La nueva Ley de caza del PP cerrará caminos y prohibirá actividades de ocio y productivas en acotados
Ecologistas en Acción ha expresado su alarma ante una medida que provocaría “un grave impacto en el derecho al libre acceso por caminos y vías pecuarias y el desarrollo de tareas agrícolas, ganaderas o de turismo rural”.De acuerdo con el anteproyecto de Ley de caza, ahora en tramitación, queda prohibida “cualquier acción que pretenda espantar a las especies de caza existente en terrenos ajenos, así como aquellas que provoquen la huida o alteren las querencias naturales, incluida la recogida de espárragos, setas, hongos, u otros frutos silvestres en los días de caza o previos a estos, cuando esté correctamente señalizada la cacería y se actúe sin el consentimiento del titular del aprovechamiento cinegético”, según se lee en el artículo 27 del citado texto.
Castilla-La Mancha abre así la vía para “priorizar la caza sobre el resto de usos y aprovechamientos del medio natural al imponer una restricción general a cualquier acción que moleste potencialmente a la caza”, tal como afirman desde Ecologistas en Acción, y lo hace en unas condiciones que pueden ser muy amplias en el tiempo, al no precisar lo que se consideran días previos a una cacería en un coto donde se hagan cacerías recurrentes, como ocurre en los intensivos, donde podría estar prohibido el acceso a lo largo de casi toda la temporada de caza que abarca de octubre a febrero.
Tanto los gestores del coto como los guardas y agentes de la autoridad podrán cerrar el paso a cualquier usuario del monte, y la cacería tendría prioridad frente al uso de un camino público o a acceder al monte para desarrollar otro tipo de actividad.
El sector cinegético ya presionó para que se incorporara una regulación similar en el borrador de Ley de Montes a nivel estatal, pero el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha frenado, de momento, la iniciativa. Desde Castilla-La Mancha se toma ahora el testigo a favor de los cazadores, convirtiéndose así “en campo de pruebas”, dicen los ecologistas, como ya lo fue también con la pretendida venta de montes públicos, que tuvo que ser frenada por la presión social.
Organizaciones del Foro Ambiental de Castilla-La Mancha, entre ellas Ecologistas en Acción, han alegado contra el citado artículo exigiendo a la Consejería de Agricultura su retirada del borrador de Ley, ya que “atenta contra el derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente y pone en peligro el normal desarrollo de actividades económicas esenciales para el medio rural”.
