Un diputado de Podemos, a juicio por combatir el desahucio de una pensionista
David Llorente es ahora diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero sus inicios en la política fueron en la calle. Así lo relata él mismo. Y así era como estaba el 14 de noviembre de 2012, día de huelga general, en una acción que, aseguran, fue pacífica en Guadalajara convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Un grupo de cerca de cuarenta personas ocuparon sin violencia una sucursal en la capital alcarreña, para pedir la condonación de la deuda de una pensionista, María, quien también acarreaba la deuda de su hijo.
“Intentábamos detener el desahucio de una familia, pero se nos desalojó y se nos abrió un expediente sancionador”, afirma Llorente quien explica que el origen de la denuncia viene de la subdelegación de Gobierno en Guadalajara. La multa que le corresponde al ahora diputado regional es de 200 euros, acusado de alterar el orden público. “Consideramos que la sanción no es apropiada, ya que sólo estábamos ejerciendo nuestro derecho fundamental a la protesta”, argumenta el parlamentario. Además, el diputado afirma que el colectivo estaba defendiendo un derecho “constitucional”, como es el derecho a la vivienda.
Los afectados por la sanción han recurrido “hasta el final”, primero a través de un recurso de amparo, uno contencioso-administrativo hasta el juicio que estaba fechado para hoy 30 de septiembre, pero que se ha aplazado hasta una fecha desconocida. Además del diputado, se encuentran entre los sancionados dos concejales del Ayuntamiento de Guadalajara, del grupo municipal 'Ahora Guadalajara': José Morales y José María Gil. Ante esto, el diputado de Podemos ha querido destacar el recorrido de las reivindicaciones: “Seguimos trabajando por los derechos humanos, pero ahora desde las instituciones, de manera oficial”. Llorente ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido, como la concentración convocada por la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara trabaja, de hecho, dentro de la Plataforma Antirrepresiva, y ha calificado las denuncias como “represivas” al venir desde la Policía, no desde la entidad financiera. Mamen Sánchez, portavoz del colectivo ha señalado que no aceptarán “ninguna negociación” que no sea la de eliminar las denuncias, por lo que seguirán recurriendo las denuncias hasta llegar a una sentencia favorable. De las 35 personas que se vieron afectadas por este caso, sólo una ha logrado una sentencia favorable, mientras que el resto siguen a la espera de un juicio que ha sido aplazado.
