Castilla-La Mancha reformulará su ley antiocupación ante el silencio de Pedro Sánchez y la remitirá al Congreso

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, a pocos días de que termine el ultimátum que dio el presidente regional, Emiliano García-Page, al Gobierno de Pedro Sánchez, ha abogado por remitir directamente a las Cortes Generales la Proposición de Ley contra la ocupación ilegal de viviendas aprobada en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha hace un año con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP.

En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez Guijarro ha explicado que en el caso de no recibir respuesta por parte del Gobierno central, “la decisión que nos puede corresponder como comunidad autónoma es tramitarla nosotros directamente ante las Cortes Generales” para que sean éstas las que la tomen en consideración y puedan tramitarla en su caso, ha apuntado.

El Parlamento regional dio el visto bueno a esta legislación que afecta a normativa nacional, y tomó la decisión de remitirla al Gobierno central para que fuera el propio Ejecutivo de Sánchez quien la asumiera como propia, pero toda vez que tras pasar un año natural no se han registrado movimientos desde Moncloa, se optará por la segunda de las vías, que es enviarla al Congreso de los Diputados para que pueda valorar la puesta en marcha de su tramitación.

En concreto, fue el 17 de diciembre del año 2020 cuando el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó, con el apoyo de Cs y la abstención del PP, la Proposición de Ley, para elevar al Gobierno de España --de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución Española-- el Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.

“Nosotros creíamos por lo complejo del tema y por las implicaciones que tiene que era importante que el Gobierno la asumiera y fuera el Gobierno, con la base de la Proposición de Ley, quien, con las modificaciones que tuviera oportunas, la pudiera trasladar a las Cortes Generales”, ha abundado el vicepresidente. Según ha dicho, el debate sobre la ocupación ilegal de viviendas se tiene que producir en el seno de la Administración del Estado, “y no estoy pensando solo en el Gobierno sino también en el Congreso de los Diputados, que es donde radica la soberanía”, ha indicado.

El ultimátum

En septiembre el presidente regional lanzaba un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez y ponía como fecha diciembre para que tomara en consideración esta propuesta legislativa. “Dijimos diciembre, si esto no se produce, tenemos que ver, porque esto es una proposición de las Cortes, tenemos que ver con los grupos parlamentarios si volvemos retomar el asunto y en este caso ya trasladarlo directamente a las Cortes Generales”, ha añadido.

Ahora el acuerdo tiene que ser, ha señalado el vicepresidente, trasladar la Proposición de Ley directamente a las Cortes Generales. Según ha explicado, habrá que designar unos representantes de las Cortes de Castilla-La Mancha que defiendan la toma en conocimiento de esa ley en el Congreso y, “obviamente, son los diputados los que tienen que votar si la admiten a tramite o no la admiten a trámite”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha destacado Martínez Guijarro, sigue pensando que “hay que hacer una reflexión” sobre el tema de la ocupación ilegal de viviendas ya que “sigue siendo un problema de primer orden en algunas zonas muy importantes de la región”. “Nosotros ahí no tenemos capacidad de actuación y los ayuntamientos las tienen muy mermadas, y lo que planteamos es que se generen herramientas para dar respuesta a ese problema” que afecta a muchas comunidades de vecinas en la región, ha apostillado.

Así, ha lamentado que muchas personas que han adquirido su vivienda ven que “de la noche a la mañana” su vida normal se ve “alterada” por la ocupación de las viviendas aledañas a la suya que “trastocan la convivencia social de una manera importante”. “Hemos visto ejemplos durante las últimas semanas, incluso de violencia preocupante en algunas de estas zonas”, y es por ello que ha emplazado al Gobierno de España a “mover ficha” en este sentido.

El objeto de esta ley pasa por la regulación de medidas de protección del patrimonio y su legítima posesión, de potenciación de las medidas adoptables por las autoridades competentes para la tutela de la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal, y de agilización de las vías procesales específicamente dispuestas para tales fines, ante situaciones de ocupación ilegal.

Próximo periodo de sesiones

De otro lado, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha referido la previsión legislativa del Gobierno regional de cara al próximo periodo de sesiones. En este momento hay dos leyes en las Cortes que están en tramitación. Se trata de la ley de Aguas, y la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, también conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos de 2022, que previsiblemente se aprobarán en el primer trimestre y en el primer pleno que se celebre en el Parlamento, respectivamente.

Dentro de la previsión para el siguiente periodo de sesiones, Martínez Guijarro ha destacado la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, que ya ha sido remitida al Consejo Consultivo y que espera que en los primeros tres meses del año esté ya en las Cortes y se pueda tramitar.

La previsión del Ejecutivo hasta agosto también incluye la Ley de la Viña y el Vino, “otro proyecto trabajado con el sector desde hace tiempo”; la Ley de Infancia, una modificación de Ley de Vías Pecuarias para adaptar esta legislación que “bastante antigua” en la región y dotarla de “un poco de flexibilidad”; así como un Proyecto de Ley de Resolución de Conflictos en materia de Consumo.