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53.000 firmas reclaman al Gobierno de Canarias que defienda los derechos de los discapacitados ante la pandemia

Inmaculada González y Eugenia Paiz, delante de la sede Presidencia del Gobierno de Canarias donde acudieron a entregar las 53.000 firmas recogidas en un mes

Inmaculada González, madre de Samuel Ramos González, un joven con parálisis cerebral de 37 años y usuario de una de las residencias de personas con discapacidad de Canarias, ha hecho entrega este viernes en la sede la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife de 53.000 firmas reclamando una interlocución directa con el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, para lograr una regulación de estos centros “sin que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, permitiendo un encierro que se prolonga desde el 14 de marzo y para los que no ha llegado el desconfinamiento del que sí hace uso el resto de la población”.

González, quien acudió acompañada por Eugenia Paiz, familiar de otro usuario de una de estas residencias, promovió hace un mes una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org, para denunciar una situación por la cual, aseguró, "los usuarios discapacitados de las residencias en las islas padecen un encierro". Este colectivo de familiares pide “la búsqueda de una solución que permita a las personas con discapacidad usuarias de centros residenciales de la Comunidad Autónoma, recuperar el contacto con sus familias, que han perdido durante la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID19”.

La madre de Samuel relata como “mi hijo, como miles de personas con discapacidad de las Islas Canarias, está sufriendo una situación de aislamiento no por efecto de la pandemia, sino por la falta de una gestión eficaz, adecuada a una seguridad sanitaria en equilibrio con el cumplimiento de sus derechos fundamentales, amparados por la Constitución y recogidos en la Convención de Derechos por la Discapacidad tanto en el ámbito nacional como europeo”.

Paiz aseguró que las gestiones realizadas hasta ahora ante las distintas administraciones competentes "no han servido para nada" y adelantó la posibilidad de "acudir a la Fiscalía para que intervenga y remedie esta situación".

González indicó que su hijo tiene una plaza residencial de lunes a viernes, "ya que su discapacidad del 100% hace que sea una persona totalmente dependiente", retornando a casa los fines de semana", siendo estos sus "ratos de vida social y en los que hemos podido disfrutar de su compañía".

Recuerda la madre de Samuel que el 14 de marzo, con el inicio del estado de alarma, se realizaron cambios en el centro -el Centro Público de Atención Residencial y Diurna (CAMP) Reina Sofía de Güímar- y "empieza el desastre total". A partir de entonces "decido que mi hijo tiene que regresar a casa para reincorporarse al centro el 23 de junio, cuando fue sometido a un aislamiento de 14 días a pesar de haberse sometido a un PCR que dio negativo. Llega el 12 de julio y, después de una visita de 45 minutos, compruebo su deterioro físico y cognitivo, lo que me obliga a traerlo de vuelta a casa para intentar recuperarlo en un entorno familiar y afectivo". Añade que "especialistas que han llevado el proceso de recuperación señalan que las causas de su deterioro son anímicas".

Recalca Inmaculada González que "la situación de otros chicos del centro es todavía peor, igual que la de otros muchos cientos en las residencias de Canarias, por cuanto "han decidido encerrarlos, privarlos de su libertad y de sus derechos fundamentales".

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Publicado el
18 de septiembre de 2020 - 17:32 h

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