“Maldito trasvase”. Así se refiere Greenpeace al acueducto entre el Tajo y el Segura en su último informe 'El Crimen del Agua', en el que culpan a la infraestructura directamente de ser una de las razones que han “destruido” el “paraíso” del Mar Menor en Murcia. “Su impacto medioambiental, tanto en la cuenca cedente como en la receptora, ha sido muy negativo”, señalan mientras apuntan a que el coste económico se ha dejado sentir en un grupo “muy concreto” de empresas agrarias y ganaderas“ que han sabido ”acaparar“ la mayoría de recursos.
“El coste negativo no se ha calculado, pero se hará, aunque el coste de destruir un paraíso como el Mar Menor es difícil de calcular”, recalcan. Por ejemplo, apuntan al efecto del “exceso” del agua que provoca el trasvase en “varios puntos”, como ocurre en las ramblas de Albujón que deberían estar secas pero que “vierte agua al Mar Menor como si de un río se tratase”.
“La comunidad científica coincide en que la llegada continua de agua del trasvase al Campo de Cartagena ha provocado que el nivel freático haya aumentado hasta el punto de que es habitual que el agua brote en determinadas partes bajas, porque no se filtra con suficiente celeridad al mar”, señalan en el informe.
Greenpeace también apunta a que existen variadas alternativas al agua del trasvase para hacer frente a la demanda hídrica en Murcia: desde el correcto tratamiento de las aguas subterráneas renovables y las aguas desalobradoras y recicladas. “Un proceso que podría hacerse en tres años hasta alcanzar la independencia del trasvase”, afirman.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
La organización ecologista internacional señala que “no se trata de demonizar a la región de Murcia”, ya que el 'modus operandi' que se ha detectado en la gestión del agua y los regadíos murcianos puede extrapolarse a “muchas otras zonas del país”. “El Mar Menor es la punta de un enorme iceberg que es el destructivo modelo agroindustrial”, recalcan. De esta manera, apuntan directamente al sindicato SCRATS que ejerce un poder “inusual” en la región y que son los encargados de repartir el agua que llega de Castilla-La Mancha.
Greenpeace también insiste en que es la “oligarquía” de la agroindustria la que más ha apostado por el mantenimiento del trasvase, ya que “garantiza un flujo a demanda de agua nada más abrir el grifo”. “La oligarquía se refiere con frecuencia a sí misma como 'agricultores y agricultoras' pero la inmensa mayoría jamás lo han sido, de hecho, muchas de estas empresas son multinacionales o están controladas por fondos de inversión”.
En el informe se señala a empresas como el Grupo Paloma que cuentan con una toma de agua “directa” desde el acueducto Tajo-Segura y que está “reconocida” por el organismo de cuenca con un desvío señalizado “aunque no figura en los mapas de la infraestructura”.