El Sindicato de Estudiantes de Cantabria dice que las multas a los acampados “no detendrán la necesidad de garantizar un techo”

El Sindicato de Estudiantes de Cantabria, uno de los colectivos que protagoniza la acampada ciudadana en Santander, han expresado su “total rechazo y condena pública” ante las recientes actuaciones policiales dirigidas contra las personas acampadas en la Plaza Porticada de Santander, movilizadas para reclamar el acceso a una vivienda digna.

Una actuación refrendada por la alcaldesa, Gema Igual, que ha dicho que los acampados estan “privatizando” el suelo público y que por tanto tendrán que ser multados.

Desde el colectivo estudiantil relatan que agentes de la Policía Local se han personado en el lugar de la protesta para identificar a las participantes y advertirles con la imposición de sanciones administrativas. “Consideramos inadmisible que el equipo de gobierno municipal del Partido Popular, encabezado por la alcaldesa Gema Igual, recurra al amedrentamiento y a las amenazas de sanción para acallar una reclamación social urgente en lugar de ofrecer respuestas concretas a la crisis habitacional”, subrayan.

En este sentido, explican que el encarecimiento de los alquileres, la falta de alternativas reales de emancipación para la juventud y la proliferación descontrolada de pisos turísticos están expulsando a la clase trabajadora y a las familias de Santander, “consolidando un modelo de ciudad orientado a la especulación y a los intereses rentistas”. “Ante esta realidad, la única intervención del Consistorio ha sido el hostigamiento hacia quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales de reunión y manifestación”, reprochan.

Por todo ello, desde la organización exigen la retirada inmediata de cualquier propuesta de sanción y el cese absoluto del hostigamiento policial hacia quienes participan en la acampada. Así mismo, reclaman medidas urgentes de choque que frenen la especulación inmobiliaria, regulen el mercado de la vivienda y pongan coto al avance de los pisos turísticos en el municipio. 

Por último, reafirman su compromiso y apoyo activo a las movilizaciones ciudadanas y juveniles “recordando que la vivienda es un derecho fundamental y no una mercancía al servicio del negocio financiero”.  

“Las multas y la coerción institucional no detendrán la legítima necesidad de garantizar un techo y un futuro digno en Santander”, concluyen.