El Ayuntamiento de Ramales adjudicó a la empresa de un concejal un contrato de 500.000 euros

El Ayuntamiento de Ramales de la Victoria adjudicó durante la pasada legislatura un contrato de más de 500.000 euros a una empresa presidida por uno de los concejales del equipo de Gobierno (PP). En el mes de julio del año 2012, el Consistorio, presidido por el popular José Domingo San Emeterio, sacó a licitación el servicio de atención domiciliaria y se lo adjudicó a la Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Servicios de Proximidad Asón-Agüera.

Esta sociedad estaba presidida, al menos desde enero de 2012, por Manuel Varona Garay, que en esa legislatura desempeñó en el Ayuntamiento las funciones de concejal de Personal, Régimen Interno, Policía, Mantenimiento y Servicios, Protección Civil, Medio Ambiente y Ganadería.

De este modo, el exalcalde adjudicó un contrato de más de medio millón de euros a la sociedad encabezada por su compañero de Gobierno y de partido, según reflejan los documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es a través de la plataforma Fíltrala. San Emeterio y Varona fueron los dos únicos ediles liberados en esa legislatura, por lo que percibían del Ayuntamiento la cantidad de 22.500 euros brutos anuales cada uno.

José Domingo San Emeterio, que perdió la Alcaldía en las últimas elecciones aunque continúa como edil en la oposición, asegura que la empresa presidida por su excompañero de Gobierno “no tiene ánimo de lucro” y afirma que la presidencia de la misma es “rotatoria”.

Según explica, la cooperativa se creó en 1999 por concejales y alcaldes de la comarca porque “no había ninguna empresa interesada en prestar servicios de este tipo en la zona” y porque la Mancomunidad del Alto Asón -en la que se agrupan los municipios del entorno- iba a comenzar a desarrollar programas sociales subvencionados con fondos europeos.

Igualmente, el exregidor municipal subraya que no se presentó ninguna otra empresa al concurso público. En el pliego de condiciones se estableció que a la hora de evaluar las ofertas, los criterios cuantificables objetivamente tuvieran el mismo valor que los subjetivos (50 puntos en ambos casos). Finalmente, San Emeterio destaca que la cooperativa “da trabajo a personas de la comarca”.

Incompatibilidad con cargo público

Incompatibilidad con cargo públicoDistintas fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que la adjudicación de un servicio a una sociedad de la que forma parte un concejal no sería ilegal -no habría incompatibilidad con cargo público-, siempre y cuando el edil no figure en los estatutos de la empresa como administrador.

En el momento en el que fue adjudicado ese contrato, en el Consejo Rector de la Cooperativa Asón-Agüera figuraban el propio Varona; el alcalde de Ruesga, el regionalista Jesús Ramón Ochoa, en calidad de secretario, y una tercera persona que no ostenta ningún cargo público y que ejerce como gerente.

En declaraciones a este diario, Ochoa corrobora la versión del exalcalde de Ramales de la Victoria, asegurando que la empresa se creó con la participación de concejales de varios municipios de la comarca e, igualmente, insiste en que no tiene ánimo de lucro y que ni él ni Varona han tenido sueldo -tan solo el gerente, apunta-.

No obstante, el alcalde de Ruesga admite que hace años que el resto de concejales abandonaron la cooperativa al entender que no era “ético” formar parte de una empresa que concurre en concursos convocados por sus ayuntamientos.

También reconoce que fue “un error” crear la cooperativa “a título individual” en lugar de que la condición de socio cooperativista estuviese vinculada a quien ostentase en cada momento el cargo de alcalde en los ayuntamientos que decidieron participar en la constitución de la sociedad.

Apropiación indebida

Apropiación indebidaPor otro lado, según ha podido saber eldiario.es, la cooperativa está siendo investigada por la Justicia debido a que, supuestamente, la persona responsable de las cuentas cargaba gastos de la empresa a la Mancomunidad del Alto Asón, donde esta misma persona también estaba contratada como empleada.

Por el momento hay una persona imputada por un delito de apropiación indebida y, según fuentes cercanas al caso, “existen facturas firmadas de su puño y letra” que corresponden a bienes y suministros de la cooperativa pero que han sido transferidas a la Mancomunidad.

460.000 euros de patrimonio

460.000 euros de patrimonioLas cuentas de la sociedad, a las que también ha tenido acceso eldiario.es, reflejan un balance económico muy positivo. A fecha 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la Cooperativa Asón-Agüera era de casi medio millón de euros -464.215 euros-, con unas inversiones financieras a corto plazo de 330.000 euros.

El Consistorio de Ramales de la Victoria sacó a concurso público la gestión del servicio de ayuda a domicilio en junio de 2012, con un valor estimado de 534.438 euros más 21.377 euros de IVA. La adjudicación fue aprobada al mes siguiente en Junta de Gobierno Local, por una duración de cuatro años prorrogable otros dos y por un importe de 13 euros/hora, pese a que el pliego de condiciones estableció un “precio máximo de la hora, mejorable a la baja” de 12 euros, según figura en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La Cooperativa Asón-Agüera también gestiona en la actualidad el Centro de Día de Liendo después de que el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, le adjudicase a finales de 2009 el contrato por un periodo de 25 años y un canon anual de 500 euros.

San Emeterio, dueño de COPSESA

San Emeterio, dueño de COPSESAEl exalcalde de Ramales de la Victoria ya centró la atención mediática durante la pasada legislatura por distintos casos. El dirigente del PP es el dueño de COPSESA, una de las constructoras habituales con las que trabaja el Ayuntamiento de Santander, también gobernado por el PP. Una de cada dos obras ejecutadas por COPSESA en la capital cántabra entre los años 2007 y 2013 conllevaron modificados de obra, o lo que es mismo, sobrecostes por un valor superior a los 2,5 millones de euros.

Por otro lado, Ecologistas en Acción denunció trató de favor del anterior Gobierno de Cantabria (PP) hacia una planta de aglomerado asfáltico y hormigón ubicada en Camargo y propiedad del popular y a la que supuestamente se permitió iniciar la actividad sin los permisos medioambientales correspondientes. El caso, que se encuentra en manos de la justicia, ha supuesto la imputación de un exalto cargo del Ejecutivo cántabro y del propio José Domingo San Emeterio.