El expedáneo de Fontibre asegura que no se quedó “ni un euro” y el fiscal rebaja a 4 años la petición de cárcel

El presidente del Concejo Abierto de Fontibre entre 2003 y 2015, José Ricardo Escalada (PP), se ha declarado “inocente” este miércoles en la Audiencia Provincial de Cantabria en el juicio con jurado contra él por malversación, en el que ha asegurado que durante su mandato no se apoderó “de nada” de la entidad local, “ni un euro”, ha remachado.

En la sesión, que se celebra esta semana en la Sección Primera y que ha quedado vista para veredicto, el fiscal ha modificado sus conclusiones iniciales y ha rebajado la pena inicialmente solicitada para el expedáneo, de cinco a cuatro años de prisión y de once a diez de inhabilitación, al entender que concurre la atenuante de dilaciones indebidas en esta causa, enjuiciada más de una década después de la denuncia, interpuesta por su sucesor en el cargo, del PSOE y ya fallecido.

Mientras, la acusación particular, que ejerce el pueblo, ha elevado a definitivo su escrito provisional, manteniendo así su petición de seis años de cárcel y diez de inhabilitación por malversar 72.000 euros mediante extracciones en metálico y extensión de cheques de la cuenta del Concejo sin acreditar, de los que adeudaría más de 52.700 euros.

De su lado, la defensa se ha ratificado en la absolución de su cliente, al entender que no existe “ni la más mínima prueba de cargo contra él, ni siquiera indiciaria”. “No se ha quedado ni un céntimo” de las arcas públicas, ha abundado el abogado del procesado, que ya fue absuelto de un delito de falsedad documental juzgado igualmente en esta Audiencia.

En esta jornada, también ha comparecido el perito encargado de analizar la contabilidad de Fontibre en el periodo objeto de este pleito, en el que detectó “ciertas anomalías” pese a que siempre “tiene que cuadrar” y todos los ingresos y gastos deben estar “justificados”, con facturas. En este sentido, ha indicado que los pagos por obras y servicios en metálicos alegados por el implicado y su abogado es algo que “se desvía” de la normativa, aunque ha admitido que en esa época era “muy común”.

En su análisis, constató gastos en obras diferentes a las previstas, y ausencia de “evidencias” de ejecución de otras, y ha admitido a cuestiones del letrado defensor que no incorporó dos cuantías correspondientes a sendos trabajos porque no tuvo esa documentación, que en el supu

Lo que no ha visto este profesional es “ningún desvío” de dinero de las cuentas de la pedanía a las de su entonces alcalde, y “ninguna evidencia de ningún tipo” en este sentido, aunque ha precisado que tampoco era su “función” averiguar ese extremo.

Por lo demás, han declarado los testigos pendientes de hacerlo, entre ellos el que era y sigue siendo alcalde de la Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, también del PP y propuesto por la defensa, que ha coincidido asimismo en que entonces era una “práctica habitual” hacer “pagos en mano” a los operarios según terminaban las labores, aunque ha matizado que “tenía que haber factura”. Cree así que lo enjuiciado obedece más a “ignorancia” que a “mala fe”.

Al margen, ha testificado -por videoconferencia- que Escalada era “el típico” pedáneo que hacía la gestión propia de estos responsables, y ha considerado que llevaba una “vida normal”, como cualquier otro ganadero del Valle. Así, según “comentarios” del pueblo, se trata de un juicio “personal y político”, basado -según ha comentado- en malas relaciones de vecinos y rivalidades de diferentes partidos.

En el plenario se ha leído además la declaración que hizo en fase de instrucción el denunciante y sucesor del pedáneo acusado, el socialista José Luis Macho, que también llevó a juicio al 'popular' por agresión y que igualmente fue absuelto.

En esa citación, en la que admitía que hace dos décadas él también pagaba en mano, indicaba que cuando se presentó a las elecciones para acceder al cargo se enteró de que “faltaba dinero” de la etapa anterior por un “cartel en una marquesina” que así lo advertía, de ahí que decidiera comprobar la contabilidad al ocupar el puesto y denunciar los hechos.

Según la Fiscalía, el acusado realizó durante tres años --entre febrero de 2004 y el mismo mes de 2007-- 17 disposiciones de dinero. En abril de 2007 canceló la cuenta y “se quedó” con el importe restante, 22.869 euros, y tres meses después abrió otra cuenta a nombre de Fontibre con un saldo inicial de 1.000 euros, en la que hizo ocho extracciones.

El importe total de lo detraído asciende a 71.919 euros, de los que hay que restar 16.771 por unas obras en un edificio del Concejo. Además, abonó 2.400 euros de un procedimiento seguido en el Tribunal de Cuentas, por lo que adeudaría 52.746 euros, según la acusación pública, que ve “ánimo de enriquecimiento” en Escalada, que “incorporó a su patrimonio” lo detraído

A lo largo del interrogatorio, el expedáneo, que solo tiene estudios básicos y que se dedica a la ganadería desde que dejó el colegio, ha explicado que “normalmente” accedía él a la cuenta del Concejo, y ha detallado que iba al banco, sacaba el dinero y pagaba en mano en vez de hacerlo por transferencia, así como tampoco hacía factura, pues entonces “se hacía así”. Ha apuntado que los gastos correspondían a labores de mantenimiento, cierres o desbroces, que se realizaban “casi todos” los años. “Todo para el pueblo”, ha resumido.

Aunque no recuerda si rindió cuentas a los vecinos, ha asegurado que “algún” concejo sí celebró, en contra de lo manifestado por varios testigos, y ha agregado en todo caso que remitió toda la documentación cuando dejó el cargo: “Lo que había, estaba allí. Lo entregué todo”.

De las cuantías con motivo del cierre de una cuenta y apertura de la otra, ha explicado que el dinero se sacó de la primera para “pagar a los albañiles” que habían acometido una reforma en la conocida como casa de los pastores, que “estaba en ruinas”. A preguntas de los jurados, ha aclarado que las reformas se hicieron en 2005 y se abonaron en 2007 porque los operarios encargados trabajaban en más obras e iban haciendo esta “lentamente”.

En otro orden de cosas, ha calificado como “muy mala” la relación que tenía con el denunciante y la ha achacado a cuestiones “de familia, de lo que pasa en los pueblos”, mientras que con el actual no tiene “ninguna” relación. Por último, ha aseverado que no ha cambiado su estilo de vida y que ser alcalde de Fontibre no le ha “costado dinero”, pero tampoco ha “ganado” con ello, más allá de “disgustos”.

Expolio de Fontibre

En esta jornada también ha testificado un vecino del pueblo que ha manifestado conocer los hechos enjuiciados, “de oídas”, y ha agregado que se puso de manifiesto que “no cuadraban las cuentas” de Fontibre en el primer pleno del siguiente mandato al de Escalada, con el que ha dicho que no se saluda.

Otro testigo ha explicado que hizo trabajos para la Junta Vecinal encargados por su presidente, que “algunas veces” le pagaba “en mano”, pues él había “adelantado el dinero”, y ha indicado en todo caso que facturaba a la pedanía.

El responsable de una tienda de venta de material para el campo ha señalado que Escalada adquiría productos en su local, tanto para él como para la Junta Vecinal, y ha indicado que a veces pagaba en metálico pero él emitía factura, y que no dejó “nada a deber”. “Todo lo que compró lo pagó”, ha zanjado.

El fiscal cree que si bien no hay “prueba directa” de que el expedáneo se haya “quedado con el dinero”, sí la hay “indiciaria”, extremo que ha negado la defensa, que no ve “la más mínima prueba de cargo, ni siquiera indiciaria” para sostener la acusación, mientras que el abogado de Fontibre ha dicho que Escalada dispuso del dinero “a su antojo” para hacer “un expolio a las cuentas del pueblo”.