“Insecto”. “Perra, en Bezana hay una perrera para adiestrarte”. “Tu marido te pone los cuernos”. “Tienes pelos de loca”. “Hueles mal”. La historia de ocho años de abusos laborales en el hospital comarcal de Sierrallana, en Torrelavega, tiene como protagonistas a cuatro 'villanas', nueve víctimas y un 'quijote'.
Este último sería el sindicalista José María Fernández Cobo, al que todos conocen como Chema, y que fue la persona que tuvo el valor y la perseverancia de no rendirse cuando todos miraban para otro lado, entre ellos, los cinco gerentes que pasaron por el centro sanitario público en el periodo en el que se cometió el acoso. Él apoyó a las víctimas en la travesía de soledad que han soportado en un asfixiante ambiente de intimidación: ansiedad, bajas médicas, problemas psiquiátricos provocados por continuas vejaciones, mofas que las forzaron a renunciar al puesto o pedir el traslado.
Llamaron a todas las puertas y nadie salió a abrir; ni los responsables de la sanidad pública de Cantabria, ni los sucesivos directores del hospital, ni los sindicatos. Ninguno escuchó el timbre. Pero todos conocían la hoguera de humillaciones, insultos y menosprecios que durante años avivaron cuatro trabajadoras, entonces interinas, del Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana de Torrelavega.
“Ha sido una actuación conjunta y prolongada en el tiempo ante la pasividad de muchos observadores, que ha comportado graves consecuencias para la vida de las denunciantes”, llega a expresar la sentencia que refiere la difusión, en un grupo de WhatsApp, de memes de un compañero sodomizando al jefe de sección.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ya es firme y condenó a las cuatro acusadas a prisión en enero de 2024, como autoras de delitos de coacciones hacia compañeros que fueron pasando por el servicio desde el año 2011. Tres de ellas recibieron una pena de cinco años y tres meses de prisión y 14.400 euros de multa como autoras de seis delitos de coacciones. A la cuarta de las acusadas, la magistrada le atribuye cinco delitos de coacciones con una pena de tres años y medio de cárcel y la misma multa.
Además, deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria con 7.343 euros a uno de los coordinadores y a una técnica, como perjudicados. Las tres primeras, además, indemnizarán a otra de las coordinadoras con 6.281 euros por los daños sufridos. Las condenadas habían contratado para su defensa a Carmen Sánchez Morán, la penalista más reputada de Cantabria.
Pero todavía ninguna de ellas ha entrado en la cárcel. La pesadilla continúa para las víctimas que siguen compartiendo espacio laboral con sus acosadoras, aunque ahora en otro laboratorio —el del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander—, a la espera de que se resuelva la solicitud de suspensión del ingreso en prisión de las condenadas, tras el dictamen del Juzgado de lo Penal que ratificó hace unos meses la Audiencia Provincial.
Ninguna de ellas perderá su plaza fija, ni recibirá ninguna sanción administrativa, ni del Servicio Cántabro de Salud, ni del Hospital, ni de la Consejería. Ni siquiera está claro que lleguen a poner un pie en la cárcel.
Una estrategia para consolidar sus puestos
Cada vez que B. entraba por la puerta alguien preguntaba en voz alta: “Chicas, ¿os habéis duchado hoy?”. Así un día tras otro, durante años. Desde 2011 a 2019, cuatro mujeres trabajadoras del Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana intimidaron y hostigaron a todos los compañeros que llegaban al servicio. El objetivo: consolidar sus puestos de trabajo.
Las cuatro mujeres forjaron una estrecha amistad que derivó en un férreo grupo de presión y poder para dominar e intimidar a otros trabajadores que fueron pasando por su departamento. Su actitud hacia el resto de compañeros que les resultaban “un estorbo” fue la de “faltar al respeto de manera constante”, reconoce la sentencia.
De esta manera lograron consolidar su puesto trabajo en servicio en el que llevan trabajando entre 21 años —la más veterana— y 7 años. La cuarta estuvo primero con contratos temporales hasta que en 2016 consiguió trabajar de forma ininterrumpida en Sierrallana y conseguir después una vacante en el Hospital de Valdecilla.
La táctica era quitarse de en medio posibles competidores en su aspiración final de consolidar su plaza. Lo consiguieron. Porque otros trabajadores con mejores puestos en las listas de contratación que ellas se vieron forzados a cesar o rechazar contratos para evitar padecer “la presión y hostigamiento en el trabajo”, reconoce la jueza en la sentencia.
Tres de ellas consiguieron una plaza fija gracias a la antigüedad que habían acumulado 'espantando' a todas las personas que ponían un pie en el laboratorio. “Para conseguir el ejercicio de su voluntad en la forma de realizar y organizar el trabajo, fueron excluyendo y hostigando a todos aquellos que no quisieran seguir sus directrices”, subraya el veredicto.
A una de las auxiliares administrativas le cambiaban el tóner de la impresora, simulaban no entender lo que decía y distribuyeron un meme con una foto suya y una frase: “La mala leche se quita follando, ¿me entiendes?”. A otra técnica de laboratorio la obligaban a usar el baño masculino con la excusa de que “robaba”. Se dirigían a ella como “perra”, “te pareces a Dumbo”, “das asco”, “alguien ha comido macarrones con chorizo hoy, a alguien le gusta mucho el chorizo”, decían en alusión a que se pintaba los labios de rojo. Es una de las personas que tuvo que estar en tratamiento psiquiátrico después de convivir con sus agresoras en el hospital.
También acosaron a sus jefes
Durante años actuaron con tal impunidad que intimidaron y acosaron incluso a sus superiores. La magistrada destaca que su actitud fue especialmente “beligerante” con los coordinadores del servicio, de quienes desoían sus directrices, les ridiculizaban o desprestigiaban su trabajo.
Un coordinador de los que pasó por este servicio con un ambiente tan tóxico con el que describe la sentencia consultada por elDiario.es llegó a perder el pelo. Sufrió una alopecia por ansiedad después de que, entre otras vejaciones, utilizasen el término 'maricón' para dirigirse a él de forma indirecta y reiterativa.
En una ocasión el cuarteto de acosadoras cogieron de su despacho una caja de bombones, los chuparon y los colocaron nuevamente en su lugar. Desconociendo lo ocurrido, el coordinador se los ofreció al resto de trabajadores del servicio contra quienes, obviamente, también dirigían sus dardos. Por supuesto, después se lo hicieron saber.
Las víctimas siguen conviviendo con las condenadas
El proceso de investigación interna o la denuncia judicial de los casos de acoso suele dejar a las víctimas a la intemperie hasta que se consigue una resolución o un veredicto, dependiendo del camino elegido. Lo que no es común es que cuatro funcionarias condenadas a penas de hasta cinco años de cárcel por seis delitos de coacciones sigan trabajando sentadas a pocos metros de sus víctimas.
La tensión se ha trasladado ahora a otro laboratorio, el del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander, donde trabajan —ya con la plaza fija— dos de las condenadas y una tercera que ha pedido traslado desde su anterior destino en Sierrallana. Allí conviven durante su jornada laboral con varios técnicos que fueron víctimas de su campaña orquestada de coacción.
La desconcertante situación se vive en estos momentos ante la pasividad de las autoridades políticas y gestores sanitarios. El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual (PP), argumenta que “no se puede hacer nada”. En estos 14 años tampoco sus antecesores hicieron nada por frenarlo ni por ayudar a las víctimas, que cada vez iban siendo más numerosas.
Tras mucha insistencia de las víctimas se abrió finalmente una inspección que en julio de 2019 —ocho años después de comenzar las coacciones— detectó indicios de delito y trasladó el asunto a la Fiscalía. Pero no se les abrió un expediente disciplinario, un error que ha conducido a la paradójica situación actual, según explican desde el Servicio Cántabro de Salud.
El responsable de sanidad, interpelado recientemente en la sala de prensa del Gobierno de Cantabria, dijo que el Gobierno no lo puede abrir ahora “porque no se hizo en su momento y los hechos están prescritos a efectos de la ley”. Acabó recomendando a las víctimas que acudan al servicio de prevención de riesgos laborales del hospital.
En opinión de algunos juristas, probablemente tampoco hubiese servido de nada haber pedido la inhabilitación profesional de las condenadas en el proceso penal. Cuando, al parecer, las coacciones no afectan en sentido estricto al ejercicio de las funciones de un empleado público.
Lo que acredita la sentencia
El juez considera acreditado un “grave conflicto” que “viene de años atrás y que era plenamente conocido en todo el hospital”, ya que “ha llegado hasta las más altas instancias, tales como gerentes, jefes del servicio, de sección y directores médicos, así como al servicio de prevención de riesgos laborales”, dice el texto. “Pese a ello, de manera incomprensible para esta juzgadora, no se ha adoptado ninguna medida efectiva ni adecuada para poner fin a la situación”, añade.
A la hora de calificar la conducta de las acusadas, la magistrada explica que constituyen un delito de coacciones, dado que “crearon un grupo de poder, control y dominación” dentro del laboratorio para “imponer su forma de trabajo y facilitar, de algún modo, la preferencia de contratación de las tres acusadas interinas frente a otras personas integradas en las listas de contratación”.
También lo es el hecho de que “actuaban en grupo y de forma conjunta, e iban fundamentalmente contra una persona cada vez, a la que presionaban, menospreciaban, faltaban al respeto hasta el límite de buscarse la salida del servicio o no aceptar contratos que le pudieran interesar”.
En su actitud, dice la sentencia, “concurre el empleo de intimidación en su actuar, pues la posición de fuerza y hostigamiento constante por ellas ejercida sobre cada persona afectada generó sin duda un ambiente intimidatorio dentro del laboratorio, conocido no solo por los que estaban trabajando en él, sino incluso por aquellos que venían de fuera”.
En definitiva, la sentencia resuelve que llevaron a cabo “un actuar claramente intimidatorio que provocaba una sensación de sometimiento a sus pautas a fin de evitar ser objeto de sus actos perjudiciales, lo que debe calificarse de una verdadera violencia o intimidación”.