La Fiscalía pide cinco años de prisión para un exgerente de un restaurante de Tenerife por quedarse con dinero de la caja

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido este miércoles un juicio en el que la Fiscalía y acusación particular reclaman al exgerente de un restaurante situado en Arona que devuelva 71.000 euros de los que se habría apropiado aprovechándose de que tenía acceso directo a la caja. Además, en sus conclusiones el Ministerio Público y los dueños del negocio piden que también se le imponga una pena de cinco años de prisión y multa de 3.000 euros, por los supuestos delitos de apropiación y falsificación de documentos mientras que la defensa solicita su absolución.

El acusado fue gerente entre 2016 y 2018 tiempo en el que tenía facultades para manejar el programa informático, lo que le permitía controlar la apertura y cierre de la caja registradora, a la que solo tenían acceso también los dueños y por ello podía quedarse con el dinero de las cuentas que anulaba.

Un informe pericial indica que en ese período las cancelaciones se incrementaron en un 59% y si se tiene en cuenta los días de vacaciones o de baja, globalmente la cifra se situaría en un 55%, pese a lo cual el perito no concretó la autoría de estas operaciones.

Tras ser descubierto en julio de 2018, el acusado pidió a su jefe directo que intercediera ante los dueños para que pudiera seguir trabajando, comprometiéndose a ir devolviendo el dinero poco a poco y justificó lo ocurrido porque era ludópata.

El encausado limita las cantidades de las que se habría apropiado de forma irregular a unos 4.000 euros que se corresponden a las invitaciones que hacía a los clientes, niega que tuviera algún acceso personal a la caja y dice que todos los empleados podían hacer uso de la misma desde que el negocio abría sus puertas.

Admite que firmó su baja voluntaria cuando lo citaron días después en el despacho de los dueños del establecimiento, pero lo hizo sin saber exactamente el contenido del documento y eludió concretar si había sido presionado para hacerlo.

El contable declaró que comenzó a sospechar de lo que ocurría desde unos meses antes dado que las cuentas “cuadraban demasiado bien” y además detectó que se producía un número inusual de cancelaciones de comandas hasta que finalmente pudieron confirmar esta operación en una cuenta de algo más de 200 euros.

Cuando le dijeron que sospechaban de que podía estar robando, “bajó la cabeza, no dijo más y se marchó” dijo su jefe directo mientras que otro empleado que estuvo 23 años en el negocio confirmó que el acusado era el responsable de manejar la caja para lo que contaba con su propia clave.

Otro perito cuantificó que en 2016 se habrían sustraído casi 17.000 euros, en 2017, 33.500 y el último año cerca de 21.000 euros y consideró significativo que estos hechos se incrementaran tras su contratación.

Las acusaciones le atribuyen haber modificado las facturas del registro informático de la caja registradora que reflejaban las comandas que se servían en el restaurante, suprimiendo para ello pedidos para que así no aparecieran en el registro informático.

Una vez que posteriormente eran consumidos y efectivamente abonados los importes por los clientes, el acusado se quedaba con el dinero sin llegar a reembolsarlo luego a la caja.