WWF cambia de estrategia y espera que el Estado prohíba la caza del lobo al declararlo especie 'no cinegética'

La organización conservacionista WWF España se opone al nuevo cupo de caza de 34 lobos decretado por el Gobierno de Cantabria para este año y el que viene, pero no lo recurrirá ante el desestimiento que esta vía suele obtener. Es más partidaria de apoyar la vía política que está promoviendo el Ministerio de Transición Ecológica, cuya titular es Teresa Ribera, quien puede declarar en breve a este cánido como especie no cinegética y por lo tanto prohibir su caza.

El Ministerio de Transición Ecológica acaba de recibir un dictamen de un Comité Científico sobre el cual tomará una decisión. Dicho dictamen considera que la especie en España no puede calificarse de vulnerable, pero en todo caso recomienda que se declare no cinegética o, en palabras del comité científico, debe incluirse en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La decisión política es ahora del Ministerio, ya que el dictamen no es vinculante, pero es de esperar una decisión en tal sentido ante las recomendaciones que ya está haciendo llegar a las comunidades autónomas.

Este dictamen fue encargado por el Estado tras demandar Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo) que el cánido fuera declarado vulnerable y no cinegético. El resultado acaba de hacerse público y en resumen arroja dos conclusiones. Por un lado, no se recomienda la inclusión del lobo en la categoría de “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, pues la información aportada sobre el tamaño del área de distribución no es concluyente. Por otro, se recomienda su incorporación en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial debido a que la información disponible pone de manifiesto su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas naturales.

Cantabria es una de las autonomías más duras en contra del lobo. El Parlamento cántabro ya rechazó una propuesta de Podemos de declarar al 'canis lupus' especie no cinegética, y el Gobierno que preside el regionalista Miguel Ángel Revilla, con su consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco (PRC), como principal portavoz, ha dejado claro en reiteradas ocasiones que “la especie a proteger es la del ganadero”.

En concordancia con este aspecto, el último cupo para la 'gestión' del lobo establece la posibilidad de abatir al 20% de los ejemplares que campan por Cantabria. Los recursos judiciales corren el mismo riesgo de ser rechazados como lo fueron los de cupos anteriores y a diferencia de otros territorios como Castilla y León, donde los conservacionistas están obteniendo el respaldo de los jueces.

Sin embargo, la normativa estatal es jerárquicamente superior a la autonómica, por lo que una declaración por parte del Estado tiene un peso superior a la cántabra y puede hacer realidad el sueño de los conservacionistas de que no se maten más lobos y las políticas públicas vayan encaminadas a la prevención, con medidas destinadas a los ganaderos. También existe una directiva europea (Hábitat) a trasponer a la normativa española, pero hace referencia a la prohibición de la caza, salvo excepciones muy justificadas, al sur del río Duero.

Gemma Rodríguez es portavoz de WWF España en lo que atañe al Programa de Especies. Para esta organización, existe un problema de datos en el país dada la escasa colaboración de las autonomías. La Rioja, por ejemplo, no hace público el número de lobos que abate. Ello impide hacerse una idea exacta de la especie en España y de las políticas que se aplican, imperando cifras no homogéneas de diversa procedencia. Según cálculos de WWF, cada año se abaten en el país 150 ejemplares.

“Recurrimos el pasado año y fue desestimado”, ha comentado Gemma Rodríguez ante la posibilidad de presentar nuevo recurso por el último cupo. “Las razones se replicarían porque la legislación es ambigua y permite asideros para hacer interpretaciones. Para nosotros, ahora, es fundamental la vía legal que ha promovido Ascel. Al final será una decisión política del Ministerio y de las comunidades autónomas. Nuestra estrategia es hacer ver a las comunidades autónomas la necesidad de fomentar medidas preventivas”.

Una de las reivindicaciones de WWF es la homogeneización de las políticas sobre el lobo en el país. Cada autonomía prácticamente tiene una norma distinta y una voluntad política de diversa intensidad, lo que se acompaña de la interpretación de los jueces, ya que los recursos administrativos confirman la decisión de las respectivas administraciones.