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Artículos de opinión de Javier Gallego, director del programa de radio Carne Cruda.

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La Justicia española da vergüenza ajena

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Dos noticias que se entienden mejor juntas y que no han levantado el revuelo que debieran. En respuesta al caso Valtònyc, el Constitucional de Bélgica ha derogado la ley de 1847 que perseguía las ofensas a la Corona porque colisiona con la libertad de expresión amparada por su Carta Magna y la Carta Europea de Derechos Humanos. En España, PSOE y PP han pactado la renovación de nuestro Tribunal Constitucional en la que los populares han colocado a Enrique Arnaldo, señalado en dos casos de corrupción, y a Concepción Espejel, recusada como magistrada en el caso Gürtel por su cercanía a Génova. La justicia y la política española se miran en el espejo de la justicia belga y dan vergüenza. Vergüenza ajena.

Bélgica nos ha dado una bofetada doble, a lo Bud Spencer. Por un lado, ha puesto de manifiesto que el delito de injurias a la Corona de nuestro Código Penal es un anacronismo impropio de una democracia. Por otro lado, mientras los belgas avanzan hacia la protección de las libertades civiles frente a los poderosos, el poder político y judicial español sigue hundido en la corrupción y el compadreo para defender privilegios. Bélgica se quita la caspa de una ley del siglo XIX para garantizar una justicia igualitaria, España continúa con su sistema caciquil decimonónico de jueces partidarios y partidos privilegiados.

No es la primera vez que nos sacan los colores en Europa. De hecho, en los últimos años, cada vez que la justicia española sale ahí fuera a por lana, vuelve trasquilada. Al Supremo le han mandado a hacer puñetas en su persecución a Puigdemont en Alemania, Italia, Bélgica y la propia Unión Europea. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por limitar la crítica a las autoridades e instituciones del Estado y se ha convertido en la corte de apelación de los activistas perseguidos por los tribunales españoles, incluido el Constitucional, que antes corregía las sentencias más represoras y ahora las apuntala.

La comparación de nuestro TC con el belga es odiosa. No sólo le debemos la sentencia contra el Estatuto de Cataluña que ha dado lugar al procés, recientemente, a instancias de Vox, también ha tumbado los estados de alarma que salvaron miles de vidas y ha instado a las administraciones a sufragar a los colegios que segregan por sexo. Democracia plena. Con los nuevos nombramientos propuestos por el PP y aceptados por el PSOE, en el enésimo chanchulleo bipartidista, no cabe esperar modernización y apertura. Un tribunal que fue creado para defender las libertades y derechos recogidos en la Carta Magna, se ha convertido en una agencia de colocación para restringirlos y mantener el orden establecido. 

Tampoco es la primera vez que la justicia belga pone en evidencia a la española por el caso Valtònyc. Ya rechazó la extradición del músico por enaltecimiento del terrorismo, delito que no está en su ordenamiento, y después de la sentencia del Constitucional, es casi seguro que hará lo mismo por el delito de injurias a la Corona. En marzo de este año, el Consejo de Europa instó al Gobierno de coalición a eliminar esos dos delitos de nuestro Código Penal y el de ofensa a los sentimientos religiosos porque cercenan la libertad de expresión y han servido para aplicar un “castigo desproporcionado e innecesario” a activistas y artistas como Valtònyc o Hasel.

En España, hay quince raperos condenados a penas de cárcel, uno de ellos en prisión; otro, exiliado para evitarla. Cómicos, titiriteros, tuiteros, cantantes se han tenido que sentar en el banquillo por comentarios o chistes. Los chicos de Altsasu fueron a la cárcel por terrorismo, una sentencia por cierto de la próxima jueza del Constitucional, Concha Espejel, “querida Concha”, como la llamaba Cospedal. Ha habido más juicios por terrorismo desde que ETA no mata, la mayoría por opinar. Deberíamos salir a manifestarnos por todo ello pero el Gobierno sigue sin derogar una Ley Mordaza que persigue la libertad de expresión y manifestación como en un país autoritario. Además de vergüenza ajena, la justicia española da miedo.

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