Más de 170 castellanomanchegos que residen en el extranjero, en situación de “vulnerabilidad”

Actualmente, 24 castellanomanchegos cumplen condena por distintos delitos en cárceles de otros países. Los expedientes de tres de ellos están ya siendo tramitados por el Gobierno español para su retorno y para que puedan cumplir sus condenas en nuestro país. Se trata de dos hombres albaceteños y un toledano. Todos cumplen penas relacionadas con delitos por tráfico de drogas.

La Fundación +34 ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de estas y otras personas que, por unos u otros motivos, se encuentran en el extranjero. Su objetivo es “ayudar a cualquier español en situación de abandono y desamparo fuera de nuestro país”, en particular a quienes se encuentran en prisiones extranjeras y, ahora, la intención es dar una vuelta de tuerca más a la asistencia para incluir también a quienes residen fuera y se encuentran en situaciones de necesidad.

En el caso de los presos, “la misión es la asistencia humanitaria a estas personas”, explica Javier Casado, director de la Fundación en lo que tiene que ver con “comida, ropa, medicinas… necesidades esenciales y cariño humano para que sientan que no están solos. En el caso de que se pudiera, ayudamos en su repatriación a España”.

Y es que, detalla, “en la mayoría de las cárceles de las que hablamos no se cumplen los derechos humanos, según los propios informes de Naciones Unidas o del Defensor del Pueblo. Nuestra misión no es la de denunciar las situaciones en las que viven los españoles porque al final la sufren igual los ciudadanos de origen. La idea es que puedan ser asistidos y que no les falten las más mínimas garantías para cumplir su condena: sin comida, sin medicinas…Muchos acaban muriendo allí”.

“Se trata de que cumplan la condena sin perder la vida. Y además de la asistencia, en los casos en los que ellos quieran que puedan volver a España a terminar de cumplir la condena. No solo por las condiciones, sino por las familias que son las grandes perjudicadas”. Pero hay algunas excepciones, la Fundación +34 no da cobertura a quienes están condenados por delitos sexuales, de sangre o por terrorismo.

España tiene convenios multilaterales o bilaterales con un buen número de países que permiten el traslado de presos para que puedan cumplir condena en nuestro país, pero no ocurre siempre, resalta Casado, para poner el caso de Abu Dhabi: “Los encarcelados tienen una situación más difícil porque no pueden ser trasladados a España”.

Para que el preso español pueda cumplir condena en España debe disponer de una sentencia firme y declarar en un documento “firmado por él, y sólo por él” que quiere cumplir la condena en España. En nuestro país se tarda en tramitar la documentación entre tres y cuatro meses y debe ser ratificada por el Consejo de Ministros que la remitirá al país donde se encuentre el español encarcelado. A partir de ahí habrá que esperar a la autorización final del país en cuestión para que Interpol se encargue del traslado a España. En total, explica Javier Casado, la media está entre los dos y los tres años de espera. “Muchos no han llegado a venir, fallecieron antes”, lamenta.

El siguiente paso, atender a castellanomanchegos en otras situaciones “vulnerables”

En 2017 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) por unanimidad que pedía al Gobierno de España llevar a cabo “las acciones oportunas para garantizar los derechos de los ciudadanos españoles en cárceles del extranjero”. Algo que se producía a raíz del caso de la tobarreña Nieves García, encarcelada en Tailandia desde 2010 y que en febrero de este año conocía la noticia de que cumpliría condena en nuestro país. 

La misma PNL instaba en 2017 al Consejo de Gobierno “a aprobar un protocolo de colaboración, con dotación de fondos para actuaciones asistenciales, con las entidades sin ánimo de lucro que trabajan para garantizar los derechos y la calidad de vida de las personas castellanomanchegas en situación de privación de libertad en centros penitenciarios extranjeros”.  Algo que, explica Javier Casado, la Junta castellanomanchega cumplió en la pasada legislatura y, dice Casado, “fue una de las comunidades autónomas punteras”.

El director de la Fundación +34 explica que “nos valió en aquel momento. En dos años fueron 20.000 euros en ayudas. Es muy poca cantidad, pero sirvió para dar asistencias de emergencia a castellanomanchegos en Perú, Tailandia y Brasil. Y además contó con el apoyo de todos los partidos. El consenso es algo que siempre buscamos”.

El artículo 5 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior atribuye la competencia compartida en relación a estas personas tanto al Estado como a las comunidades autónomas. En el caso de estas últimas se alude a las competencias que residen en las consejerías de “Trabajo y Asuntos Sociales” para que “cuenten con los medios personales, materiales y técnicos precisos para prestar la debida asistencia, protección y asesoramiento a la ciudadanía española en el exterior”.

El mismo artículo apunta que deberán prestar “especial atención a aquellos que se encuentren en situaciones de necesidad y a los privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a la pena capital o cadena perpetua, así como a la ciudadanía española que haya sido víctima de delitos de lesa humanidad en procesos de represión política”.

El caso de la albaceteña ‘tirada’ en Lima (Perú)

Pero más allá de quienes están presos, hay otras situaciones que a veces pasan desapercibidas hasta para las familias de quien emigran. Desde la Fundación +34 cuentan el caso de una albaceteña obligada a salir de España por la crisis y que hoy reside en uno de los barrios más pobres de Lima (Perú).

Tras separarse de su marido peruano sobrevive vendiendo café y pan en un pequeño establecimiento llamado ‘La Españolita’. Con poco más de 40 años y dos hijos es de esos españoles que “se han quedado tirados en el extranjero pero, en su caso, no es solo cuestión de que pueda ser repatriada. ¿Dónde y de que viviría en España? Necesitaría un plan, unas condiciones mínimas de inserción en la vida de Castilla-La Mancha”.

Cuando en 2017 Castilla-La Mancha aprobó instar al Gobierno regional a ayudar a los castellanomanchegos en cárceles extranjeras “nadie puso el foco en esa otra problemática de quienes viven en el exterior”. Casado se refiere a los españoles de origen (los nacidos en España) que emigraron. De ellos, se calcula que hay unos 30.000 castellanomanchegos y más de 170 se encuentran actualmente en situación de vulnerabilidad, aunque es difícil dar una cifra exacta. “Muchos no reconocen ni a sus familias que lo están pasando mal”.

 

Algunos se marcharon para huir de la crisis de hace una década. “La salida era su última oportunidad” y después de un tiempo se han quedado sin recursos por distintos motivos. La Fundación +34 mantuvo hace unos días un encuentro con el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, buscando apoyo de los grupos parlamentarios.

“Confiamos en que se pueda dar cobertura no solo a las personas privadas de libertad sino a quienes están en estas situaciones, a través de un convenio asimétrico para casos de especial necesidad que requieren urgencia”. Pero la propuesta solo está sobre la mesa. Fuentes de las Cortes regionales han explicado a eldiarioclm.es que se estudiará la propuesta con los grupos parlamentarios, aunque de momento todo está en el aire, según confirma también la propia Fundación +34.