El fiscal pide tres años de cárcel para Díez y Romeo
Los abogados madrileños Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González, titulares de la firma Díez & Romeo, deberán responder próximamente en un juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria de un delito de falsificación continuado en documento oficial por el que el Ministerio Fiscal pide para ellos una condena de tres años de prisión y doce meses de multa a razón de 20 euros diarios. Los acusados presuntamente falsificaron un sello de la oficina de Correos de Arucas para tratar de aparentar que 41 solicitudes de algunos de sus clientes habían sido entregadas dentro del plazo estipulado para el concurso de asignación de frecuencias de radio en la Comunidad Autónoma de Canarias en septiembre de 2010.
Los hechos fueron denunciados por el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, Martín Marrero, que detectó la presunta falsificación cuando la abogada se personó en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife el 11 de octubre de 2010 con las 41 ofertas de sus clientes alegando que el fax de la oficina de Correos de Arucas, donde supuestamente habían entregado el 30 de septiembre anterior la documentación preceptiva estaba averiado, lo que según su versión habría impedido que se notificara al Gobierno la presentación en tiempo y forma de la misma.
Todo era falso porque jamás llegó a la Viceconsejería de Comunicación, convocante del concurso de asignación de licencias de radio en frecuencia modulada, ningún envío de aquella oficina de Correos.
En un estudio pericial efectuado por la Policía Científica, del Cuerpo Nacional de Policía, se concluyó que el sello utilizado por Díez & Romeo para dar apariencia de autenticidad a su documentación había sido falsificado mediante procedimientos electrónicos.
La abogada Paula Romeo aseguró ante el juez instructor que se decidió a presentar las ofertas en la oficina de Correos de Arucas ante la “saturación” del Registro de Entrada de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, extremo que niega el viceconsejero denunciante. De hecho, las demás empresas concursantes no tuvieron problemas para presentar su documentación sin que se conozca ninguna otra que llegara tarde al límite fijado.
En una reunión celebrada a petición de Díez & Romeo, los letrados madrileños informaron a Martín Marrero de que su retraso se debió a la huelga general celebrada en España el 29 de septiembre, un día antes de la finalización del plazo del concurso, y que por esa causa pedían que se admitieran las ofertas de sus clientes. La reunión tuvo lugar el 6 de octubre y en ella no alcanzaron los madrileños su propósito. Cinco días después aparecieron las ofertas en Presidencia con el sello de Correos presuntamente falsificado.
Las 41 ofertas quedaron fuera del concurso de asignación de frecuencias y perdieron por lo tanto cualquier opción de acceder a alguna de las 156 licencias otorgadas por la Comunidad Autónoma.
