STEC denuncia retrasos en sustituciones
Centros educativos que hacen “malabarismos” y suprimen los apoyos individualizados a los alumnos menos aventajados, para que el profesorado pueda llegar a cubrir las horas que exige la actividad lectiva en clases atestadas de estudiantes, a costa de las necesarias para la coordinación y la elaboración de proyectos de todo tipo, como son los lúdicos y tecnológicos.
De esta forma define el portavoz de STEC-IC, Fernando Pellicer, el panorama del sistema público de educación en Canarias. Según los datos que maneja, en el presente año hay 2.500 docentes menos que en 2008, mientras que la matrícula de alumnos se ha mantenido estable. Una reducción que en términos porcentuales se sitúa en el 8% en Canarias, por encima de la media nacional, que desciende al 4,5%.
La disminución de la plantilla, que en la actualidad ronda los 23.000 profesores, tiene, a juicio del portavoz del sindicato, unos “efectos brutales” sobre los estudiantes. Especialmente sobre los que necesitan una atención individualizada, que “normalmente tienen una situación económica más desfavorecida”, lo que “atenta contra el principio de igualdad”, añade.
Aunque indica que desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias aseguran que las jubilaciones del curso pasado se han cubierto, manifiesta que “esto no es suficiente”, porque por otro lado se despide a profesorado interino “con muchísimos años de servicio y notable cualificación”.
Asimismo, denuncia que el Partido Socialista (PSC) mantiene la “denostada herencia” de la exconsejera de Educación, Milagros Luís Brito, consistente en dejar sin sustituir las bajas inferiores a 15 días, mientras que las que cuentan con una mayor duración “se tardan en cubrir”. En este punto, advierte de que “nos encontramos con centros educativos que durante notables periodos del año no tienen nunca la plantilla al completo, por falta de sustituciones. En otras comunidades autónomas, por lo menos al tercer día ya están cubiertas”.
La viceconsejera de Educación, Manuela Armas, afirma que durante el pasado mes de septiembre se llevaron a cabo alrededor de 200 sustituciones en primaria, que se cubrieron “en tiempo y forma” en la provincia de Las Palmas, una cifra que en el conjunto del Archipiélago se situó en 700.
Reducción presupuestaria
Pellicer es portavoz de la Junta de Personal de Las Palmas, máximo órgano de representación del profesorado de la provincia, que ha apoyado la Huelga General Educativa para el próximo 24 de octubre convocada por la Plataforma Estatal por la defensa de la Enseñanza Pública, en señal de protesta contra la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) impulsada por el ministro José Ignacio Wert.
Sin embargo, no exime de culpa al Gobierno de Canarias, competente en la materia, al que acusa de haber recortado 118 millones de euros en el área y del que reivindica que la Educación no se encuentra entre “sus prioridades”. La disminución de las partidas y el empeoramiento de las condiciones laborales han derivado en la desmotivación de las plantillas, que sienten como “parece que todas las responsabilidades del buen o mal funcionamiento del sistema recaen exclusivamente sobre ellos”.
Una situación de “queme” que redunda en un empobrecimiento de la calidad del servicio público, lamenta Pellicer, a lo que añade un aumento de las ratios de alumnos por aula, la supresión de ciclos de Formación Profesional (FP) y la práctica inexistencia de la oferta educativa comprendida entre los cero y los tres años.
“Hacinamiento”
En referencia al aumento de ratios de alumnos por aula, el portavoz de STEC-IC acusa al Gobierno canario de haber incumplido su promesa de no incrementar en un 20% el número de estudiantes por clase establecido en la LOE, que ya de por sí considera “elevado”.
Pellicer explica que la Ley vigente estipula un máximo de 25 alumnos por aula en Primaria y en Educación Infantil, y 30 en Secundaria, aunque un decreto de racionalización del gasto público permite su incremento en un 20%. Esto significa que en Bachillerato el número de menores en un mismo espacio puede ascender a los 42, retrotrayendo la actualidad a “los años 60”.
Asimismo, recuerda que la Administración regional afirmó en su momento que no iba a aplicar ese incremento y denuncia que “ha mentido descaradamente”. Según añade, numerosos centros de Secundaria que cuentan con grupos aprobados por la propia Consejería de Educación han recibido llamadas durante el anterior y presente mes para “suprimirlos”.
Como ejemplo, señala el IES Vigán de Fuerteventura, que trata de evitar la supresión de un grupo de primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Algo semejante a lo que ocurre, según precisa, en el IES Lomo de la Herradura y Doramas, ubicados en los municipios grancanarios de Telde y Moya, respectivamente. “Probablemente aún se respeten las ratios legales, pero son disparatadas”, apostilla.
Aunque señala una mejoría en la Consejería de Educación desde la marcha de Luís Brito, cuya gestión considera como la dirección “más nefasta que ha sufrido Canarias en el ámbito educativo en toda su historia democrática”, lamenta que las buenas intenciones del actual consejero del área en el Gobierno regional, José Miguel Pérez, se han quedado con el paso de los meses en “buenas palabras y escasos hechos”.
