Encerradas en el cuarto de contadores para evitar un nuevo intento de desahucio en Azuqueca de Henares

Ha vuelto a ocurrir. De nuevo en el bloque de la calle Abetos, 22 de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, una empresa que declara ser propietaria de varios pisos del inmueble ha arrancado varios contadores de la luz del edificio, tapiando el cuarto donde se encontraba esta instalación.

El objetivo, de nuevo, es el desahucio de dos mujeres y sus hijos menores que viven en el lugar. Un grupo de activistas de la Plataforma Feminista de Guadalajara, miembros del Sindicato de Inquilinas y otros colectivos se han encerrado esta tarde en el cuarto de contadores, tras arrancar la puerta que habían colocado varios individuos vinculados a empresas de 'desocupación' enviados, según el testimonio de estos colectivos, por la nueva propiedad del edificio que ha cambiado ya dos veces de manos en menos de un año.

“Esta vez sabemos que es una empresa con sede social en la Comunidad de Madrid y con actividad relacionada con la hostelería y el ocio y un capital social de 3.000 euros”, explican fuentes de la Plataforma Feminista de Guadalajara.

“No nos marcharemos de aquí hasta que los técnicos los vuelvan a colocar”, algo que estaba previsto esta misma tarde. Varios miembros de la empresa de 'desocupación' permanecen en el lugar, además de miembros de la Guardia Civil, según informa la activista y abogada María Eugenia Blanco.

“Nadie de la empresa se ha puesto en contacto conmigo. Directamente manda a los matones”, explicaba Iris, una de las vecinas afectadas a dos efectivos de la Guardia Civil personados en el lugar hace unas horas, mientras varios hombres colocaban puertas 'antiocupa', según las imágenes difundidas. “Están denunciados, me siento indefensa. Cuando os vais, vuelven”, decía Iris, una de las mujeres afectadas.

La situación se ha denunciado ante la Guardia Civil y se ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.

No es una situación nueva. Hace ahora un año ya se denunciaba, también ante los tribunales “el continuo acoso” al que se está sometido estas dos mujeres trabajadoras –con hijos de 9 y 4 años respectivamente– desde julio de 2025 “con actos intimidatorios y violentos con total impunidad y falta de humanidad”, señala María Eugenia Blanco.

La Plataforma Feminista de Guadalajara lleva prestando acompañamiento ambas desde entonces. “Nos contaron lo que les estaba pasando: son dos inquilinas del edificio a las que un buen día alguien llama a la puerta y les dice que las va a echar”. Una de ellas lleva allí viviendo once años de alquiler y la otra, cuatro.

Según explica Blanco, las viviendas que habitan ya no son propiedad de la inmobiliaria con la que originalmente firmaron un contrato de alquiler. “Empezaron pagando alquiler, claro, hasta que desaparece la propiedad [los activistas hablan de entrada en concurso de acreedores de aquella empresa] y llega un momento en que no saben a quién pagar el alquiler. A mí me llama una cosa la atención, y es que en ningún momento la actual empresa propietaria de las viviendas se dirige a ellas, no les manda un burofax diciendo: miren, ustedes están en una situación X. Nada, cero”, declaraba entonces.

La situación está exactamente igual hoy. Sigue sin haber notificaciones oficiales a las afectadas por parte de la empresa, pero con situaciones puntuales de “acoso”, como la que se viene repitiendo ahora desde septiembre y con cortes de suministro “ilegales” de agua y luz.

En junio de este año, la propia Iris regresaba de dejar a su hija en el colegio, y se encontró con varios hombres “con perfil de desokupas” dentro del portal y que le impedían el acceso a su casa.

Los hechos los confirmó a este medio la propia Iris, que vive en el primer piso del bloque: “He llegado a casa y al ver que no me dejaban entrar, he llamado a la Guardia Civil, sobre todo después de ver que estos hombres ya habían tapiado con una puerta ‘antiokupa’ la vivienda de la vecina del bajo”. Es en la que reside su otra vecina, Angustias Teresa, también en situación vulnerable, en el bajo. Se quedó en la calle con su hijo de cuatro años.

La abogada explicó entonces que la Guardia Civil pidió a los hombres apostados en la puerta que se fueran tras constatar que era el domicilio habitual de ambas vecinas. Pasado el verano se ha producido un nuevo intento.

El colectivo “se activa” cada vez que tienen noticia de acciones de estas características para intentar que dejen las viviendas. Confirma que hay un procedimiento iniciado en el juzgado denunciando su situación y que incluso se ha contactado con la comunidad de vecinos del edificio para evitar que sean expulsadas, sin resultados.