La Justicia cierra un centro con 43 menores migrantes en Gran Canaria víctimas de presuntas torturas y delitos de odio

La Justicia ha ordenado el cierre de un centro de menores no acompañados de Gran Canaria. El Juzgado piloto de violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado la clausura y precinto judicial del recurso La Fortaleza I, gestionado por Quorum 77, ante ''las numerosas evidencias y testimonios recibidos'' sobre la presunta comisión en su interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, amenazas y contra la integridad moral.

En el dispositivo vivían 43 menores que serán reubicados en otros recursos de la red de acogida de Canarias. El Juzgado ha informado del cierre a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, responsable de la atención de los menores no acompañados que llegan a las islas, con el fin de que ''procure las medidas precisas para asegurar el bienestar y la protección de las personas que allí residían''.

La Policía Autonómica de Canarias ejecutó en la mañana de este lunes una orden de entrada y registro dictada por este Juzgado en este centro de menores, situado en el número 37 de la carretera de Bandama. Hasta ahora, tal y como ha informado Efe, el cuerpo policial autonómico ha detenido a nueve empleados del recurso.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, esta actuación se enmarca dentro de las diligencias previas dictadas por el citado órgano judicial, y han sido incoadas por presuntos delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, amenazas y contra la integridad moral. En este último delito se incluyen las vejaciones, tratos humillantes y degradantes y la tortura. Las diligencias están declaradas secretas.

La Dirección General de Protección a la Infancia, responsable de la gestión de la red de acogida, ha explicado a este periódico que, cuando el área tiene constancia de una posible vulneración de los derechos de los menores en algún centro, da traslado de las denuncias al Juzgado ''de inmediato'' para que se investigue.

En estos casos, la directora general, Sandra Rodríguez, asegura que se requiere a la entidad responsable ''restaurar la normal convivencia'' e incluso apartar de manera cautelar a los trabajadores ''ante situaciones de una falta de buen trato hacia los menores''.

Según Rodríguez, en los últimos tres meses la Dirección General de Protección a la Infancia ha pedido a varias entidades ''que procedan a la separación cautelar de algunos trabajadores'' y las organizaciones procedieron directamente a su despido.