Los sindicatos critican que 16.000 empleados públicos que trabajan presencialmente: “Ni siquiera existen dispositivos que midan la calidad del aire”

Los cuatro sindicatos de la función pública de la Junta de Comunidades, (CCOO, UGT, CSI-F y STAS) han denunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tome medidas como instaurar el teletrabajo entre el personal público para reducir la incidencia del virus y garantizar la prevención de los riesgos laborales del personal público. Las organizaciones recuerdan que en la última semana se han notificado 2.626 muertes por coronavirus en España y la incidencia acumulada de Castilla-La Mancha asciende a 1.247 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días, 359 casos más que la tasa nacional.

“Esta situación de extrema peligrosidad no ha resultado suficiente para que el ejecutivo de García-Page tome medidas eficaces para proteger la salud de las 16.000 personas que forman parte del personal público, sorprende que no tomen más medidas siendo el laboral el segundo ámbito regional donde se producen más brotes de coronavirus”, aseveran. Igualmente, señalan que las distancias de dos metros no son suficientes en entornos cerrados, según evidencia científica. “Sin embargo, todo el personal público tiene que continuar acudiendo a sus centros de trabajo, donde ni siquiera existen dispositivos que midan la calidad del aire (CO2)”, afirman.

De este modo, recuerdan que el 18 de enero, Emiliano García-Page anunciaba una serie de estrictas medidas para hacer frente a esta tercera ola y que la población castellanomanchega ha asumido durante estos días “un importante esfuerzo para vencer al virus”. “Sin embargo, el Gobierno regional no asume el mismo esfuerzo en la prevención de contagios del personal público”, lamentan. “De su mano esta implantar el teletrabajo para evitar nuevos brotes y contagios, una solución relativamente sencilla y con un coste económico muy modesto que se puede poner en marcha de forma rápida como se ha visto con el temporal Filomena, donde con poco tiempo de aviso el personal público ha continuado desarrollando sus trabajo de forma telemática, cumpliendo con eficacia su tareas y funciones, a pesar de que multitud de empleados y empleadas se han visto obligadas a compatibilizarlo su tareas laborales con el cuidado de sus hijos e hijas”, aseguran.

En este sentido, aseguran que la “animadversión” hacia el teletrabajo se ha reflejado en la “continua negación” de las solicitudes de teletrabajo del personal que se viene sufriendo desde que en el mes de julio se exigiera el informe vinculante de la Dirección General de Función Pública, además, desde los sindicatos, se lleva meses solicitando que se empiece a negociar el nuevo decreto de teletrabajo cuyo plazo de publicación está a punto de expirar.

“Observamos con mucha inquietud esta falta de preocupación del Gobierno Regional por la Salud de las 16.000 personas que formamos parte de esta administración pública, que no solo supone un riesgo para nuestra salud, sino para la salud de nuestras familias y para el resto de la población castellanomanchega”, concluyen.