El abogado de los vecinos de Cho Vito solicitará la suspensión de las obras

El abogado de los afectados de los derribos de Cho Vito, Pedro Silgo, anunció este viernes que el lunes presentará en el Juzgado de Instrucción de Güímar una petición de suspensión de las obras “porque no se ha aportado ningún proyecto ni licencia” y advirtió de que sospechan que se “han tocado casas que no están dentro de dominio público” y, por tanto, no afectadas por este expediente sino por otro proyecto posterior de mejora del paseo.

Silgo precisó que en caso de confirmarse esta situación, para lo que el lunes acudirán a Costas, se tendrían que iniciar los recursos para reclamar el correspondiente expropiatorio de estas viviendas, que estarían en zona de tránsito y afectadas por el proyecto de mejora del paseo, “aún no aprobado”, pero no por este expediente de recuperación del dominio público.

También queda por determinar el proceso de costes de las demoliciones que correspondería abonar a los afectados por tratarse de viviendas ilegales, y que asciende a unos 80.000 euros, según los documentos presentados por los representantes de la Abogacía del Estado en la reunión mantenida con la jueza el pasado lunes, indicó Silgo.

Sin embargo, precisó que se intentará buscar alguna fórmula legal para que las administraciones asuman su responsabilidad, ya que durante años “han dejado, permitido e incluso cobrado” servicios municipales a estos vecinos.

Para tramitar la “enorme” cantidad de cuestiones jurídicas aún por resolver, la organización Justicia y Sociedad hace un llamamiento a los abogados para que se sumen a esta investigación para la que el lunes se creará una Comisión Permanente Jurídica “porque esto es inaudito”, dijo Silgo, quien denunció que se le ha impedido acceder al poblado a atender a sus clientes.

Así lo indicó el representante de los afectados durante la rueda de prensa ofrecida hoy viernes en los exteriores del poblado por abogados y varios representantes de las organizaciones sociales Asamblea por Tenerife y Coordinadora de Pueblos y Barrios para informar de las diferentes acciones a realizar, porque advirtieron de que el “crimen de Cho Vito sí tendrá consecuencias políticas y sociales”.

Concentración vecinal

Para este sábado han convocado una concentración a partir de las 12.00 horas en la playa de Genaro, en Candelaria, para agradecer las muestras de solidaridad que han recibido “de cientos de personas” y para expresar “calor y apoyo” a los afectados de las 10 viviendas que no han sido derribadas y que permanecen residiendo “en un estado de sitio” y en “condiciones infrahumanas” en el poblado.

Todos los representantes denunciaron el “uso desproporcionado” de medidas represivas adoptadas durante los derribos, iniciados por orden judicial el pasado martes, así como la “irresponsabilidad” de la Administración por no prever las medidas de seguridad necesarias, lo que llevó a que se causaran grietas en las viviendas que aún no se van a derribar.

“Tendremos que pedir muchas responsabilidades”, advirtió Tomás González, portavoz de los afectados y residente de una de las viviendas aún no desalojada, quien insistió en que la primera de ellas será “que se tiene que volver a reconstruir el poblado”.

Sospecha de 'pelotazo'

En esta línea también se pronunció el letrado de la organización Justicia y Libertad, José Pérez Ventura, quien defendió la recuperación del poblado por sus valores etnográficos e insistió en que el “móvil real del crimen cometido en Cho Vito” es “un pelotazo urbanístico con todas las letras” en los próximos 15 años.

Al respecto, indicó que el Plan de Puertos Deportivos contenido en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) contempla esta zona para la instalación de un puerto, “que no se puede acomete si existe Cho Vito”. Así, precisó que el poblado está “en el epicentro” de la bolsa de suelo que quedaría disponible para urbanizar, junto con el obtenido tras el desmantelamiento de la Central Eléctrica de Caletillas.

Pérez Ventura vinculó a esta previsión la actitud que ha mantenido el alcalde de la localidad, José Gumersindo García, con “tanto interés” en la defensa del desmantelamiento de la Central Eléctrica de Caletillas -anexa a Cho Vito- y “tan poco” para defender el mantenimiento del poblado.

También criticó la actitud del Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife, ya que insistió que ambas instituciones podrían haber actuado para evitar los derribos y, en el caso del Cabildo, indicó que dispone de competencias para adoptar medidas cautelares.

En medio de esta situación, el letrado lamentó la actitud de las instancias judiciales, ya que defendió que en un estado de derecho “los jueces tienen que ser los principales garantes de los derechos de los ciudadanos y, en este caso, no ha sucedido”, sentenció.

Similitud a una cárcel

“Estamos en una cárcel, rodeados por vallas y sin poder acceder libremente a nuestra viviendas”, denunció Tomás González, quien denunció la situación de “castigo, tortura y vejación” que han vivido las familias de las 31 viviendas del poblado de Cho Vito, de las que sólo 10 continúan en pie a la espera de una solución para su habitantes, al ser reconocidas como primeras viviendas.

González también reprochó a las autoridades que no hayan previsto las medidas de seguridad para garantizar la integridad de quienes permanecen en el poblado. “Nos negamos como ciudadanos a que alguien nos quite la vida por irresponsabilidad de Cotas, Delegación del Gobierno y Subdelegación del Gobierno, que no han sido capaces de atender ni una de nuestras peticiones”, sentenció.

En esta línea también se pronunciaron los representantes de los colectivos ciudadanos, quienes denunciaron el excesivo uso de medidas de represión ante unos vecinos “que no son delincuentes” y de los que pidieron “se atiendan sus necesidades, el lugar de maltratarlos como se está haciendo, y a los que se cachea cuando entran a sus casas como si esto fuera Guantánamo”, afirmó el portavoz Andrés Pérez, de la Coordinadora de Pueblos y Barrios.

Pérez también hizo un llamamiento a la participación ciudadana en la concentración que se celebrará mañana, ya que advirtió de que esto “no sólo lo va a sufrir Cho Vito y éste es el inicio de una gran batalla que tiene los políticos”.

El representante de Asamblea por Tenerife, Aarón Hernández, exigió la reposición de las viviendas y denunció la responsabilidad de los tres partidos PP, PSOE y CC “unos por ser promotores de la acción y otros por se cómplices” en las diferentes administraciones en las que gobiernan.

También criticó la acción de la jueza suplente del juzgado de los Contencioso Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife que, el pasado lunes, “se ventiló un expediente de 1.600 folios” presentados por los vecinos y levantó la suspensión cautelar de los derribos. Hernández tachó esta decisión de “acto de sadismo” y exigió la expulsión de esta letrada de la carrera judicial.