La explotación del parking de La Marga acumula pérdidas por valor de casi 300.000 euros

Ascan-Sadisa seguirá ligada al parking subterráneo construido sobre el falso túnel del Distribuidor de La Marga después de que la Justicia haya desestimado la demanda que presentó contra el Ayuntamiento de Santander, al que reclamaba una indemnización cercana a los 300.000 euros debido a las pérdidas que le está ocasionando la gestión de esta infraestructura público-privado como consecuencia de la falta de usuarios.

El grupo empresarial había presentado un recurso contra la resolución de la Junta de Gobierno Local de Santander de mayo de 2017 que rechazó la petición de reequilibrio económico financiero o, subsidiariamente, la resolución del contrato de concesión.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander ha ratificado la decisión adoptada por el equipo de Gobierno (PP), si bien deja patente que el proyecto impulsado por el anterior alcalde y ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no ha cumplido las previsiones ni las expectativas generadas por el Consistorio de la capital cántabra.

El grupo empresarial alegaba que los ingresos obtenidos desde la puesta en marcha del parking en el año 2014 han sido “muy inferiores” a los previstos, ya que, por un lado, no se han venido ninguna de las 85 plazas reservadas inicialmente para los vecinos de la zona y, por otro, los ingresos por rotación “apenas han alcanzado de media el 10% de lo previsto”. Esto, señala la empresa, “impide si quiera cubrir costes de la obra ni gastos”.

A este respecto, el perito judicial había estimado que para el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión desde su apertura hasta el año 2017, la aportación a cargo de las arcas municipales debería de ser de 282.000 euros.

Entre las causas de este desfase, la constructora esgrimía al “riesgo imprevisible” que ha supuesto el traslado de la Residencia Cantabria, que cerró sus instalaciones en el año 2016 tras la conclusión de las obras de ampliación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y que ha supuesto un “desplome” de los ingresos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santander defendía que “la Administración no está obligada a asegurar al concesionario una recaudación o rendimiento, ni a recuperar la inversión realizada”, de modo que la gestión del servicio corre “a riesgo y ventura” del concesionario. Y, en segundo término, apuntaba que el plazo de concesión es de 50 años, por lo que entiende que “es injustificada la alegación de insostenibilidad económica en el tercer año de su explotación”.

Respecto al cierre de la Residencia, el Consistorio destaca que el plan económico financiero presentado por la empresa preveía “un beneficio acumulado de 26 millones de euros” y, aunque reconoce que tenía como “punto débil” que la ocupación estaba “muy vinculada” al centro sanitario, subraya que “este extremo era conocido por la recurrente”.

En un auto fechado el 7 de enero, al que ha tenido acceso eldiario.es, el magistrado Luis Acayro comparte “plenamente” los argumentos del Ayuntamiento y defiende que “el incumplimiento de las expectativas económicas del concesionario no genera por sí sólo un derecho al equilibrio económico”. “El motivo es que en ningún momento la concesión garantiza la recaudación o rendimiento mínimo alguno”, recalca.

El juez también comparte que la reclamación de Ascan-Sadisa es “cuanto menos prematura”, ya que apenas han transcurrido tres años de la concesión cuando se contempla una duración de 50 años y, en este sentido, sostiene que “la situación puede revertir”.

En cuanto a la incidencia del traslado de los servicios de la Residencia, Acayro recuerda que esta posibilidad era conocida por la empresa, ya que esta fue a su vez adjudicataria en 2007 de las obras de ampliación de Valdecilla. “Es decir, era partícipe de unas obras que iban a tener una consecuencia que ahora alega desconocer, lo que impide valorar tal circunstancia como imprevisible”, apostilla el magistrado, que también resalta que este traslado era “público y notorio”.

Cabe recordar que Ascan-Sadisa se hizo cargo de la construcción del parking a finales del año 2012 después de que renunciara la adjudicataria inicial, la UTE formada por las empresas Tratado, Emilio Bolado y Transitia. Tras el rescate a cargo de este grupo empresarial, que también es concesionario del servicio de limpieza viaria de la ciudad, el Ayuntamiento renunció al canon de 1,7 millones de euros.