El exgerente de la residencia de mayores de La Aldea confiesa un desfalco de 16.000 euros y evita la cárcel con un pacto

Juan Carlos Hernández Montesdeoca, gerente de la residencia de mayores del municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás entre 2011 y 2015, ha sido condenado por haberse apropiado de forma indebida de miles de euros de ese centro sociosanitario que gestiona la empresa pública Sociedad Aldeana de Servicios y Atención Ciudadana.

En un juicio celebrado el pasado viernes 14 de diciembre, Hernández admitió los hechos que se le imputaban. A cambio de esa confesión, la Fiscalía, que en un principio pedía para él tres años de cárcel, rebajó su petición hasta los seis meses, de manera que el exgerente, que carecía de antecedentes penales, no tendrá que entrar en un centro penitenciario siempre que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años y que devuelva de manera íntegra 15.974,44 euros.

Esos cerca de 16.000 euros eran la cantidad que pedía como indemnización la Sociedad Aldeana de Servicios y Atención Ciudadana, que ha ejercido como acusación particular en esta causa y que ha rubricado también ese pacto con el acusado para reducir su pena.

La Fiscalía, en cambio, sostenía que Hernández se había apropiado de una cifra mayor. En concreto, de 19.774,44 euros, 5.800 más. De hecho, esa es la cantidad que figura en el relato de hechos probados de la sentencia de conformidad dictada por el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 14 de noviembre.

Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, en aras de alcanzar un acuerdo el Ministerio Público aceptó rebajar la responsabilidad civil a la cantidad que pedía la acusación particular, la empresa municipal que ahora preside Ingrid Navarro (ex Nueva Canarias, ahora en Primero Canarias), vicepresidenta de la misma sociedad en la época de los hechos.

La sentencia declara probado, por conformidad de las partes, que Hernández era el responsable de la administración de la empresa pública, así como de la ejecución material de su contabilidad, de la gestión de cobros y pagos y de la utilización de las cuentas bancarias para el abono de las nóminas de los trabajadores de la residencia de mayores.

El acusado aprovechó esa circunstancia para “obtener un beneficio patrimonial ilícito” entre enero de 2013 y agosto de 2015. En este periodo efectuó diversas transferencias a su favor desde cuentas de la sociedad municipal por un importe de 17.237,11 euros en concepto de “adelanto”. Esos movimientos no estaban justificados. Ni Hernández tenía facultades para realizarlos ni había recibido autorización.

En esos 20 meses, el entonces gerente debía haber cobrado 53.047,5 euros en concepto de nómina. Sin embargo, percibió 55.584,83. Es decir, se aprovechó de su cargo como encargado de la gestión de abono de las nóminas para aumentar sus emolumentos en 2.537,33 euros.

En total, por lo tanto, Hernández se habría apropiado de forma indebida de cerca de 20.000 euros. Sin embargo, solo deberá devolver 16.000 porque esa es la cantidad que pedía la acusación particular (el perjudicado, la sociedad municipal), que entendía que había una parte de los fondos transferidos que sí podían haberse justificado.

La sentencia, fruto del acuerdo alcanzado entre las partes, condena a Hernández por un delito continuado de apropiación indebida a seis meses de cárcel, con la accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el mismo periodo, además de obligarle a pagar la mencionada indemnización de 15.974,44 euros. Se le aplica el agravante de abuso de confianza y el atenuante de dilaciones indebidas. La resolución judicial subraya que la causa ha sufrido diversas paralizaciones y ha sido objeto de recursos de reforma y apelación.

El ahora condenado fue gerente de la residencia de mayores de La Aldea durante la etapa de José Miguel Rodríguez (Nueva Canarias) como alcalde. De hecho, el propio Hernández fue en las listas de ese partido en las elecciones locales de 2011 (como tercer suplente) y de 2015 (en el número 10), sin obtener acta de concejal.

Tras la llegada de Tomás Pérez (PSOE) a la Alcaldía en 2015, fue relegado del puesto. La persona que lo suplió en la dirección de la residencia (con capacidad máxima para el ingreso de 30 mayores) permaneció en el puesto hasta abril de 2024, ya con el actual gobierno (formado por PP y NC). El despido del sustituto de Hernández fue declarado improcedente y la sociedad municipal tuvo que indemnizarlo con 22.000 euros.

El actual alcalde, Pedro Suárez (NC), ha declinado valorar la sentencia que condena a Hernández por apropiación indebida.