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Más de ocho millones de alumnos y 670.000 profesores de la enseñanza no universitaria comienzan un curso escolar que se caracteriza por la aplicación de la LOMCE y la irresponsable improvisación de la administración educativa. Chapuceros en lo técnico y malintencionados en lo político e ideológico. El caos estaría servido si no fuera por el esfuerzo de la comunidad educativa para evitarlo.
La gran mayoría de la comunidad educativa está de acuerdo en lo que esta Ley representa, y es la Segregación con mayúsculas. En las Juntas de Evaluación realizadas en septiembre se han empezado a aplicar las medidas a las que obliga la LOMCE y que son la segregación del alumnado desde edades bastante tempranas (13 años). Derivación de alumnos a los llamados Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), a Formación Profesional Básica, a itinerarios en 4º de ESO de enseñanzas “académicas” o “aplicadas” que conducen al Bachillerato o a la FP siempre que aprueben la reválida.
A pesar de que el Parlamento aprobó la paralización de la LOMCE, el Gobierno sigue empeñado en aplicar uno de los aspectos más cuestionados, las reválidas. Como en los mejores tiempos, sacó un Real Decreto el 31 de julio, en vacaciones, con “nocturnidad y alevosía”, donde establece que se realizarán en 4º de ESO y en 2º de Bachillerato a final de este curso; por ser la primera vez no tendrán efectos académicos, pero sí condiciona el acceso a la universidad. La puesta en marcha de las reválidas es uno de los mayores ataques sufridos por la Educación. El modelo de reválidas pertenece a un modelo educativo del pasado, excluyente, segregador, elitista, que estaba configurado para que, mediante este nefasto instrumento de las reválidas, se cribara a la inmensa mayoría del alumnado. Baste recordar que en el momento de su eliminación, llevada a cabo con la reforma educativa realizada en 1970, de cada 100 alumnos que empezaban la Educación Primaria, sólo 27 lo podían hacer en Secundaria y un demoledor (por exiguo) 3% llegaba a la universidad. La LOMCE quiere, mediante dichas reválidas, recuperar ese modelo de expulsión del alumnado del sistema educativo de forma prematura.
Pero si inaceptable es que se publique en el BOE el Real Decreto de las reválidas en el último momento del mes de julio por un Gobierno en funciones, pensando erróneamente que pasaría desapercibido por encontrarnos en pleno periodo vacacional de verano, no lo es menos la manipulación realizada por el Gobierno en funciones anunciando que podría eliminar las reválidas a cambio de conseguir la investidura del candidato que está en funciones al frente del mismo. Este tipo de chantajes a la sociedad demuestra que nos gobiernan unos responsables políticos que no merecen seguir haciéndolo ni un segundo más.
Castilla-La Mancha comienza el curso escolar 2016/17 con 24.727 docentes, de los que 3.803 son interinos. Hay en total 334 más docentes que el año pasado y 810 más que en el curso inicial de la legislatura. Valoramos el incremento, pero es del todo insuficiente. Aún estamos muy lejos de las más de 6.000 plazas destruidas por Cospedal.
Así se constata en el informe elaborado por CCOO Castilla-La Mancha con los datos oficiales de la Consejería de Educación , en el que se pone de manifiesto que “el ritmo de incremento de docentes en los dos últimos años es positivo pero insuficiente”; que hay “diferencias muy notables entre Infantil y Primaria y Enseñanzas Medias” y que “el aumento de contrataciones de interinos unido a la amortización de plazas ”fijas“ o ”definitivas“ en los centros (plantillas jurídicas) provoca que las plantillas docentes en Castilla-La Mancha sigan siendo inestables. Y sin olvidar que la contratación de profesorado interino se sigue realizando en precario, ya que acaban el curso cuando los alumnos, y no cuando el resto de profesorado funcionario, como hemos denunciado.
La ratio de los alumnos es vergonzosa, permitiendo que en algunos casos haya clases de treinta alumnos en primaria, como es el caso de Valdepeñas. Lo que está claro es la necesidad de un nuevo modelo educativo que integre a todos los alumnos, y que dé una respuesta eficaz y de calidad para todos. Y eso pasa entre otras cosas por paralizar la LOMCE y por un pacto de estado sobre Educación de una vez por todas.