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Torres asegura que el Gobierno de España regulará con una “normativa compartida” el acceso a interiores con un certificado COVID

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras participar en la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca.

Europa Press

Salamanca —

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El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este viernes que ha obtenido el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener para septiembre una “normativa compartida” que regule el acceso a interiores con un certificado COVID.

“Pedro Sánchez se ha comprometido a que en el mes de septiembre podamos tener una normativa compartida del Gobierno de España y el resto de comunidades para esos certificados y que se pueda ir a un teatro, a restaurantes o a un espacio deportivo. Porque da seguridad sanitaria”, aseveró.

En cambio, consideró que no depende de la política unificar las normas que dan respaldo a las restricciones que están aplicando los gobiernos y dijo que son los jueces los que tienen que ponerse “de acuerdo”.

“Que se pongan de acuerdo los jueces. Lo más importante es que los jueces no tengan criterios distintos”, mantuvo Torres en declaraciones a los medios a la salida de la reunión del plenario de la conferencia de presidentes.

Para el presidente canario lo que es clave es que “no se tenga que responder distinto en función de dónde se viva”, dado que todos los gobiernos tienen “las mismas herramientas” para luchar contra esta pandemia, como el “toque de queda” o el “cierre perimetral”.

Sobre la sentencia conocida este mismo viernes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que permite restringir el número de personas en reuniones, mantuvo que se trata de una “buena noticia” que “alivia”.

Pero remarcó que la unidad de criterio “no está en el ámbito político” y que “no es una cuestión de una ley determinada”, que sería, consideró, “susceptible de ser interpretable”.

“Lo más importantes es que los jueces no tengan criterios distintos. Lo que no puede ser es que la misma ley aplicada en Canarias tenga en un juzgado una interpretación diametralmente distinta, absolutamente contraria a la que hay en otras CCAA”, concluyó.

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