El Ayuntamiento reconoció a Ascan que “un cambio de estrategia” con Smart City impidió la monitorización de la recogida de basuras

Un informe del Ayuntamiento de Santander reconoce que “un cambio de estrategia” municipal en la implatación de la Plataforma Smart City impidió que la adjudicataria de la contrata de basuras, Ascan-Geaser, pudiera monitorizar, como venía recogido en el contrato, la ejecución de este servicio público privatizado.

El informe de la Dirección General de Medio Ambiente incluye un informe de la Dirección General de Innovación, cuyo responsable en aquel tiempo (el informe data de 2016) fue José Antonio Teixeira. Dicho informe era una respuesta a las alegaciones presentadas por Ascan por los sobrecostes que le estaba produciendo que la Plataforma Smart City no estuviera operativa.

El Ayuntamiento, mediante la respuesta del director de Innovación, estimó esta petición de sufragar los sobrecostes, asumiendo la responsabilidad municipal de no tener operativa aún, “por un cambio de estrategia” no detallada, la plataforma tecnológica en donde el adjudicatario de la recogida de basuras tenía que volcar a diario los datos de ejecución del servicio.

Se da el caso de que la empresa que debía tener en marcha la plataforma Smart City era NEC, la misma que asesoraba al tiempo a Ascan en la implantación de la ejecución del servicio, algo que llamó la atención del interventor general del Ayuntamiento de Santander, que en su informe evaluaba el quebranto económico de las deficiencias de la ejecución de la contrata de basuras en más de siete millones de euros. También se da la circunstancia de que NEC fue uno de los destinos que tuvo el exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, cuando concluyó su mandato como ministro de Fomento tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

“Un cambio en la estrategia” con Smart City

“Debido a múltiples cuestiones, el Ayuntamiento cambió su estrategia en cuanto al modelo de licitación, mantenimiento económico y gestión de su plataforma de repositorio de datos, asumiendo este ente local todos los costes derivados de la implementación, integración y mantenimiento de la plataforma que posteriormente se llamó 'Plataforma Smart City' y que por tanto cambiaba de forma radical las necesidades para cubrir los aspectos comentados del repositorio de datos por parte del licitador”.

De este modo, la Dirección General de Innovación reconocía que las deficiencias en el control tecnológico del servicio (se llegó a anunciar la puesta en la calle de contenedores con chips para conocer su nivel de carga en tiempo real) eran imputables al Ayuntamiento, no al contratista.

“El adjudicatario tiene razón en lo expuesto en sus alegaciones en tanto que debido al cambio de estrategia del Ayuntamiento en referencia al modelo de implantación de su Plataforma Repositorio de Datos (Smart City), que no era objeto de este contrato, le ha obligado al adjudicatario a asumir una serie de sobrecostes necesarios e imprescindibles para poder acometer los solicitud en los pliegos o para la puesta en marcha del proyecto”, prosigue en su informe el responsable de Innovación.

La solución puntual a la petición de sobrecostes fue que estos se pagaran en virtud de una cláusula contractual por la que el Ayuntamiento abonaría 150.000 euros cada año para financiar los avances tecnológicos del contrato por parte del adjudicatario. Con ello asumía en la práctica su responsabilidad. “Que sean aceptadas las alegaciones presentadas por la empresa Ascan-Geaser y sean reconocidos los sobrecostes ante la ausencia de la plataforma repositorio de datos o Plataforma-Smart City de la ciudad”, concluye.

Dicho informe lleva “enterrado” desde hace años y se ha hecho público a instancia de la oposición, concretamente la del Partido Socialista, que ha tenido que recordar al equipo de gobierno las iniciativas judiciales que se pueden llevar a cabo si no se facilita la información demandada.

En este contexto, los socios del equipo de gobierno, PP y Cs, llevan meses sin relación. Los de la formación naranja, con su portavoz Javier Ceruti a la cabeza, demandan semana tras semanas explicaciones al PP de su gestión al tiempo que apoyan la convocatoria de una comisión de investigación ad hoc'. Abundando más, en el último pleno municipal, los populares reprocharon a los departamentos de Ciudadanos (que controlan Innovación y Contratación) que no se facilite a la oposición la información requerida.

Hasta el momento, ha sido la Justicia la que se ha pronunciado al respecto en los recursos a multas impuestas por el Ayuntamiento a Ascan por las deficiencias en la ejecución del servicio. Aparte de rebajar de 6.000 a 1.500 euros las sanciones por no motivar debidamente el Ayuntamiento la gravedad de las mismas, el juez indica que aunque la Dirección General de Innovación no fuera la competente en el control y responsabilidad de la contrata (lo eran el Servicio de Ingeniería y la Dirección General de Medio Ambiente, respectivamente), ello no exime a Ascan de incumplimientos en sus obligaciones como contratista.

NEC

Aunque no se detallan los motivos de los cambios de estrategia es reseñable que a ambos lados de la polémica se sitúe la empresa NEC, bien como encargada de Smart City, bien como empresa asesora de la adjudicataria. Esta presentó a la Dirección de Medio Ambiente justificante del pago de más de un millón de euros, mediante el abono de cuotas mensuales, a NEC Ibérica, empresa encargada de la puesta a punto de la plataforma. Según fuentes municipales, en la actualidad NEC llevaría cobrados dos millones de euros, importe que Ascan repercutiría lógicamente en los costes públicos de la contrata.

En 2018, la Fundación Leonardo Torres Quevedo ya puso en conocimiento del Ayuntamiento las deficiencias de la plataforma del Sistema de Gestión Inteligente de Residuos (sensores, disociación de terminales móviles, falta de funcionalidades ofertadas...). Según el informe del interventor municipal es “aún menos comprensible” que esto ocurra cuando NEC es adjudicataria del contrato municipal de la Plataforma Smart City, repositorio donde se debían volcar los datos a obtener en la ejecución diaria del servicio y que nunca se obtuvieron.

Sanciones

Las nueve sanciones impuestas a Ascan fueron rebajadas de 6.000 a 1.500 euros por la justicia ante la falta de justificación de la gravedad por parte del sancionador (el Ayuntamiento de Santander). En los recursos judiciales parcialmente estimatorios para Ascan se refleja precisamente como argumentación del contratista las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la plataforma de gestión del servicio.

Ascan alegó ante el juez que era el Ayuntamiento el que controlaba la puesta en marcha de la plataforma tecnológica, citando al director de Innovación como la persona que les comunicaba lo que tenían que hacer, aunque la responsabilidad del contrato fuera del director general de Medio Ambiente, y la inspección del mismo, del Jefe de Servicio de Ingeniería.

“Quien acudía por parte del Ayuntamiento a las reuniones de control y seguimiento de la parte tecnológica de servicio era el director general de Innovación cuyas órdenes han sido cumplidas por la recurrente (Ascan)”. Ello no quita para que la plataforma no funcione bien y se hayan incumplido las condiciones de su implantación, matiza el juez en uno de los recursos a las sanciones impuestas a la UTE de Ascan-Geaser.