La defensa de Alba trató de sortear el código ético de los abogados con una treta de última hora con un testigo de la acusación

La defensa del magistrado Salvador Alba, dirigida por Nicolás González-Cuéllar, utilizó una treta de última hora, ejecutada el mismo día en el que daba comienzo el juicio, para tratar de sortear los obstáculos que el Código Deontológico y el Estatuto General de los Abogados le imponían para que uno de los testigos de la acusación, el empresario Héctor de Armas, propietario de Seguridad Integral Canaria (SIC), se pusiera a disposición del procesado a espaldas de la parte que lo había propuesto y declarara a favor de sus intereses en la vista oral, comprometiendo de esta manera el principio de lealtad que debe presidir las relaciones entre los letrados.

Así lo reconoció el propio testigo en la comparecencia que prestó en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el pasado miércoles 3 de julio. De Armas había sido propuesto por una de las acciones populares personadas en el procedimiento, la que ejerce el abogado Luis Val en representación del periodista Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell, jueza en excedencia, diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas y declarada víctima de la conspiración por la que Alba se sienta en el banquillo estos días por la presunta comisión de cinco delitos. La acusación acabó renunciando a su testimonio por los severos problemas de salud que arrastra desde hace un tiempo y que el propio empresario admitió y detalló en la vista.

De Armas era, sin embargo, la carta sorpresa que había reservado la defensa de Alba para el juicio. Así lo reveló en el trámite de cuestiones previas el abogado Nicolás González-Cuéllar, el mismo que ha defendido al exministro José Manuel Soria en numerosos procedimientos, al presentar una carta firmada por el actual propietario de SIC el 17 de mayo para denunciar que los hechos por los que está siendo juzgado Alba son producto de un “chantaje” encabezado por su ex jefe, Miguel Ángel Ramírez, el empresario que grabó la conversación que da origen a la causa, en connivencia con Carlos Sosa y Victoria Rosell. El tribunal admitió la incorporación de esa misiva a la causa, sin perjuicio de su valoración, así como la comparecencia de Héctor de Armas, reconvertido en testigo de la defensa tras la renuncia de la acusación.

La treta quedó descubierta durante el interrogatorio al que sometió al empresario la abogada Sandra Rodríguez, que ejerce en representación de Unidas Podemos, personada como acción popular. De Armas reconoció que en fechas “relativamente cercanas al inicio del juicio”, González-Cuéllar le trasladó que el Código Deontológico del Colegio de Abogados impedía que la carta entregada “pudiera ser usada” en el procedimiento. Por ello, le pidió que la remitiese directamente al procesado, el magistrado Salvador Alba, como así hizo al añadir de su puño y letra en la parte final: “Carta dirigida y enviada al señor Alba el 1 de julio”. Es decir, el mismo día del inicio del juicio y al menos un mes y medio después de que la hubiera tenido en su poder su abogado y de que el encausado hubiera tenido conocimiento de su contenido.

En la misma comparecencia, De Armas reveló que los contactos con Salvador Alba y con su abogado se habían iniciado al menos tres meses antes, es decir, mientras el empresario seguía ostentando la condición de testigo de la acusación y a espaldas de la parte que lo había propuesto, la acción popular ejercida por Carlos Sosa, cuyo letrado, Luis Val, defendía además al dueño de SIC en otro pleito en el que se encuentra imputado. Tanto el Código Deontológico como el Estatuto General de los Abogados establecen como principio fundamental la lealtad con los tribunales y con los compañeros de profesión, máxima que ha quedado cuestionada con la actuación de la defensa de Alba en este procedimiento.

De Armas contó durante su declaración como testigo el proceso hasta contactar con el magistrado hoy suspendido y encausado. “No tenía forma de llegar al señor Alba y estuve pensando cómo hacerlo. Entre otras cosas, porque me imagino que el intento de acercarse a él le pondría un poco en situación de prevengo. A través de un periodista, que conozco desde hace muchos años y que sé que (Alba) va con frecuencia a su emisora de radio, Juan Santana, le pedí que tuviéramos un encuentro. Y tuvimos un encuentro donde le expliqué lo que he explicado aquí. Ni más ni menos”, relató el empresario, que ubica temporalmente esa reunión “a finales de mayo”, a pesar de que la misiva entregada al principio de la vista está fechada el 17 de mayo.

A pesar de la enorme expectación que había generado el anuncio de la defensa de Alba al principio del juicio, el testimonio de Héctor de Armas y la tesis de la conspiración contra el magistrado se fue diluyendo a medida que avanzó el interrogatorio. El empresario dijo que su antiguo jefe, Miguel Ángel Ramírez, con quien ahora está enemistado y enfrentado en los juzgados, le hizo escuchar la conversación de “una hora o una hora y pico” que había registrado en el despacho de Salvador Alba después de manifestarle que ese audio era un “seguro de vida” para ambos en la causa por fraude fiscal por la que ambos continúan investigados. Según el testigo, Ramírez pretendía utilizar esa grabación para lograr que el magistrado, que en aquel momento sustituía a Rosell en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, le archivara la causa. Sin embargo, no llegó a tiempo porque “no manejó bien los plazos”.

De Armas también implicó en esa operación al periodista Carlos Sosa y a la jueza Victoria Rosell, aunque todas las alusiones que hizo a la participación de ambos en ese supuesto chantaje se basaban en comentarios de terceros, en referencias, y no en el conocimiento directo de los hechos, como recalcaron tanto el tribunal, como la Fiscalía y el resto de las acusaciones.

El juicio contra Salvador Alba se reanuda este jueves a partir de las 12.00 horas con la reproducción en sala de la grabación encontrada por la Guardia Civil en la papelera del dispositivo de grabación utilizado por Ramírez y con la confrontación de la pericial realizada por dos agentes del cuerpo armado que acreditaron la integridad de ese audio con la propuesta por la defensa del magistrado, elaborada por Jonathan Hellín, que sostiene que los archivos fueron manipulados.