Buruaga (PP) tras aprobar un convenio de 256 millones con el hospital privado Santa Clotilde: “Jamás hemos privatizado asistencia sanitaria”
La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), ha asegurado que la ley que impulsa el Ministerio de Sanidad para limitar la colaboración público-privada en sanidad “no afectaría a ningún proyecto” que su Gobierno “pueda tener en marcha, en ciernes o en la cabeza, porque jamás hemos privatizado asistencia sanitaria”.
El 1 de enero entró en vigor el convenio singular que firmó con el Hospital Santa Clotilde, un centro privado y religioso, que “asumirá la realización de parte de la cartera de servicios” del Servicio Cántabro de Salud, según dice textualmente el texto del acuerdo consultado por elDiario.es.
El convenio se anunció inicialmente por 216 millones de euros, que finalmente fueron 40 más. Un acuerdo que se prolongará además durante dos décadas, hasta el año 2042, a cambio de 256 millones de euros de dinero público, cuando además el hospital privado carece actualmente del personal, camas e infraestructuras requeridas.
No obstante, de las declaraciones de la presidenta se desprende que no considera una privatización de la asistencia sanitaria el hecho de que se deriven consultas, intervenciones quirúrgicas e ingresos de pacientes a un hospital privado. A ello se añaden los programas de cribado de cáncer de mama y colon que ya no los prestaría la sanidad públicaen detrimento de este centro sanitario privado.
“Tranquilidad absoluta”, ha insistido la presidenta al ser preguntada por esta norma anunciada en las últimas horas por el Gobierno de España. Buruaga “supone” que “no se puede prohibir” la colaboración público-privada, sino que el Gobierno quiere “tratar de poner las cosas un poco más difíciles, como si nos sobrara colaboración en este país para llegar a los objetivos comunes”, informa Europa Press. En todo caso, ha dicho que, cuando un Gobierno no tiene mayoría, este tipo de reformas “no van a ninguna parte y se van a quedar en lo que se van a quedar”.
Buruaga ha recalcado que “Cantabria es la comunidad con menos grado de privatización de asistencia sanitaria en este país”. “En cualquier caso ese nunca ha sido ni es ni será el modelo del Gobierno del Partido Popular de Cantabria”, ha sentenciado, al tiempo que ha lamentado que algunos les acusen de privatizar la sanidad por el reciente convenio singular con el Hospital Santa Clotilde “basados en el desconocimiento”.
“Es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es integrar funcionalmente un centro sin ánimo de lucro y concertado en el servicio de salud porque es la manera de dar estabilidad y transparencia a una colaboración necesaria, estructural y que lleva existiendo el mismo tiempo que lleva existiendo nuestro servicio de salud”, ha argumentado.
Frenar la privatización sanitaria
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, para limitar este modelo a situaciones excepcionales y previa evaluación, con el objetivo de priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios.
La ministra de Sanidad, Monica García, ha justificado esta limitación en la necesidad de frenar la proliferación de modelos privados asociados -según el Ministerio- a falta de transparencia y menor capacidad de control institucional orientados al beneficio económico. Esta medida afectaría a todos los centros y servicios del sistema nacional de salud.
En el texto del anteproyecto se prohíben las concesiones de obra. Es decir, aquellas situaciones en las que una constructora levanta un hospital público y se paga un canon durante décadas. Es decir, se prohibiría el modelo que la propia presidenta Buruaga utilizó para reconstruir el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander cuando ella era la consejera de Sanidad y el actual consejero de Salud, César Pascual, dirigía el centro médico.
La ministra ha llegado a citar situaciones como las sucedidas en Cantabria cuando ha aludido a la externalización de pruebas o procedimientos, como cribados de cáncer de mama.