El Ayuntamiento de León privatizó la iluminación de la ciudad obviando la legislación sobre contaminación lumínica
El Ayuntamiento de León privatizó la gestión del Servicio Público Integral de Iluminación Exterior, por casi 21 millones de euros y un plazo de diez años, sin cumplir, y ni siquiera mencionar, la Ley de Prevención Lumínica de Castilla y León; que obligaba, entre otras cosas, a haber realizado un estudio ambiental, un programa de trabajo y una memoria justificativa del cumplimiento de esta norma.
Ninguna de esas obligaciones se ha ejecutado, según desvela el último informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León referente a la Fiscalización de las Actuaciones en Materia Medioambiental llevadas a cabo por los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes en la Comunidad Autónoma y realizado en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el Consejo de Cuentas autonómico, presidido por el ex alcalde de León Mario Amilivia, apunta que el Ayuntamiento de la capital de la provincia no ha efectuado ninguna medida indicada en las legislaciones de contaminación lumínica respecto a medidas relativas al alumbrado exterior. Es decir, que no hay “cumplimiento de objetivos de la Ley de Calidad del Aire” (la estatal de 2010), ni tampoco “cumplimiento de las especificaciones del Reglamento de Eficiencia Energética e Instrucciones técnicas”, ni se “garantizan los niveles de eficiencia energética”.
Aunque el informe del Consejo de Cuentas apunta también a que el Ayuntamiento de León no dispone de inventario de luminarias públicas, uno sí está incluido entre los documentos de la contratación que aprobaron tanto el anterior Gobierno del PP dirigido por Antonio Silván, como el PSOE dirigido por José Antonio Díez que le sucedió en la Alcaldía de León tras las últimas elecciones municipales.
De acuerdo con el dosier de la oficina de control de gastos autonómica, lo único que ha realizado el Ayuntamiento de León en cuestión de eficiencia energética han sido dos auditorías: una sobre el Alumbrado Vial y otra sobre el Alumbrado de Túneles y Pasos Inferiores. Las dos fechadas el 26 de septiembre de 2013, durante el mandato del popular Emilio Gutiérrez.
Adjudicación de la iluminación sin mencionar la ley que la regula
La propia ley Ley 15/2010, de 10 diciembre de Castilla y León, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación, no se menciona en ningún momento en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato del Servicio Público Integral de Iluminación Exterior del Municipio de León.
Este documento —que se puede consultar aquí, junto a todos los acuerdos e informes de una privatización que fue anulada dos veces por incumplimientos legales— lo único que menciona en el apartado titulado 'Cumplimiento de la Reglamentación' es que “la instalación, las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las modificaciones cuando corresponda, cumplirán el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y la normativa municipal”; a lo que se añade una mención al Real Decreto 208/2005 sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Tampoco hay referencia alguna a la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que en su disposición adicional cuarta se refiere a la vigilancia medioambiental en materia de luz nocturna obligando a las administraciones públicas, “en el ámbito de sus competencias”, a “promover la prevención y reducción de la contaminación lumínica”.
El Consejo de Cuentas expone también que tampoco hay referencia a que el Ayuntamiento de León efectuara medida alguna sobre el “establecimiento de niveles de iluminación en alumbrado exterior no superiores a los establecidos en la ITC-EA-02”, ni en el “cumplimiento del alumbrado vial de los requisitos mínimos de eficiencia energética de la ITC-EA-01”, ni en la “adopción del resto de instalaciones de alumbrado exterior de los requisitos de factor utilización, pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros establecidos en las IT correspondientes, ni tampoco en el ”mantenimiento de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso según la ITC-EA-04“. Es decir, ninguno de los que contempla el informe publicado este 10 de septiembre.
Ningún gasto en prevención de contaminación lumínica
Además, la oficina autonómica de control de las finanzas públicas finaliza su informe afirmando que tampoco se ha detectado “ejecución presupuestaria en materia de contaminación lumínica” en las cuentas del Ayuntamiento de León.
La privatización de las luminarias urbanas del municipio de León —propuesta por el PP de Antonio Silván y sacada adelante gracias a los votos del PSOE del actual alcalde, José Antonio Diez—, se presentó el 28 de junio de 2017 y, tras dos anulaciones consecutivas por denuncias sobre el contrato, terminó adjudicándose el 8 de marzo de este año sin cumplir, y ni siquiera contemplar, ninguna de las condiciones que exige la Ley Autonómica en la materia.
La privatización de la iluminación exterior de la ciudad, un contrato que se está ejecutando actualmente cambiando ya las luminarias, fue la más polémica dentro de la prolífica política de privatizaciones llevada a cabo bajo el gobierno de Antonio Silván. El responsable de la privatización era el concejal de Infraestructuras de entonces, el veterano José María López Benito luego imputado y dimitido a causa de su implicación en la operación 'Enredadera'.
La propuesta de privatización, alegando la necesidad de una millonaria inversión para cambiar las luminarias y la falta de fondos municipales, contó con el rechazo de Ciudadanos, socios habituales del PP, por lo que fueron los votos del PSOE los que permitieron que este contrato siguiera adelante. Podemos, a través de su grupo León Despierta, fue el partido más opositor, llevando incluso el asunto a la Fiscalía para que evaluara si había algún tipo de delito.
La Fiscalía abrió una investigación que cerró al asegurar que no había “base suficiente para el ejercicio de la acción penal” al entender que que la documentación aportada en la denuncia le llevaban a concluir que no había hechos de carácter delictivo. No obstante dejaba abierta la puerta a que la discusión de determinadas claúsulas del contrato pudieran ser objeto de disputa en el terreno de lo contencioso-administrativo.
La luz pública de la capital leonesa costará, tras la privatización, unos 175.000 euros al mes durante diez años.
