No hay inspectores de trabajo para tanto fraude laboral

Canarias reúne a 97 trabajadores en el sistema de inspección. 57 de ellos son inspectores y 40 subinspectores. El ratio es de un inspector (no subinspector, pues este cuenta con competencias en su mayoría ajenas a la prevención) por cada 14.000 trabajadores, un registro superior al recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que pide uno por cada 10.000 en los países más desarrollados, pero inferior a la media nacional, que se sitúa en uno por cada 19.000, según el último informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2019. Después de un año pandémico con mucha carga laboral, los sindicatos reclaman una mejora en condiciones y recursos para optimizar las actuaciones. Solo en 2020 se han realizado en el Archipiélago 47.766 actuaciones y se han impuesto sanciones por un importe total de 11.945.000 euros.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que los niveles de fraude detectados aumentarían si se contara con más inspectores. De ahí viene parte de la queja. Hace unos días el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, se reunió con el conjunto de las organizaciones sindicales del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) para conocer las demandas del sector. En el encuentro se subrayó el papel “relevante” que han tenido los inspectores de trabajo durante la pandemia, en “actuaciones decisivas en el ámbito de los ERTE o en los riesgos laborales motivados por la COVID-19”. Díaz ha anunciado un Plan Estratégico para “adaptar la inspección a las necesidades del mercado laboral actual”.

España cuenta con un modelo generalista para su sistema de inspección. Esto difiere del modelo más especializado y propio de los países nórdicos o la mayor parte de los estados miembros de la Unión Europa. Es decir, un inspector de trabajo en España debe hacer más cosas y dominar un amplio de abanico de materias. Tiene que controlar y verificar el cumplimento de las normas e informar y asesorar a empresarios. “Deberíamos incluso ser más inspectores”, defiende Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS).

2020 ha sido un año insólito. También para los inspectores, que no solo tuvieron que enfrentarse a la difícil tarea de vigilar los Expedientes de Regulación Temporal (ERTE), sino también el teletrabajo y las medidas preventivas contra la COVID-19, entre otras cosas. “Íbamos casi a Real Decreto por día. Pero la inspección ha respondido bien”, destaca Ercoreca.

“Lo que sí denunciamos es una falta de recursos. Con la Gran Recesión se rebajó el número de trabajadores públicos. Solo se rellenaban las tasas de reposición, aquellas vinculadas a jubilación y demás”, señala Mercedes Martínez, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). “La insuficiencia es clásica. No es fácil de solucionar. No puedes contratar a un inspector de trabajo, tiene que haber un plan, son funcionarios públicos. Y para eso cada año se deben convocar plazas”.

Pero los problemas parecen ser más complicados que eso. Ercoreca apunta que antes se presentaban 20 opositores por plaza. Ahora solo lo hacen cuatro. Argumenta que se trata de una oposición exigente, en la que la gente se lo piensa antes de entrar. “La legislación laboral cambia muy rápido”, recuerda. Además, agrega que las condiciones no son las más favorables. Y que existen inspectores de trabajo haciendo laborales de un nivel superior al suyo cobrando menos. “Te suele costar llegar a casa. Ves que hay poco reconocimiento y la gente se decanta por otras posiciones”. como la de ser inspector de Hacienda, apostilla.

La inspección en 2020

“Ha sido bestial la carga de trabajo”, subraya Ercoreca. “Ha habido un incremento de la actividad. Hemos tenido una oleada de ERTE por la que se solicitaban informes, el control de los mismos, que no haya fraude. Que no se compatibilice el trabajo con el cobro de la prestación”, afirma Martínez. En Canarias han sido sancionadas 311 empresas el pasado año por cometer infracciones en los ERTE. Pero Martínez recalca: “Es imposible abarcar todo”.

El Ministerio de Sanidad también habilitó a los inspectores de trabajo para detectar si se estaban cumpliendo las medidas sanitarias contra el coronavirus. Las fuentes consultadas aseguran que el trabajo se realizó con “implicación”, pero con necesidades en la mano de obra que no suelen ser resueltas. “Pides colaboración y te dicen que hay cuatro gatos”, indica una de las fuentes.

En total, el sistema de inspección en las Islas realizó 11.449 órdenes de servicio en campañas COVID-19 de diferente índole (riesgos biológicos, riesgos de exposición, relaciones laborales). Es decir, un 41,6% del total de órdenes, “lo que demuestra la dedicación que este servicio público ha realizado y está realizando en garantizar las condiciones laborales en este contexto”.

Cómo son los fraudes en Canarias

El Archipiélago es un lugar proclive para la concentración del fraude laboral. Inspección de Trabajo lanza todos los años una campaña de refuerzo en las Islas durante la temporada de invierno dados los altos porcentajes de temporalidad y parcialidad. El año pasado, sin ir más lejos, 30 inspectores y subinspectores se sumaron a la plantilla afincada en Canarias.

Martínez destaca varios ejemplos. Primero el de la contratación temporal, ya que las empresas canarias, dice, abusan de esta relación contractual para trabajadores cuya necesidad es permanente, es decir, que deberían ser fijos. Cogiendo como referencia diciembre de 2019, un periodo alejado de la excepcionalidad, el número de contratos indefinidos firmados en las Islas fue de 8.175, mientras que el dato para temporales fue de 59.313, un 625,5% más.

Los trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social, la contratación a tiempo parcial y el exceso de jornada son otros patrones que remarca Martínez. Y eso que Canarias es (volviendo a datos del cuatro trimestre de 2019, esta vez del Instituto Nacional de Estadística), la comunidad con más horas pactadas con los empleados (152,8 al mes), más horas pagadas (153,4) y más horas efectivas (130,7).