El chantaje de las eléctricas

Las eléctricas españolas han amenazado con apagar sus centrales nucleares ante el plan del Gobierno para abaratarnos la luz. El Ejecutivo ha reaccionado por fin como una coalición de izquierdas, ha decidido cumplir su acuerdo gubernamental y ha decretado quitarle a las energéticas el beneficio extraordinario que gana al vender la energía más barata de producir (hidráulica y nuclear) al precio de la más cara (el gas) porque así está diseñado el mercado. 2600 millones que ellos ganarían y nosotros pagaríamos, ahora nos los vamos a ahorrar en la factura. Se les llama “beneficios caídos del cielo”, pero no caen de arriba, salen de abajo, de nuestros bolsillos. 

Al oligopolio no le parece bien perder el regalito, dicen que sin él no pueden pagar el mantenimiento de las nucleares y que tienen que cerrarlas antes de lo firmado. No sólo es falso lo que dicen, ilegal lo que dicen que van a hacer, es un chantaje al Gobierno, al país, a sus ciudadanos. Como me quitáis lo que gano sin mover un dedo, os rompo todos los dedos de la mano para obligaros a pagármelo. Esta es la empatía de las eléctricas, la de los mafiosos. 

Pero la extorsión no ha empezado ahora, empezó cuando se firmó el pacto de coalición, en el que ya estaba la supresión de los beneficios por la patilla. Empezó incluso antes, cuando PSOE y UP pactaron esa reforma del sistema energético en el acuerdo de presupuestos de 2018 y las eléctricas se desplomaron en Bolsa. Y se ha recrudecido este año cuando el Gobierno anunció la nueva tarifa por tramos para reducir el consumo y por tanto las ganancias de las empresas. No es casualidad que, desde que entró en vigor la reforma tarifaria el 1 de junio, se hayan disparado los precios. Lo que perdían por un lado, nos lo han cargado por otro. 

Han aprovechado el encarecimiento de la energía en el mercado internacional para esconder el sablazo, pero no nos engañemos: la subida estratosférica de la luz es también responsabilidad de las eléctricas que han hinchado los precios de las energías más baratas y que han vaciado pantanos para vender más hidráulica con sobreprecio. El oligopolio de la energía le tiene declarada una guerra a la coalición de izquierdas en la que los daños colaterales somos los consumidores. El chantaje lo pagamos los ciudadanos. 

Para defendernos de los matones, tenemos la Constitución que, en su artículo 128, lo dice bien claro: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

El interés general exige la intervención gubernamental. A corto plazo, con las medidas del Gobierno que también ha decretado la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica y la bajada del IVA al 10% y del impuesto a la luz del 5% al 0,5%. A largo plazo, urge la nacionalización para abaratar la luz. Francia, EE.UU, Holanda, Suecia, Australia, Italia, Suiza o Japón, que no son precisamente bolivarianos, cuentan con compañías eléctricas con participación pública. 32 de las 50 mayores empresas del mundo la tienen. Nacionalizar la energía para asegurar un precio asequible es la norma en Europa y tendencia mundial. 

Por supuesto, la derecha se ha alineado con las eléctricas. No cabía esperar otra cosa del partido que con Rajoy impuso un impuesto al sol y con Aznar culminó la privatización energética que inició Felipe González. Ahí está el quid de la cuestión. Las puertas giratorias de los políticos que a ellos y a las eléctricas les enriquece y al ciudadano le electrocuta. Para acabar con los calambrazos hay que acabar con los enchufes. No podemos estar recibiendo descargas durante los 10 años que faltan para que venza la mayoría de las concesiones de las instalaciones al lobby energético, hay que nacionalizar ya. Aplíquese la Constitución.