Agentes Medioambientales y Ecologistas rechazan la nueva Ley de caza
La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) y Ecologistas en Acción son algunos de los colectivos que han presentado alegaciones al borrador de la futura Ley de Caza, sometido a información pública.
Ambas organizaciones coinciden en denunciar el sesgo de la norma favorable a la caza comercial en detrimento de la caza tradicionales y de otros usos del medio natural. También existe coincidencia a la hora de criticar la proliferación de nuevos vallados cinegéticos por los riesgos que tienen para la fauna y las limitaciones que suponen para el resto de usuarios.
APAM ha exigido a la Consejería de Agricultura, dentro de las cincuenta alegaciones que ha presentado, que en la futura Ley de Caza se reflejen con claridad “las funciones que, como Policía Medioambiental especializada, desarrolla de forma continua el Cuerpo de Agentes Medioambientales en cuanto al control de armas, registro de vehículos o inspecciones en talleres de taxidermia, entre otras”.
Ecologistas en Acción por su parte critica que el Gobierno regional sólo haya tenido oídos para las demandas del lobby cinegético, el cual, según los ecologistas “ha visto plasmadas en la norma buena parte de sus exigencias, entre ellas, más subvenciones, limitaciones que afectarán a los ciudadanos en el uso público del medio natural y más posibilidades para cazar de forma intensiva”.
Las ciento setenta y cuatro alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción afectan a la mayor parte de los 86 artículos y 21 disposiciones de que consta el anteproyecto.
Uno de los aspectos más novedosos y de mayor impacto de la Ley es el que atañe al uso público, el cual se va a ver gravemente afectado por nuevas prohibiciones para el resto de ciudadanos y nuevos vallados cinegéticos.
Según los ecologistas uno de los puntos donde el lobby cinegético ha conseguido uno de sus mayores triunfos frente a los derechos del resto de ciudadanos es en el artículo 27.m que dice, literalmente, que se prohíbe “Cualquier acción […] que provoque la huida o altere las querencias naturales [de la caza]…”. Esto implicaría que cualquier usuario del medio natural se verá expuesto a las medidas coercitivas que quiera emprender el titular cinegético de los terrenos o sus guardas.
Por otra parte, la Ley de Caza crea la figura de los vallados secundarios que permitirá multiplicar el número de vallas existentes en la actualidad en las grandes fincas, lo que sin duda mermará la transitabilidad de las vías públicas por parte de otros usuarios.
Además de los cercados cinegéticos que fragmentan los hábitats de las especies protegidas, se impulsa el uso de lazos y trampas contra los predadores e incluso se permite la caza de especies domésticas como los gatos y perros si se encuentran en el medio natural. Amplía los cotos de caza comercial intensiva, ahora denominados cuarteles, no prohíbe ninguna modalidad actual de caza masiva o cruel, y, además, exime a los titulares cinegéticos de responsabilidades en determinados casos de aparición de veneno en los cotos.
Por otra parte, según distintos apartados que recoge la Ley, los titulares de cotos verán rebajadas las tasas de matriculación de los acotados, no requerirán autorización previa para determinadas actuaciones y verán rebajadas las sanciones al 50% respecto de lo establecido en la ley anterior, que data de 1993. Así, por ejemplo, las infracciones muy graves pasan de implicar una multa de 6.000 a 60.000 euros a ser de 3.000 a 30.000 euros.
Finalmente, el Gobierno se permite primar económicamente la caza justo en el momento en el que las ayudas sociales y medioambientales están en mínimos, y así, según el artículo 40.3, la Consejería de Agricultura prevé “de acuerdo con su dotación presupuestaria en materia de subvenciones […] los fondos que estime oportunos para llevar a cabo medias de fomento destinadas a titulares cinegéticos”.
En suma, Ecologistas en Acción valora la nueva Ley de Caza como antiambiental y antisocial, por lo que animan a todos los colectivos y ciudadanos que se puedan ver afectados por la Ley de Caza a seguir presentando alegaciones y quejas ante la Consejería de Agricultura ya que creen que “no es de recibo que un sector tan determinado se pueda ver beneficiado de forma tan flagrante por un Gobierno que debiera servir al interés general”.
