancalados. Es por ello que las alegaciones inciden en la necesidad de excluir expresamente los terrenos vinculados a terrazas de cultivo con muros de piedra seca por su interés etnográfico, su utilidad para fijar suelo fértil y retener el agua y como elementos clave para la recuperación de la actividad agrícola en zonas amenazadas por la despoblación y el envejecimiento de la población.

Amenazas para el paisaje cultural

Otro de los aspectos fundamentales del documento de alegaciones tiene que ver con la contradicción del proyecto legislativo con figuras de reconocimiento internacional a los valores ambientales y, sobre todo, culturales de las islas. Hay dos ejemplos muy claros. Tanto la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria como el Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas reconocen el paisaje de isla como un constructo resultante de la actividad humana. Son los usos tradicionales del territorio, incluyendo los que se producen en sus áreas forestales, los que per se constituyen el núcleo y la razón de ser de estas figuras. El proyecto de ley, que “limita y criminaliza estos usos tradicionales” choca con los compromisos adquiridos internacionalmente lo que puede provocar consecuencias jurídicas o, incluso, la pérdida de estos reconocimientos internacionales.

En este sentido, las alegaciones abogan por la consolidación y reconocimiento de cuestiones clave para entender un paisaje de carácter cultural como lo es el entorno rural de Gran Canaria y, en extensión, el de las otras islas: el reconocimiento, protección y rehabilitación de las vías agropecuarias; la defensa de actividades de recolección de recursos que definen la cultura tradicional (pinocha, leña seca, yerbas aromáticas y medicinales, piñas, carboneo…); la defensa de la agricultura tradicional de montaña; la garantía del pastoreo tradicional o la salvaguarda de la recolección de elementos fundamentales de nuestra artesanía tradicional (como los yacimientos de arcillas y almagres que definen la alfarería tradicional y que en muchas ocasiones se encuentran en entornos forestales).

El texto propuesto por la administración autonómica es, además, lesiva para los pequeños propietarios ya que obliga a contratar a ingenieros forestales para la gestión de los espacios e ignora los avances de la gestión forestal comunitaria que se está imponiendo como modelo en el resto de Europa. Y, para terminar, impone un régimen sancionador totalmente injusto y desproporcionado con multas que pueden llegar al millón de euros. En este sentido, el proyecto de ley autonómica criminaliza muchas de esas actividades tradicionales que, durante siglos, han definido la cultura tradicional del campo canario. E impone un rango de multas que difiere de manera muy importante y desproporcionada con otras legislaciones autonómicas análogas. Así, se propone un régimen y un reglamento que sea comprensivo con estos usos tradicionales.