Castilla y León, única Comunidad con el PP en el Gobierno que apoya las medidas del Ministerio para municipios de más de 100.000 habitantes

Castilla y León es la única Comunidad con el PP en su gobierno, en este caso junto a Ciudadanos, que apoyado las nuevas medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad y que fija criterios homogéneos aplicables en municipios de más de 100.000 habitantes para actuar contra la COVID-19. La postura de la Junta entra dentro de lo esperado, ya que tanto el vicepresidente, Francisco Igea, como la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ambos de Ciudadanos, siempre manifestaron la necesidad de establecer umbrales sobre los que actuar. Pero es que además, el Comité de Expertos de Castilla y León ya manejaba un listado de indicadores “muy similares” a los propuestos por Sanidad, si bien la lista era mucho más amplia que la ministerial, según ha podido saber elDiario.es.

Así, en la reunión telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, el voto de Castilla y León ha estado entre los 13 favorables para aprobar las nuevas medidas para su inclusión entre las acciones que conforman la Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por la COVID-19.

Con esta actualización y ampliación de criterios y medidas adoptados por la Autoridad sanitaria estatal en el marco de sus competencias reflejadas en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se pretende reforzar, ante la complicada evolución epidemiológica registrada en las últimas semanas y el aumento continuado de la incidencia de casos, la capacidad de detección, de control de la transmisión comunitaria y del refuerzo asistencial frente a la pandemia, destaca el Gobierno de Castilla y León en un comunicado.

Las medidas suponen la adopción de estándares mínimos para el conjunto español con el objetivo de minimizar el riesgo de expansión de situaciones epidemiológicas graves entre territorios, no sólo en cada CC.AA. sino también entre comunidades.

“La asunción de estas acciones responde a la necesaria coordinación, en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, de actuaciones de control homogéneas, suficientes y efectivas que eviten que una evolución extrema de la pandemia en una zona del territorio español pueda tener efectos negativos en otro territorio”, subrayan.

“Sin perder de vista la necesaria implementación de medidas preventivas y de contención social con independencia del tamaño de las poblaciones”, el Ministerio de Sanidad ha propuesto actuaciones con especial atención para con núcleos de población importantes, por encima de los 100.000 habitantes, que se incorporan a la Declaración de actuaciones.

La propuesta ministerial expresa, como criterios generales para la toma de decisiones en esos municipios con importante peso demográfico, una incidencia de 500 casos de la COVID-19 o más por cada 100.000 habitantes; un 10% de positividad respecto al número de test PCR realizados; y un rango de ocupación UCI por encima del 35 %.

En este sentido, la consejera de Sanidad ha reiterado la necesidad de disponer de mecanismos especiales de intervención que, adoptando criterios epidemiológicos y recursos administrativos y jurídicos, faciliten asimismo una respuesta rápida y efectiva para controlar contagios en municipios por debajo de esa población. Para Casado, el documento ahora aprobado “es un texto de mínimos que queda abierto a introducir nuevos indicadores que faciliten una unidad de acción y criterios comunes”, algo que también ha recalcado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia ante la prensa tras la reunión.

Castilla y León ha trasladado al Ministerio ya sus propuestas en este sentido, basadas en las aportaciones del comité autonómico de expertos que asesora al Gobierno de la Comunidad en la gestión de la pandemia por la COVID-19.

Casado pide indicadores también para poblaciones por debajo de los 100.000 habitantes

Verónica Casado ha insistido, durante el Interterritorial, en la necesidad de contar con niveles epidemiológicos identificables, con indicadores y estándares bien definidos que permitan, para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, pasar de un nivel a otro, con las correspondientes actuaciones, cuando así sea necesario para la contención de la pandemia también en municipios con poblaciones por debajo de los 100.000 habitantes.

La nueva Declaración, con la incorporación de los nuevos criterios aprobados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, se estructura a través once medidas de control y respuesta y dos recomendaciones, con el fin de controlar la expansión de la enfermedad y reducir la presión asistencial sobre el sistema sanitario.

Entre los aspectos en los que inciden estas actuaciones coordinadas, en lo referido a la limitación del contacto social entre personas que residen en diferentes municipios, al tratarse de una medida de urgencia para romper la cadena de transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y su expansión, se pretende disminuir la probabilidad de transmisión entre zonas con distinta situación epidemiológica.

Por otra parte, sobre la reducción a seis personas de la participación en grupos sociales, salvo entre convivientes, la evidencia empírica referida al ámbito de ocurrencia de los brotes existentes señala que, en su mayoría, éstos tienen un carácter social, relacionado con reuniones familiares y amigos; en este sentido, esta medida pretende disminuir esta interacción en personas no convivientes.

La limitación de aforos en distintos ámbitos y sectores pretende garantizar un distanciamiento interpersonal en los espacios en los que se concurra, siendo esta medida una de las más eficaces para evitar la transmisión, junto con la higiene de manos y el uso de la mascarilla.

El horario de cierre de establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público forma parte también de las medidas preventivas de contención incorporadas a las actuaciones coordinadas y persigue reducir el riesgo de transmisión, evitando o limitando la posibilidad de contagio en contextos y situaciones sociales que han demostrado ser importantes focos de transmisión.

La nueva redacción de la Declaración valora como “indispensables”, para afrontar la actual situación de urgencia, las capacidades para la detección precoz y del control de la enfermedad, así como las asistenciales en el ámbito de la atención sanitaria.

Para ello, estas capacidades implementan una estructura sólida que dé respuesta a escenarios de mayor transmisión, capaz de intervenir precozmente ante casos y sus contactos, desde la coordinación entre los diferentes sectores y que garantice recursos humanos sanitarios y sociales junto a otros dispositivos, hoteleros o de estancia, para personas que no dispongan de medios materiales válidos, proporcionando una respuesta adecuada que contribuya al control de la transmisión pandémica.

“Se trata de mantener un control suficiente de la transmisión del SARS-CoV-2 en el conjunto del territorio nacional que evite la necesidad de adoptar restricciones de mayor impacto, con el consiguiente efecto negativo en la sociedad y la economía del país”, concluye la Junta de Castilla y León, en el que no se hace una solo valoración sobre el voto en contra de la Comunidad de Madrid después de anunciar un acuerdo 24 horas antes.