La Ley de Realojo y Retorno de Cantabria, a un paso del Tribunal Constitucional

El Gobierno autonómico defenderá la constitucionalidad de la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma en el procedimiento puesto en marcha por iniciativa del Gobierno de España, fundado en las dudas trasladadas a iniciativa del Ministerio de Justicia sobre invasión del ámbito competencial del Estado.

Tras la propuesta del Gobierno central de reunir a la comisión bilateral para evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, han acordado poner en marcha el grupo de trabajo para tratar de buscar una solución que evite terminar en el Tribunal Constitucional y solventar las diferencias en torno al texto, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

El Gobierno de Cantabria ha decidido así defender, a través de sus servicios jurídicos y técnicos, la conformidad de la Ley del Suelo aprobada con las competencias que tiene Cantabria, intentando en todo caso evitar el conflicto con el Estado.

La discrepancia competencial se plantea sobre el apartado 4 de la nueva redacción de la Disposición Adicional Octava por la presunta invasión de competencias del Estado en materia de Derecho Civil.

Al mismo tiempo, el consejero ha solicitado la comparecencia urgente ante el Pleno del Parlamento para explicar las posturas de los gobiernos de España y Cantabria y la naturaleza del procedimiento que ahora se pone en marcha, mediante la convocatoria de la comisión bilateral, así como para escuchar las aportaciones de los diputados en esta materia.

Una ley impulsada por la oposición

El Parlamento de Cantabria dio el visto bueno el pasado 24 de octubre, con los votos a favor de PP, Podemos y Ciudadanos y la abstención de los socios de Gobierno PRC y PSOE, a una modificación de la Ley del Suelo que garantizaba el derecho al realojo y de retorno a los afectados por actuaciones urbanísticas.

La proposición de ley aprobada buscaba extender la garantía del derecho a toda actuación de ejecución urbanística en la que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, tanto si se actúa mediante expropiación forzosa como a través de cualquier otro sistema de ejecución.

Para ello se obliga al promotor de la actuación a dar cumplimiento al deber de realojo y retorno ofreciendo una vivienda de sustitución a cambio de la que resulta expropiada sin que deba existir compensación económica adicional. Además, se impone como criterio de realojo el de mayor proximidad a la ubicación originaria, en una normativa que surgió como respuesta al conflicto desatado en el barrio santanderino de El Pilón.