El presupuesto para cooperación sube en un 172% hasta llegar a los 2,7 millones
El presupuesto de la consejería de Bienestar Social sube en 35 millones, en relación a 2015, con un incremento del 5,77%. La responsable de la cartera, Aurelia Sánchez, ha anunciado al respecto que se prevé un incremento del Ingreso Mínimo de Solidaridad que se da en la región, que pasa de los 372,76 euros a 420,42 euros al mes. De este modo, el IMS pasa a situarse en la media del conjunto de las Autonomías y se dedicará un total de 8.250.000 euros, subiendo en un 10% en relación a 2015.
Estas subidas han sido calificadas por Sánchez como de “acusada sensibilidad social”, quien también ha defendido que se garantizará la atención a las personas dependientes, para quien el proyecto de presupuestos de 2016 prevé una partida de 396.000.000 euros. Con esta cantidad, el Gobierno regional asegura que es el primer año en el que se alcanza el grado “necesario” de cobertura del Sistema de Dependencia de Castilla-La Mancha“.
Por otro lado, la dirección general de Acción Social y Cooperación contará con un presupuesto de 94,7 millones de euros. Entre sus prestaciones se prevé un incremento en la partida para el programa de atención a las familias, al que se destinan 23.827.600 euros y también para las ayudas a la emergencia social que suben en un 30,95% hasta llegar a los 6.547.600 euros. La partida para la Red de Servicios Sociales Básicos prevé un total de 64.960.170 euros, y los convenios del Servicio de Ayuda a Domicilio tendrán un incremento del 7,75%, hasta situarlos en 36.361.820 euros.
La partida destinada a cooperación al desarrollo crece un 172,12% para situarse en 2.789.400 euros. De ella, el grueso se destinará a la convocatoria de subvenciones para ONGD, que se sitúa en 1.840.000 euros. Cabe destacar que entre 2008 y 2014 el recorte para esta partida fue de un 99%, tal como denunció la Coordinadora de ONG que aseguró que la cooperación se encontraba en una situación de “grave peligro”. Castilla-La Mancha encabezaba junto a Murcia los recortes. La Junta de Castilla-La Mancha también suprimió el Fondo Regional de Cooperación, el programa de Jóvenes Cooperantes, las convocatorias de programas y proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo y sensibilización.
Familias, menores, mayores y discapacidad
Aurelia Sánchez también ha defendido que se prevé un aumento del 6,38% para la dirección general de Familias y Menores, mientras que para la atención de menores se pretende dedicar 36.038.280 euros. En términos de plazas residenciales, la consejera ha destacado un incremento de 4,33%, hasta llegar a un total de 9.170.760 euros.
Para las personas con discapacidad, el presupuesto previsto es de unos 101 millones de euros, que destinará a recursos residenciales a través de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, el convenio con entidades privadas del CERMI y la convocatoria de corporaciones locales para el mantenimiento de recursos residenciales. Para las personas mayores, el presupuesto previsto es de 266.988.300 euros, que crece un 5,77% respecto al año anterior.
Dirección general de dependencia
Para la atención a las personas con dependencia, se dispondrá de una dirección general a la cual se asignará una partida de 114.791.690 euros, un 6.9% más que en 2015. Aurelia Sánchez ha recordado, eso sí, que la atención a este colectivo se desarrollará también desde el ámbito residencial de mayores y personas con discapacidad. La mayor partida es el de las ayudas económicas, que se vinculan al cuidado en el entorno familiar, de asistencia personal o de apoyo a cuidadores no profesionales. Para esto, se prevé dedicar un 6,47% más que en 2015, hasta alcanzar los 102.452.560 euros. Además, a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) está previsto dedicar 1.481.130 euros, un 48,11% de incremento respecto al año anterior.
Como conclusiones generales, Aurelia Sánchez ha subrayado que este presupuesto “frena en seco el deterioro de los servicios sociales en la región”, mediante la recuperación del gasto público, la ampliación de las coberturas del Sistema de Atención a la Dependencia, la mejora de la dotación de profesionales en la red básica de servicios sociales y el importante incremento de las coberturas de las rentas sociales (IMS y AES).
