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TOLEDO

Investigan a un cazador en Orgaz por el uso de cables de acero ilegales en zona de fauna salvaje

Objetos intervenidos por la Guardia Civil en la 'Operación Orlaz'.

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Efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza de Toledo (Eprona) han investigado a una persona por la presunta comisión de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, por utilizar artes prohibidas para la caza, en el marco de la 'Operación Orlaz'.

Las investigaciones se iniciaron tras la comunicación de la existencia de varios lazos instalados en un coto de caza situado en el término municipal de Orgaz, según ha informado la Guardia Civil.

Los lazos de cable de acero localizados se encontraban dispuestos para su uso, instalados en pasos por donde habitualmente discurre la fauna salvaje. Estos lazos de cable de acero, son medios no selectivos de fauna, que además de ser “tremendamente lesivos y no selectivos”, apunta el instituto armado, “son un peligro para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, pudiendo incluso atrapar y dar muerte a especies protegidas como el lince ibérico”.

En el desarrollo de la investigación se identificó a una persona como responsable de la instalación.

Colaboración de los guardas rurales

Cabe destacar que en dicha actuación ha sido fundamental la colaboración activa prestada por los guardas rurales que desempeñan funciones de guardería en el coto de caza afectado.

Las gestiones practicadas han permitido, además de la identificación del presunto autor, la retirada del medio natural de seis medios de captura prohibidos, impidiendo su utilización y evitando los daños que la captura ilegal de especies de fauna silvestre podría haber ocasionado al ecosistema de la zona afectada.

Conforme al Código Penal la persona investigada, como presunto autor de un delito de contra la fauna, se enfrenta a una pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, así como la privación del derecho para la tenencia y porte de armas en el mismo periodo.

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