La Audiencia de Cuentas censura a RTVC los contratos a dedo sin pasar por el Consejo Rector

Tirón de orejas de la Audiencia de Cuentas de Canarias a la Radiotelevisión Canaria (RTVC), encabezada por el presidente Santiago Negrín, por tres de las cinco contrataciones a dedo en el equipo directivo realizadas en octubre de 2016. Según el informe final, de diciembre de 2017 al que ha tenido acceso este periódico, el órgano autonómico mantiene sus reproches frente al ente por una contratación en la radio pública y dos en la televisión. En concreto se tratan de la de Carlos Guillermo Domínguez como director de los Servicios Informativos de Canarias Radio La Autonómica, la de César Sar como el encargado de la Dirección de Nuevos Proyectos en el área de producción en la televisión, y el nombramiento de Nieves Rocha como directora de Informativos de Televisión Canaria. Estos nombramientos se realizaron sin el cuórum necesario del Consejo Rector ya que, además de Negrín, solo acudió el consejero propuesto por el PP, Alberto Padrón, ausentándose la socialista María Lorenzo por no estar de acuerdo con el oscurantismo aplicado por el presidente a la hora de tomar decisiones.

Para la Audiencia de Cuentas estos dedazos no pasaron por los filtros que exige la ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias, que recalca en su artículo 37.4, en el apartado de régimen de personal, que “la selección de personal en el ente público RTVC y en sus sociedades deberá realizarse siempre y en todo caso garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y convocadas por la Presidencia, previo acuerdo del Consejo Rector”. De hecho, el organismo le subraya al ente que estas contrataciones “no contaron con las autorizaciones preceptivas” ni cumplieron “con los requisitos de publicidad y concurrencia que deben de seguirse” para este tipo de procedimientos.

RTVC presentó alegaciones ante el informe de la Audiencia de Cuentas en las que sostuvo que las contrataciones “se basaron en la relación de confianza necesaria para el ejercicio de estos puestos de trabajo” y se escudó para tomar esta decisión en que le avalaba el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación de carácter personal de alta dirección. La contestación de la Audiencia de Cuentas ha sido contundente diciéndole que no modificaba su informe porque, además de la ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias, el Gobierno de Canarias en 2005 se pronunció diciendo que en las contrataciones de los órganos sociales de las empresas públicas se deben garantizar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Por tanto, concluyó la respuesta comentándole que “la voluntad del Parlamento y del Gobierno de Canarias es someter la selección de todo el personal de las empresas públicas canarias” al cumplimiento de los citados principios. Contactado por este periódico, RTVC ha declinado hacer declaraciones sobre este tema.

Los nombramientos de Sar, Rocha y Domínguez tuvieron lugar en un momento en el que Santiago Negrín decidió renovar el equipo directivo. El primero de ellos, un militante del PP dedicado a la producción de programas de viajes, solo estuvo en su cargo hasta abril de 2017, mientras que los otros dos aún están en sus puestos. Rocha era la Adjunta a la Dirección de Informativos de Televisión Canaria y accedió al cargo de directora de los Informativos en sustitución de Roberto González, ahora presentador del programa El Foco. Mientras, Carlos Guillermo Domínguez sustituyó a Leticia Martín en la dirección de los informativos de la radio. El traslado de Martín a su puesto de editora de la Televisión Canaria provocó la queja de los trabajadores radiofónicos, que lo llegaron a catalogar de “despido político”.

A estas tres contrataciones le acompañaron otras dos más, las de Leticia Martín como editora de Televisión Canaria en la capital grancanaria y la de Heriberto Monzón como director Corporativo de RTVC, un cargo que ahora está vacante desde el pasado mes de diciembre después de que presentara su dimisión. Nada dice la Audiencia de Cuentas sobre estos dos puestos, pero los mismos están recurridos por la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), quien en diciembre de 2016 impugnó por la vía contenciosa las adjudicaciones  del Consejo Rector.

Según el sindicato, los nombramientos se realizaron sin que se conocieran públicamente las necesidades ante los nuevos retos que RTVC justificaba. UPCC apuntaba que en este proceso el ente sólo se limitó simplemente a publicar una nota de prensa con un breve currículum de las personas incorporadas, cuando entiende que esto jamás podría sustituir el obligado trámite que garantice los criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que establece la ley.

Este contencioso judicial aún no se ha resuelto, pero en noviembre del pasado año el fiscal Carlos María Eguiluz emitió un informe ante el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Santa Cruz de Tenerife en el que subrayaba que las contrataciones de RTVC y de sus sociedades dependientes (Televisión Pública de Canarias y Radio Pública de Canarias) están todas sujetas al Consejo Rector del ente y que, en todo caso, habrán de atenerse a la normativa reguladora de los contratos del Estado. Este texto sirvió de aviso a Santiago Negrín después de que convocara unilateralmente el concurso para contratar por ocho años los servicios informativos de la televisión pública por un importe total de 144 millones de euros, aunque el director no ha dado un paso atrás con el mismo.

Las medias verdades de Negrín a la hora de no aprobar las cuentas

La Audiencia de Cuentas también ha emitido recientemente un informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias en el que hablaba sobre las cuentas de 2016 de la radio y la televisión, que no fueron aprobadas por “la falta de acuerdo del Consejo Rector de RTVC a fin de constituirse y ejercer las competencias correspondientes a la Junta General Universal, que depende del Consejo Rector”. El ente público respondió en las mismas alegaciones que presentó por los nombramientos a dedo que, en realidad, no se han aprobado por “la falta de acuerdo del Consejo en su reunión del 29 de junio de 2017 para constituirse como Junta General de estas sociedades, lo que no permitió aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2016” y que no existe nada que impida la constitución del Consejo Rector. Sin embargo, que no se pudiera dar luz verde a los presupuestos del ente en junio de 2017 no impedía que no se pudieran sacar adelante en las sesiones realizadas en meses posteriores, pero Negrín nunca convocó al consejo para intentar alcanzar un acuerdo sobre las cuentas no aprobadas.