La decisión del Supremo abre aún más interrogantes sobre el futuro del ATC

La decisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar el acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha, de 28 de julio de 2015, para ampliar el Espacio Protegido de la Laguna del Hito, que afecta a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), supone (en teoría) una primera batalla legal ganada para el Gobierno central. Sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa nuevos interrogantes en torno a esta polémica instalación nuclear.  

El primero tiene que ver con lo que realmente suspende el Supremo y que es el acuerdo tomado por el Gobierno castellano-manchego para ampliar el área de influencia de la ZEPA que la Junta llevó a cabo en julio de 2015 pero no la protección ambiental en sí. Algo que se deduce de las palabras del consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, quien ha repetido en las últimas horas que “el espacio está protegido”.

“Hoy en enero de 2017 el espacio que rodea la Laguna del Hito está protegido medioambientalmente porque esa fue la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha”, insistía. ¿Quiere eso decir que el Supremo se pronuncia sobre la forma pero no sobre el fondo (la protección ya consumada)? De hecho, el decreto que dio el visto bueno a la protección de esta zona sigue en vigor, salvo que el abogado del Estado plantease también su oposición, según fuentes del Ejecutivo regional.

En todo caso, la Junta dice estar estudiando la sentencia y declara que no tira la toalla. “Ante la tesitura de apostar por un modelo energético nuclear y un modelo de energías renovables, el Gobierno apuesta claramente por el segundo modelo”, aseguraba ayer el consejero. Hoy en el Parlamento regional lo ha vuelto a repetir. 

¿Es posible un recurso  del Gobierno de Castilla-La Mancha ante los tribunales europeos apelando a la normativa vinculada a la Red Natura 2000? Eso podría forzar una opinión desde Europa al conflicto español con el ATC pero las posibilidades de prosperar son impredecibles. 

¿Qué pasa con el POM fallido de Villar de Cañas?

El segundo gran interrogante tiene que ver como el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas. Este jueves, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, decía que el Gobierno regional peleará “con todas sus fuerzas” para que no se construya el “basurero nuclear” en Villar de Cañas (Cuenca).

Entre otros “escollos” para que se pueda construir el cementerio nuclear apunta que el Supremo no ha entrado a determinar la idoneidad de los terrenos y recuerda que el POM de Villar de Cañas está anulado “porque no cumple las instancias al casco urbano y porque no tiene dotación de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana”. Según ha recordado la consejera, “hasta en tres ocasiones se solicitó agua par la construcción de esta infraestructura y la Confederación se lo denegó”.

La Junta defiende la tesis de que  “sigue vigente esa protección ambiental de esa zona ZEPA de la Laguna del Hito” y De la Cruz cree que “aún habría que esperar al menos un año a que se pronunciase el Tribunal Superior de Justicia sobre este tema para que se pudiese tomar alguna decisión con respecto a esta instalación”, ha finalizado.

¿Pedirá Rajoy a Europa la declaración de interés general del ATC?

También queda en el aire si las negociaciones que el Gobierno central mantiene con Bruselas para declarar el ATC de 'interés general' para el país seguirán o no adelante tras la sentencia del Supremo.

En el caso de anularse definitivamente la ampliación de la ZEPA de El Hito tampoco será fácil, según decía el Gobierno regional hace unas semanas. Sin el conflicto ambiental de por medio, ya no sería Europa el árbitro sino el Congreso de los Diputados.

La declaración de 'interés regional' ha de tener rango de ley en una Cámara en la que el PP no tiene mayoría y además, tiene enfrente a numerosas fuerzas políticas que se oponen al ATC. Sobre todo con las dudas que existen en torno al emplazamiento y ante la iniciativa de las propietarias de las centrales nucleares de construir sus propios Almacenes Temporales Individuales (ATI's). ¿Cómo justificaría el Gobierno un ATC más allá del desembolso económico ya realizado y que suma 80 millones de euros sin poner un solo ladrillo?

Rafael Catalá: el Supremo no resuelve el fondo

Tampoco hay de olvidar el papel que ha jugado quien ostenta la cartera de Justicia, Rafael Catalá, no solo como ministro sino como  diputado en el Congreso por Cuenca. Se ha declarado  defensor del ATC y ha sido muy crítico con la decisión del gobierno regional de ampliar la ZEPA de la Laguna de El Hito.

El Ejecutivo regional “no debería sentirse tan incómodo como para tener que multiplicar por 25 una zona de protección, donde no existen, por cierto, las aves”, llegaba a asegurar, a pesar de que la memoria técnica del Gobierno regional que justifica su ampliación, recoge que hay “especies casi únicas” en la zona.

En cualquier caso, Catalá reconocía este jueves que la sentencia del Supremo es una suspensión que no resuelve sobre el fondo del asunto y dijo confiar en que el proyecto se desbloquee “por la vía de la negociación política y si no es así por la vía jurisdiccional”.

Otra de las curiosidades es el ponente en la sentencia. Jesús Ernesto Peces Morate es un magistrado del Supremo, ya jubilado, que sigue vinculado al Alto Tribunal en su condición de emérito. Una figura -que el PP ya propuso eliminar- y que le permite continuar ejerciendo hasta los 75 años.

Peces Morate es conocido por su oposición a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, entre otras cosas, al considerar que  puede comportar para algunos padres “una forma de adoctrinamiento”. Fue uno de los jueces que se declararon en favor de la insumisión hacia la asignatura.

La postura del magistrado ponente es clara pero no incide en si el emplazamiento es o no el mejor para guardar la basura nuclear. Dice no compartir con el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha el fallo que le dio la razón a la Junta contra el recurso inicial del Gobierno de Mariano Rajoy. El magistrado cree que el “perjuicio” que causa la ampliación de la ZEPA está en el “entorpecimiento a la gestión de los residuos radioactivos y, por consiguiente, el debilitamiento de la seguridad nuclear, con lo que se daña un servicio público esencial”.

El magistrado aboga por tener en cuenta este aspecto “frente a la protección de una determinada zona como hábitat de unas aves”. Es más, afea al Tribunal castellano-manchego su postura porque cree que resulta “prevalente preservar la adecuada gestión de los residuos radioactivos en orden a una mejor seguridad nuclear” y  no tanto “la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para las aves y la modificación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales”.

¿Y la declaración de impacto ambiental?

Finalmente, otra de las preguntas en el aire es si el Ministerio de Agricultura dará luz verde a  la declaración favorable de impacto ambiental  (DIA) que permita empezar a construir. Hay  que recordar que Enresa adjudicó ya algunos contratos para adelantar trámites de un proyecto que, de momento sigue paralizado.  El Gobierno castellano-manchego podría también optar por ponerle 'pegas' que retrasan todavía más el ATC.

“El medio ambiente está por encima de las cuestiones radiactivas”. Esa es la postura oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha. Para conocer más sobre el futuro del silo nuclear solo cabe esperar.