Cuenta atrás del plan para construir en Arico cuatro hoteles de lujo con 363 millones de inversión y 1.600 empleos

Tabaibal dulce protegido que se verá afectado por el desarrollo del proyecto

Vicente Pérez

Santa Cruz de Tenerife —

El Gobierno de Canarias ha sacado a información pública la evaluación ambiental de la nueva ordenación territorial de Punta de Abona, en la costa del municipio sureño de Arico (isla de Tenerife). Se trata de un área que abarca 1,78 millones de metros cuadrados (equivalentes a 178 campos de fútbol), donde se construirán cuatro hoteles de cinco estrellas con 2.985 plazas, un gran parque recreativo, un balneario-talasoterapia y un centro comercial.

La inversión, declarada estratégica por el Gobierno canario en 2016, para acortar a la mitad los plazos de trámites burocráticos, superará los 363 millones de euros (con unos 300 para la construcción de los hoteles) y está promovida por la empresa Playa de Arico, controlada por la familia Giacomini y de la que aparece como representante en el documento Alessandro Cortesi. Empleará a unas 1.600 personas, de las que 1.493 formarán parte de la plantilla de los hoteles.

Para hacer viable este gran complejo turístico, desde el pequeño núcleo de Punta de Abona a la urbanización de Abades, la Viceconsejería de Política Territorial ha suspendido las normas subsidiarias de Arico, para así poder ordenar este sector mediante unas normas sustantivas de aplicación transitoria, que luego serán incorporadas al planeamiento general del municipio (PGO).

El documento que está en información pública ha sido elaborado, en su parte urbanística, por el equipo de arquitectos Palerm & Tabares de Nava, con la colaboración, en el apartado ambiental, de las empresas Geodos y Solitec; en los aspectos jurídicos, intervienen José María Sainz-Ezquerra Méndez, y en el estudio de impacto económico, los economistas José Luis Rivero Ceballos y Urbano Medina.

El ámbito previsto se divide en un sector de 1,17 millones de metros cuadrados de suelo rústico de diversas categorías de protección (364. 573 ambiental) y uso; otro con 608.239 urbanizables (el 34% del total del sector), de los que 370.934 son edificables, para los hoteles, todo ellos en el ámbito de Los Llanos de la Punta.

También se prevén 54.331 metros cuadrados para un parque público y una plaza en la zona más próxima al núcleo habitado hoy en día; 14.000 metros cuadrados para  equipamientos docentes, sanitarios, de seguridad ciudadana y deportivos; 11.801 para un viario (que se plantea sobre el trazado de un camino de tierra existente, con conexiones a la carretera El Porís-La Punta y a la avenida Ocira, entre el enlace de Abades a la autopista TF-1 y el núcleo de Los Abriguitos), y otros 4.952 metros cuadrados para obras hidráulicas y de saneamiento, lo que incluye la depuradora de aguas residuales.

Daños al tabaibal, pese a ser la opción menos impactante

Se han estudiado tres alternativas de ordenación, y se ha elegido una que añade una nueva bolsa de suelo para destinarla a protección natural, con el fin de salvaguardar una planta endémica, la piña de mar (Atractylis preauxiana), localizada al este del núcleo urbano de Punta de Abona. También se amplía el suelo de protección natural en la zona de la duna rampante de Playa Grande, para conservar este hábitat de interés comunitario.

Según el documento inicial estratégico de la evaluación ambiental, la ejecución de los proyectos urbanísticos previstos supondrá la destrucción de 67,7 hectáreas de tabaibal dulce (Euphorbia balsamifera), es decir, el 54% de la superficie de suelo ocupada por este ecosistema, también de interés comunitario, aunque se plantea preservar las franjas habitadas por esta planta en mejor estado y se trasplantarán ejemplares, aunque sin llegar compensar la cantidad de suelo desbrozada.

Un “indudable cambio paisajístico”, de natural a urbanizado

La ordenación propuesta producirá, según el documento, “un indudable cambio paisajístico, ya que se va a pasar de un espacio natural o seminatural a un entorno urbanizado”. Además, el parque recreativo previsto [con amplias zonas verdes] tendrá también “un indudable impacto paisajístico en una zona árida”.

En todo caso, se concluye que no se produce una “alteración ecológica, territorial y paisajística inaceptables”, puesto que “las condiciones actuales de esta franja costera presentan un alto grado de degradación, los terrenos son básicamente eriales y no han sido destinados específicamente a alguna actividad económica”.

Medidas para restaurar los impactos de las obras

La franja costera más al norte mantendrá la naturalidad actual, y el tramo sudeste dispondrá de un paseo litoral “que servirá como eje integrador de pequeñas operaciones de recuperación ambiental en el entorno por el que transcurre”.

Los márgenes de los barrancos del Callao Grande (cauce público) y de La Centinela (cauce privado) se mantendrán intactos. El área identificada como Llano del Faro tendrá protección paisajística, para recuperar sus valores ecológicos, ahora deteriorados. El ámbito de la trasplaya de Playa Grande también tendrá protección natural, por sus altos valores naturales, pues allí se encuentra “un ecosistema de alta singularidad y es potencial hábitat de interés comunitario”, con especies en peligro de extinción.

El sector tendrá 533.508 metros cuadrados de jardines, que consumirán 658.325 litros de agua de riego diarios, 658,32 en metros cúbicos. Dispondrá de 1.550 plazas de aparcamiento, 1.273 de ellas en el interior de parcelas privadas. Los terrenos situados frente a la playa de Los Abriguitos (57.339 metros cuadrados) se destinan a la construcción de un balneario-talasoterapia.

Los hoteles tendrán entre dos y cuatro plantas de altura máxima, tres de 785 camas y uno de 630. En el parque recreativo, de 639.000 metros cuadrados, se permite una área edificable de 67.250 metros cuadrados, para construcciones de una planta, con un centro ecuestre e instalaciones para prácticas deportivas al aire libre, usos comerciales y hosteleros (bares y restaurantes).

El acceso a la costa y a los equipamientos turísticos complementarios se realizará a través de una nueva carretera al faro, que sustituirá a la existente, la cual deberá ser demolida para la restitución del terreno original, con la prolongación de la calle Neptuno de Los Abriguitos para dar acceso al balneario.

La leprosería, pendiente de un plan especial

La ordenación de una amplia zona donde se hallan las construcciones sin terminar que en los años cuarenta del pasado siglo iban a destinarse a leprosería ha sido remitida a un plan especial posterior, con el objeto de definir el destino de estas edificaciones y los criterios de integración con el equipamiento de uso recreativo al que se ha de destinar la parcela en la que se localizan.

En todo caso, los redactores del documento consideran que el famoso sanatorio que nunca fue tal se inserta en “un paisaje muy degradado, con multitud de construcciones inacabadas que salpican toda la zona sin demasiado orden” y “tan solo destaca notablemente la ermita, único elemento vertical del entorno que aporta un mínimo de calidad visual a la zona”.

Mediante el estudio que se haga para ese plan especial se analizarán los valores histórico-arquitectónicos de estas construcciones con más de 80 años de antigüedad, para su rehabilitación o remodelación.

Cabe destacar que el proyecto de la leprosería fue diseñado por el prestigioso arquitecto José Enrique Marrero Regalado (autor de obras como el Cabildo de Tenerife, la basílica de la Candelaria, el cine Víctor o el Mercado Nuestra Señora de Africa). Su mano se nota en el porte de algunas edificaciones de este inacabado sanatorio, aún en pie. Mientras no entre en vigor ese plan especial no se podrán demoler esas estructuras, en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

Además, todos los restos de construcciones ligados a la agricultura que existió en la zona serán retiradas, “si bien aquellas que representan usos tradicionales que formen parte del patrimonio etnográfico serán recogidas de forma documental”.

Impacto en los habitantes del barrio

El área urbana de Punta de Abona y la parcela del faro se ha dejado fuera de este ámbito de ordenación, si bien el documento reconoce que “las condiciones de habitabilidad y confort de los habitantes de este núcleo costero se verán claramente afectadas, tanto durante la fase de construcción (molestias de las obras por ruidos, emisiones de polvo, tráfico de maquinaria de obra...) como de funcionamiento (mayor intensidad de uso de la vía de acceso al núcleo y al litoral por la construcción de la nueva vía asfaltada, aparición de oportunidades de negocios y empleo...)”.

El  tránsito incontrolado de vehículos que se detecta en las numerosas pistas que recorren todo la Punta de Abona desaparecerá a favor de un tráfico regulado que permitirá tanto el acceso público al litoral como la conexión entre Los Abriguitos y el Porís. El documento prevé crear las plazas de aparcamiento “necesarias para atender la demanda prevista” junto al faro, y también en la parcela del balneario.

El plazo para iniciar las obras de edificación será de dos años desde la fecha de concesión de la licencia urbanística, con cuatro años para la terminación de los trabajos, salvo que la propia autorización establezca un plazo distinto.

La construcción de este complejo hotelero aumentará en más del 38% la oferta de plazas alojativas en la comarca de Abona, que pasará de 4.786 a 7.781.

Los ingresos para el Ayuntamiento de Arico

El total de los ingresos anuales por este complejo turístico para la hacienda municipal, cuando el sector entre en pleno funcionamiento, ascenderá a más de 1,56 millones al año, por el cobro de los Impuestos de Actividades Económicas  (AIE) y de Bienes Inmuebles (IBI), mientras que los costes anuales por mantenimiento de esta urbanización serán menores, 494.300, según el estudio de impacto incluido en el documento urbanístico.

En todo caso, se prevé que al principio del desarrollo de esta ordenación el  Ayuntamiento de Arico ingrese 13,9 millones en un año por IBI, IAE, Impuesto de Construcciones y otros conceptos.

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