La opacidad de las cámaras de Comercio de Castilla y León: sólo la de Zamora cumple con el Comisionado de Transparencia
Las cámaras de comercio de Castilla y León, a excepción de la de Zamora, no colaboran con el Comisionado de Transparencia, dependiente del Procurador del Común. El Comisionado deja claro en su memoria de 2018 que sólo la institución cameral zamorana ha remitido el cuestionario de autoevaluación acerca del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de acceso a la información pública que se requirió.
“Es complicado encontrar disculpas válidas”
El Comisionado recuerda que, de la normativa de Transparencia, el deber de colaboración con el Comisionado es el que precisamente “no exige especiales recursos técnicos ni económicos para abordar su cumplimiento” ya que sólo se requiere “voluntad” de los órganos rectores de la administración o entidad afectada “y un nivel mínimo de diligencia”. “Sigue siendo complicado encontrar disculpas válidas para el incumplimiento de este deber, que por lo demás puede ser un índice revelador de la actitud de algunas instituciones ante la legislación de transparencia ”, apunta la memoria.
¿Cómo reaccionaron las cámaras al requerimiento? La Cámara de Soria contestó con “una mera remisión a su página web”. Tal y como ha podido comprobar eldiario.es, esta institución cameral es de las pocas que publica buena parte de la información requerida por la ley: presupuestos, auditorías y resoluciones de las mismas por parte de la administración tutelante, en este caso la Junta de Castilla y León, aunque no se ha podido localizar las retribuciones de los directivos y toda la información está en un bloque, no hay portal de Transparencia.
“No han contestado a nuestra petición ni el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León, ni las Cámaras de Comercio e Industria de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, y Valladolid”, lamenta este órgano de control.
Que la Cámara de Ávila no contestase es comprensible, ya que su Pleno dimitió en diciembre de 2018. En este momento la Cámara abulense no está funcionando, carece de trabajadores y acumula una deuda que mantiene hipotecada y al borde del embargo la que fue su sede.
Eldiario.es ha revisado los portales de transparencia de las cámaras de la Comunidad. La mayoría de ellos cuentan con claras omisiones. La Cámara de Burgos, aunque aporta bastante información económica, no incluye la referente a las subvenciones recibidas. Sobre las retribuciones de sus directivos da cifras globales en bruto.
En cuanto a la Cámara de León, no informa sobre las retribuciones de sus directivos, ni sobre las subvenciones recibidas, aunque sí publica todos sus informes de auditoría desde 2015. La Cámara de Palencia, por su parte, incluye en su portal todas las auditorías hasta 2018, el sueldo bruto de la alta dirección, especificando que corresponde únicamente al secretario general, así como las subvenciones recibidas.
La Cámara de Salamanca sólo ha colgado una autoría, la de 2017, un único presupuesto, también el de 2017 y las retribuciones del secretario general en 2018. Es imposible conocer las previsiones y los resultados económicos del pasado ejercicio. En cuanto a los convenios y subvenciones, aporta un cuadro en formato pdf, prácticamente ilegible.
La Cámara de Segovia no tiene la auditoría del pasado ejercicio contable y tampoco aparecen las ayudas públicas recibidas. En cuanto a la Cámara de Valladolid, de cuya situación ha informado ampliamente este diario, cuenta con todas las auditorías, la de 2018 se incluyó hace unos días, con un bruto global de retribuciones de la alta dirección que no cuadra con un documento obtenido por este diario, y un cuadro de subvenciones de 2017 que es de difícil lectura.
Para el Comisionado “en términos generales, el cumplimiento del deber de colaboración que impone el art. 14 LTPCyL no es una prioridad de las administraciones y entidades públicas” de Castilla y León, “puesto que solo han prestado su colaboración a la elaboración y redacción de esta Memoria el 55 % de los sujetos requeridos (uno de cada dos)”.